Como informó Hispanidad, tras la citación del juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez para declarar como investigada el próximo 5 de julio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez arremetió contra el magistrado en una nueva y cursi epístola: "Esta decisión se anuncia solo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones". 

Cabe recordar que tras el ataque masivo del Gobierno al juez Peinado, los jueces de la Asociación Francisco de Vitoria y del Foro Judicial Independiente defendieron a su colega Peinado y replicaron a Sánchez que los tiempos de la justicia no los marca la política -y mucho menos los políticos-, al mismo tiempo que defendían la separación de poderes frente a las insinuaciones de que el juez del caso Begoña interfiere en la campaña electoral. 

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Mientras que el pasado 7 de junio, Voz Populi informaba de que los siete vocales de la Comisión Permanente del CGPJ han acordado de forma unánime -es decir, tanto los conservadores como los progresistas- defender al juez Peinado el próximo lunes, tras la celebración de las elecciones europeas. 

Pues bien: hoy lunes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el siguiente comunicado: “La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, tras las manifestaciones contenidas en la carta del Presidente del Gobierno en las que se hace una valoración política de actuaciones de un juez de instrucción, manifiesta lo siguiente:

Una vez más, y en el ejercicio de sus funciones constitucionales de defensa y amparo de la independencia judicial, se ve en la necesidad de recordar que las resoluciones judiciales, si bien están sujetas a la crítica  moderada y racional de quienes discrepen de ellas y a su impugnación por quienes estén legitimados para recurrirlas a través de los cauces legalmente establecidos, merecen el máximo respeto de todos y, de manera especialmente cualificada, por quienes están al frente de las instituciones, sin excepción alguna.

Por ello, hacemos un nuevo llamamiento a la contención y a la evitación de cualquier clase de juicio de intenciones que solo contribuye al deterioro de las instituciones y, en definitiva, de la democracia constitucional de la que la independencia judicial es uno de sus pilares fundamentales.

Los jueces, y el CGPJ así lo avalará, deben tener la seguridad de que pueden desarrollar su potestad jurisdiccional con plenitud, en cualquier momento, circunstancia o situación, de acuerdo con las previsiones constitucionales.

Por ello, los ciudadanos españoles pueden tener la confianza de que sus jueces y juezas garantizarán en todo caso sus derechos con sujeción a la Constitución y al resto de su ordenamiento jurídico”.

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