La Audiencia de Palma ha dictado una sentencia condenatoria contra el propietario de una oficina de desokupación y a dos de sus empleados, porque estuvieron acosando a una pareja que había entrado en una vivienda de forma ilegal y no quería abandonarla.

Por las amenazas ha sido declarado culpable un empleado de esta empresa, que tendrá que abonar una multa que suma 480 euros. Este mismo individuo, junto al dueño de la empresa de desokupación y de otro compañero del trabajo, también ha sido declarado culpable de un delito leve de coacciones en grado de tentativa, ya que no se consiguió la expulsión de los dos moradores. Por este delito leve se ha impuesto una sanción económica que suma 180 euros.

Según explica la sentencia judicial -y recoge Diario de Mallorca- el propietario de esta empresa y dos de sus empleados iniciaron una negociación con los dos okupas. Les intentaron convencer de que se marcharan y a cambio no se iniciaría ninguna actuación legal contra ellos. No era ni siquiera necesario que se marcharan de inmediato, sino que les daban un plazo de quince días para que se fueran. Los tres acusados llegaron a desplazarse hasta en tres ocasiones al piso para negociar esta oferta y, al mismo tiempo, estuvieron llamando por teléfono varias veces a los dos okupas.

Aunque en ningún momento llegaron a utilizar la violencia, los dos okupas se sintieron coaccionados ante la amenaza que les lanzaron estos individuos. Su reacción fue acudir a las autoridades para denunciar este episodio. La justicia les ha dado la razón a estos dos moradores y ha condenado al personal que se dedica a expulsar a estas personas que entran en una casa y se niegan a abandonarla. Los dos jóvenes siguen viviendo en este piso.