Sr. Director:
En tu insensata carrera de disparates, recientemente, sin consultar a nadie, has insinuado que el Gobierno concederá los indultos a los doce líderes independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo en octubre de 2019 por el delito de sedición, pretextando que la Constitución fomenta una serie de valores como la concordia, el entendimiento, la convivencia, y no la venganza o la revancha, que el Ejecutivo atenderá a la hora de tomar su decisión.
Aquí no se trata de escoger entre la playa o la montaña, el blanco o el tinto, el fútbol o los toros, la velocidad o el tocino, el diluvio o tú, sino entre el Estado de Derecho o el excremento que queréis defecar tú y tus aliados entre los que se cuentan los que intentas indultar y sus amigos.
Cuando la vileza te deje un momento libre me comunicas en qué parte de nuestra vigente Constitución se contemplan los valores que invocas, de imposible manipulación para satisfacer tus espurios intereses en consonancia con cuanto proclama el texto constitucional de que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia...”, y que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles....”
De tus desafortunadas declaraciones se infiere que sientes verdadera aversión por la ley y los tribunales de justicia, que te sobra el Estado de Derecho, que pretendes abolir todas esas herramientas fascistas y sustituirlas por las marxistas que te inspiran auténtica devoción, para lo que buscas los aliados más idóneos y experimentados que te auxilien en la detestable empresa de destrozar España.
El Tribunal Supremo, de acuerdo con el Artículo 11 de la vigente Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, ha informado negativamente la concesión de cualquier forma de indulto porque no aprecia razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia ni síntomas de arrepentimiento en los condenados que, al contrario, se han mostrado orgullosos de su delito manifestando estar dispuestos a repetirlo.
La misma instancia judicial afirma que las razones invocadas para dar apoyo a la extinción total o parcial de la pena impuesta pierden cualquier justificación "cuando se presentan como presos políticos que han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente la orden constitucional, a tumbar el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en definitiva, a imponer la propia conciencia ante las convicciones del resto de sus conciudadanos".
Tampoco procede el indulto por lo dispuesto en el Artículo 15 de la precitada Ley de 18 de junio de 1870, que dispone como requisito para su concesión que “no cause perjuicio a tercera persona, o no lastime sus derechos, que haya sido oída la parte ofendida, cuando el delito por que hubiese sido condenado el reo fuere de los que solamente se persiguen a instancia de parte, pudiendo imponerse al penado en la concesión de la gracia las demás condiciones que la justicia, la equidad o la utilidad pública aconsejen”. Es evidente que el indulto que pretendes ofende a España entera.
El Artículo 62.i) de nuestra Constitución proclama que “corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”. Sería inadmisible que tu chulería intentase influir al respecto sobre la decisión real, cristalinamente expresada en su discurso del 3 de octubre de 2017 sobre el referéndum catalán de autodeterminación ilegal del 1 de octubre anterior.
Tu demencial proyecto contradice a tu ministra de Defensa, Margarita Robles que, en 2012 siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial, suscribió un manifiesto titulado “El indulto como fraude”, en defensa de la independencia judicial y su dignidad, en el que estamparon su firma 200 jueces de toda España, en el que decían: "El Derecho Penal constituye el recurso más extremo de los Estados para asegurar el cumplimiento de sus leyes. En los estados constitucionales, la legitimidad para establecer sus presupuestos sólo puede recaer en el órgano que representa la soberanía popular: el Parlamento. Y la legitimidad para aplicarlas corresponde con exclusividad al Poder Judicial, el cual, además, no puede dejar de imponerlas si en el marco de un proceso equitativo quedan acreditados sus presupuestos", afirmación que sigue plenamente vigente y es aplicable a los independentistas en cuestión.
Es obvio que remas contra corriente y contra toda lógica, que tus pretensiones se oponen diametralmente al imperativo constitucional y a cuantos requisitos legales se opongan a tu voluntad, constituyendo una afrenta gratuita a los españoles que, respetuosos con la Historia y con la ley, queremos una España unida, y al Poder Judicial cuyo informe, aunque no vinculante, es contrario a la concesión del indulto, tiene todas las posibilidades de que te lo pases por el arco de triunfo, si bien parece aconsejable no añadir más motivos de enojo al ánimo de los componentes del Poder Judicial y de los españoles.
Sánchez, mira bien lo que haces, España quiere dormir en paz sin enemigos que turben su sueño.
