Marisu Montero, nueva vicepresidenta primera del Gobierno, y ministra de Hacienda y Función Pública, miente tan bien como Sánchez / Foto: Pablo Moreno
La ley de amnistía a los delincuentes golpistas y a su entorno independentista -norma que se encuentra actualmente en tramitación en el Senado, donde será rechazada y devuelta sin aprobar al Congreso, cámara en la que será definitivamente aprobada por el Sanchismo-, viene enrareciendo el clima político en España. Un asunto, el de la amnistía, al que se le puede sumar también el caso de corrupción en el seno del Sanchismo -el denominado caso Koldo- con sus ramificaciones en torno a la mujer de Pedro Sánchez (Begoña Gómez), por sus relaciones comerciales y profesionales que presuntamente se habrían visto favorecidas por actuaciones del Gobierno que preside su marido.
Baste hacer una recopilación de las querellas y protestas que se han venido sucediendo en este contexto.
Así, por ejemplo, la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A) anunció ayer que presentó ante el Tribunal Supremo sendas querellas contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero y otra contra el Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz por la presunta comisión de dos "flagrantes delitos de revelación y violación de secreto". Y lo explican: "El 12 de marzo la vicepresidenta y ministra de Hacienda filtró y utilizó, para fines partidistas, datos fiscales de un ciudadano particular: Alberto González, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sólo dos días después, el 14 de marzo, fue la Fiscalía la que siguiendo las instrucciones del Fiscal General del Estado, en una actuación calificada de insólita y gravísima por la inmensa mayoría de la comunidad jurídica, quebró su deber de confidencialidad y reveló el contenido de las comunicaciones del letrado de Alberto González. Con esta actuación comprometió el derecho de defensa y la neutralidad e independencia del Ministerio Público, que se ve convertido en un mero apéndice del Poder Ejecutivo”.
NOTA DE PRENSA
— Foro Libertad y Alternativa L&A (@forolibertadal) March 25, 2024
• EL FORO LIBERTAD Y ALTERNATIVA (L&A) HA PRESENTADO HOY, EN EL TRIBUNAL SUPREMO, DOS QUERELLAS, UNA CONTRA DÑA. Ma JESÚS MONTERO, VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE HACIENDA, Y OTRA CONTRA EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y LA FISCAL JEFE DE MADRID.
Por las mismas razones, el pasado 18 de marzo, el Colegio de Abogados de Madrid presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción competente contra el Ministerio Fiscal por la nota de prensa oficial difundida recogiendo datos concretos de comunicaciones de un letrado en el marco de un proceso de conformidad en curso. Se refería el Colegio de Madrid a las filtraciones del procedimiento judicial que afectan al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
🔴Declaración Institucional de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid tras el comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid revelando comunicaciones con un abogado.
— Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (@icam_es) March 18, 2024
🗣️@eugenioribon: "Ante este suceso la J.Gse ha reunido para tomar las acciones… pic.twitter.com/dUud0xPVhn
Por otra parte, y en el marco de la tramitación de ley de amnistía, el pasado 13 de marzo, la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura, el Foro Judicial Independiente, Asociación de Abogados del Estado, Inspectores de Hacienda del Estado, Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Asociación de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y Asociación Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, como representantes de cuerpos de funcionarios del Estado y la Administración Local, jueces y fiscales, y profesionales del derecho, firmaron un manifiesto en el que comunicaron "la creación de un comité de coordinación con el propósito de trasladar a la sociedad civil nacional e internacional la importancia de los valores constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y separación de poderes, así como la independencia de los cuerpos profesionales, como muestra de nuestro compromiso en la defensa del Estado social y democrático de Derecho". Se referían así a su oposición a la ley de amnistía, que supone una vulneración de todo eso que destacaban en su nota de prensa.
Ayer mismo, los inspectores de Hacienda del Estado alertaban sobre una hipotética independencia fiscal de Cataluña: “Nos preocupa que nadie a nivel oficial salga diciendo: esto es una barbaridad y no se va a llevar a cabo”.
Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pidió el pasado 1 de marzo la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidiese procesar al prófugo Carles Puigdemont por terrorismo, desautorizando así la postura contraria de la fiscal Ángeles Sánchez Conde, la número dos de García Ortiz.