El objetivo prioritario de la trama criminal desarticulada por la Policía en Murcia y que regularizaba a inmigrantes ilegales con denuncias falsas de violencia de género -de esas que no existen, como dijo en su día Íñigo Errejón-  era permitir a mujeres extranjeras en situación ilegal obtuvieran la residencia por «circunstancias excepcionales» y las ayudas asociadas, todo ello mediante un montaje perfectamente orquestado y a cambio de varios miles de euros, recoge Rubén Pulido, en La Gaceta. 

Los miembros de la trama ofrecían un «paquete completo» a sus clientas; desde la captación de un varón que interpretaba el papel de agresor, a la localización de testigos falsos, traductores para las declaraciones policiales y hasta el guion detallado de la supuesta agresión. El precio que pagaba la «víctima» oscilaba entre 8.000 y 9.000 euros. El supuesto agresor, por su parte, recibía una contraprestación económica de la organización.

El 'modus operandi' era el siguiente:las supuestas parejas apenas mantenían una relación sentimental de escasa duración -a veces de sólo días- y nunca convivían ni existía constancia de empadronamiento conjunto. La agresión se escenificaba en vía pública, a plena luz del día, con zarandeos o empujones de baja intensidad que nunca revestían gravedad. Inmediatamente después, un ciudadano o un miembro de la propia organización alertaba a la Policía. Una vez en comisaría, la «víctima» recibía el apoyo protocolario previsto para los casos de violencia. Orden de protección, asistencia jurídica y el inicio del expediente para la autorización de residencia por razones humanitarias.

Lo más llamativo es que las denuncias presentaban denominadores comunes que terminaron por alertar a los investigadores: lesiones de carácter leve (nunca constitutivas de delito grave), ausencia total de antecedentes de convivencia o control conjunto, y un patrón repetitivo en el tiempo. Muchas de las mujeres implicadas habían llegado a España de forma clandestina, incluso en patera, y veían en este “servicio” la vía más rápida y sencilla para regularizar su situación y acceder a prestaciones económicas.

Destaca Pulido que "la profesionalidad con la que se montaban los escenarios -incluso con la presencia de testigos y la rápida activación del protocolo- dificultaba enormemente la labor policial para distinguir lo verdadero de lo fabricado. Fuentes de la Policía Nacional consultadas por este diario advierten que tramas similares podrían estar operando en otras provincias.

¿Y si no se hubiera destapado la trama y, por tanto, no se hubieran descubierto esas denuncias falsas? ¿Se les habría aplicado a los presuntos agresores la ley, tal como se aplica al resto de hombres que incurren en tales denuncias? O, simplemente, se aferrarían al manido argumento de que las denuncias falsas no existen?...