La Comisión Familia y Vida de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) alertó de que el proyecto de Ley Integral de las Personas Trans (LIPT) está creando un “proceso deconstructivo” de la sociedad. El proyecto LIPT, presentado en mayo de 2017, define la identidad de género como “la vivencia interna e individual del género según la siente y autodetermina cada persona, sin que deba ser definida por terceros”. La comisión de la CEU indicó que es necesario “buscar remedios” contra la discriminación de estas personas, pero “ese justo empeño se ve desfigurado por quienes quieren imponer la ‘ideología de género’ y no toleran otras concepciones de la sexualidad, del matrimonio y de la familia, en particular la visión judeo-cristiana de la que somos dichosos herederos”, publicó Aciprensa.

Y es que la ideología de género, promovida por diversos países y organismos internacionales en la educación de niños y jóvenes, es una corriente que considera que el sexo no es una realidad biológica sino una construcción sociocultural. Es decir, que cada uno puede elegir su sexo con independencia de su biología. Y tiene un trasfondo marxista. Según el politólogo y escritor, Nicolás Márquez, "al quedarse sin clientes y sin el obrero para hacer una revolución, advirtió que necesitaba “nuevos agentes de conflicto, gente insatisfecha consigo misma, desorientada, como caldo de cultivo para su causa”, recogió Aciprensa.

Todo lo cual atenta contra la ley natural, pues todo el mundo sabe con la sola razón que se nace hombre o mujer y nadie nos pidió permiso para ello, como tampoco para nacer.

Al igual que atenta contra la ley natural el aborto, pues todo el mundo puede saber con su sola razón que matar a un niño en el vientre de su madre es un asesinato. Y la ley natural pide que ese niño siga viviendo.  

Por ello, cerca de 400 mil colombianos salieron a las calles en 53 ciudades para participar en la XII Marcha Nacional por la Vida, con la finalidad de exigir respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. La plataforma ‘Unidos por la Vida Colombia’, organizadora del evento, sostuvo en su Declaración Final que uno de los objetivos principales de la marcha fue la anulación de las sentencias de la Corte Constitucional que violan el derecho a la vida con el aborto. Otras de las sentencias de la Corte Constitucional que pidieron anular fueron la C-239 de 2007 y T-970 de 2014 que despenaliza la eutanasia en adultos, y la sentencia T-544 de 2017 que ordena la eutanasia infantil, así como la reglamentación emitida por el Ministerio de Salud, recuerda Aciprensa.

Igualmente, 800 mil personas salieron a las calles de Lima (Perú) para participar de la Marcha por la Vida 2018 con la finalidad de celebrar el derecho a la vida y defenderla desde la concepción hasta su fin natural. En Perú, el derecho a la vida desde la concepción es protegido por la Constitución, el Código Civil, el Código de los Niños y Adolescentes y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cada año, el 25 de marzo, se celebra el Día del Niño por Nacer, publicó Aciprensa.

En ese sentido, el presidente del Congreso peruano, Luis Galarreta, afirmó que él y otros políticos que defienden la vida pelearan en contra de la despenalización del aborto. «Democráticamente pelearemos para que eso (el aborto) jamás suceda en el país. El Perú es un baluarte en la región americana y un modelo hasta en Europa porque ha mostrado una fortaleza, en ese sentido. Y mientras aquí estemos algunos, daremos la batalla para que eso no se dé», indicó. «El pueblo peruano, mayoritariamente, está a favor de defender estos principios (a favor de la vida) y hay que hacerlo sin temor, ni vergüenza”, manifestó el titular del Congreso, según Infocatólica.

Donde no hay democracia es en Cuba. Por eso, la Internacional Demócrata de Centro (IDC) exigió al Gobierno de Cuba garantizar la integridad de las 10 mil personas que firmaron a favor de la libertad de Eduardo Cardet, Coordinador Nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), preso desde noviembre de 2016 por criticar al régimen comunista. La IDC recordó que el 5 de abril Rosa María Rodríguez, coordinadora del MCL en La Habana, y su esposo Alejandro Flebes fueron detenidos por la policía política cuando se dirigían al Consejo de Estado para presentar 10 mil firmas que demandan la liberación de Cardet, recoge Aciprensa.

Porque en Cuba sigue existiendo una dictadura comunista, como se vio recientemente cuando al menos 24 mujeres pertenecientes al movimiento Damas de Blanco fueron detenidas en el marco de su campaña #TodosMarchamos, que reclama la liberación de presos políticos. Según una de las integrantes del grupo, "fueron obligadas a permanecer más de dos horas en una patrulla bajo el sol, según informa 'Diario de Cuba'. Y añadió que “tuvieron que orinarse en la patrulla porque no les permitieron bajarse ni quisieron llevarlas a ningún lado" y que fueron "multadas con 150 pesos por violar, según ellos, el dispositivo de seguridad".

En México, el candidato favorito para ganar la presidencia, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, dijo que está abierto a que organismos internacionales intervengan para solucionar la ola de violencia en la que se encuentra sumido el país. En medio de una lucha sin cuartel, más de 160.000 personas han sido asesinadas desde que hace 12 años el Ejército mexicano salió a las calles para combatir a las bandas del crimen organizado. Sólo en el 2017 se registraron casi 30.000 muertos, lo que marcó el año más violento desde que se llevan registros. “Se invitará al Papa Francisco, al secretario general de la ONU, António Guterres, representantes de organismos internacionales (...) para que, con especialistas nacionales, con las víctimas y familiares de las víctimas se elabore un plan conjunto para conseguir la paz en el país”, dijo López Obrador, recoge Reuters.

Y en Panamá, el presidente Juan Carlos Varela dijo que iniciará consultas para reformar la Constitución del país centroamericano, cuando falta justo un año para las próximas elecciones generales, según confirmó la autoridad electoral. Varela informó que la próxima semana comenzará un proceso de consultas con miras a hacer reformas constitucionales, y agregó que tales modificaciones podrían hacerse a través de una Asamblea Constituyente que sería elegida durante los comicios del 5 de mayo del 2019, publicó Reuters.

En el ámbito económico, la española Telefónica y el Gobierno de México han puesto fin al procedimiento de arbitraje que les enfrentaba desde hace más de seis años y por el que la compañía de telecomunicaciones reclamaba el pago de compensaciones estimadas en el sector por 1.017 millones de dólares. Según ha podido saber elEconomista, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) informó el pasado 20 de febrero a las dos partes en conflicto sobre el fin del procedimiento de mediación ante el acuerdo logrado entre Telefónica y México.