¿Cuándo visitará Felipe VI la ciudad después de la gravísima crisis fronteriza de los días 30 y 31 de julio?
Sr. Director:
Hay veces en que un asunto aparentemente menor termina levantando la alfombra y dejando al descubierto un problema mucho mayor.
Eso está ocurriendo con Ceuta.
La pregunta inicial parecía sencilla:
¿Cuándo visitará Felipe VI la ciudad después de la gravísima crisis fronteriza de los días 30 y 31 de julio?
Pero inmediatamente apareció otra:
¿Quiere ir el Rey y el Gobierno se lo impide?
Después otra:
¿Necesita el jefe del Estado permiso del Gobierno para desplazarse a una parte del territorio español?
Y, tirando de ese hilo, hemos terminado llegando a una cuestión mucho más incómoda:
¿QUÉ SIGNIFICA REALMENTE SER REY DE ESPAÑA?
Porque Felipe VI es, según la Constitución, jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones y titular del mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Pero cuando llega el momento de preguntar qué puede hacer realmente aparecen, una tras otra, las palabras mágicas:
refrendo;
costumbre;
neutralidad;
práctica constitucional;
coordinación institucional.
Y aquel jefe del Estado descrito solemnemente por la Constitución empieza a parecer alguien que debe preguntar a cada momento:
¿Puedo?
Algo no encaja.
MANOS LIMPIAS PREGUNTA
Manos Limpias ha decidido llevar el asunto directamente a la Casa Real.
El 22 de agosto presentó un requerimiento formal para conocer qué ocurrió después de los acontecimientos de Ceuta.
El escrito afirma que la crisis de los días 30 y 31 de julio puso en peligro la soberanía nacional y alteró gravemente la convivencia y la paz social de la ciudad autónoma.
Y formula tres preguntas muy concretas.
Primera: si la Casa del Rey trasladó al Gobierno, o a alguno de sus miembros, la voluntad de Felipe VI de desplazarse a Ceuta.
Segunda: si el Gobierno contestó a esa propuesta y, en caso afirmativo, en qué términos.
Tercera: si desde el Gobierno se pidió a Felipe VI que se pusiera en contacto con Mohamed VI para agradecerle su intervención en los acontecimientos.
Tres preguntas.
Tres respuestas deberían bastar.
Sí.
No.
Y, cuando proceda, una explicación.
LA LLAMADA A MOHAMED VI
Sabemos, además, algo que convierte la tercera pregunta en particularmente relevante.
El Gobierno sondeó a la Casa Real acerca de una posible llamada de Felipe VI a Mohamed VI relacionada con la crisis de Ceuta. Entre las razones planteadas figuraba agradecer la colaboración posterior de Marruecos.
La llamada no llegó a producirse.
La Zarzuela consideró que podía interpretarse de manera equivocada.
Conviene detenerse aquí.
No está acreditada, al menos por ahora, la supuesta «brutal bronca» entre Felipe VI y Pedro Sánchez que circula por las redes.
Por tanto, no la daremos por cierta.
No hace ninguna falta.
Los hechos conocidos ya plantean una cuestión suficientemente interesante:
desde el Gobierno se planteó una llamada y la Casa Real no consideró oportuno realizarla.
Es decir:
el Rey puede decir que no.
Conviene recordarlo.
Porque tendrá importancia unas líneas más adelante.
¿Y CEUTA?
Mientras tanto, Felipe VI no ha visitado Ceuta.
Y entonces aparece la pregunta del millón:
¿por qué?
Si el Rey no quiere ir, dígase.
Si quiere ir pero considera que todavía no es oportuno, dígase.
Si existen razones de seguridad, explíquense.
Pero si Felipe VI quiere desplazarse a Ceuta y el Gobierno se lo impide, entonces aparece una pregunta completamente diferente:
¿CON QUÉ AUTORIDAD?
No políticamente.
No protocolariamente.
Jurídicamente.
¿Qué artículo de la Constitución permite al Gobierno prohibir al jefe del Estado desplazarse por territorio español?
¿Dónde está escrito?
CEUTA ES ESPAÑA
Quizá convenga recordar lo evidente.
Ceuta es España.
No estamos hablando de una visita oficial a Rabat.
No estamos discutiendo si Felipe VI puede presentarse sin invitación ante Mohamed VI.
Estamos hablando de que el Rey de España vaya a una ciudad española.
Y no a cualquier ciudad en cualquier momento.
A una ciudad cuya españolidad cuestiona Marruecos y que acaba de sufrir una gravísima crisis fronteriza procedente precisamente de territorio marroquí.
Si Felipe VI es constitucionalmente símbolo de la unidad y permanencia del Estado, resulta difícil imaginar un lugar donde su presencia tenga ahora mayor significado.
El mensaje sería sencillísimo:
Ceuta es España.
Y otro:
los ceutíes no están solos.
EL PALABRO COMODÍN: «REFRENDO»
Aquí aparece inmediatamente la respuesta habitual:
refrendo.
Los artículos 56.3 y 64 de la Constitución regulan el refrendo de los actos del Rey.
Perfecto.
Pero no utilicemos la palabra como ungüento amarillo constitucional.
El refrendo significa algo concreto.
No puede significar todo.
Porque si alguien afirma:
—El Rey no puede ir a Ceuta sin refrendo.
Hay que preguntar:
¿refrendo de qué?
¿De viajar?
¿De subir a un avión?
¿De aterrizar?
¿De pasear por Ceuta?
¿De saludar a sus habitantes?
¿De escuchar a los ceutíes?
¿De aparecer físicamente en una parte de España?
Repetir nuevamente «refrendo» no contesta ninguna de esas preguntas.
LA PRUEBA DEL ALGODÓN DE ARISTÓTELES
Apliquemos algo bastante más antiguo que la Constitución de 1978:
el principio de no contradicción.
Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido.
Si Felipe VI es jefe del Estado, es jefe del Estado.
Si simboliza su unidad y permanencia, simboliza su unidad y permanencia.
Si arbitra, arbitra.
Si modera, modera.
Si propone un candidato, propone.
Las palabras tienen que significar algo.
Porque si «propone» significa transmitir mecánicamente el nombre que otros han decidido; «arbitra», que no puede arbitrar; «modera», que no puede moderar; «mando supremo», que no puede mandar nada; y «jefe del Estado», que necesita permiso para visitar una ciudad española, tendremos que reconocer que hemos construido una Constitución en la que las palabras significan una cosa cuando se pronuncian y otra cuando llega el momento de aplicarlas.
¿Y SI FELIPE VI DICE: «VOY»?
Llevemos la cuestión hasta el final.
Felipe VI comunica:
«Mañana voy a Ceuta».
El Gobierno responde:
«No está autorizado».
¿Y ahora qué?
¿Cómo se ejecuta semejante prohibición?
¿Se cierran las puertas de la Zarzuela?
¿Se somete al Rey a arresto domiciliario?
¿Se impide despegar al avión?
¿Se bloquea el barco?
¿Se detiene el automóvil?
¿Se ordena a la Policía que impida al jefe del Estado entrar en una ciudad española?
Naturalmente, la imagen resulta absurda.
Precisamente por eso resulta útil.
La reducción al absurdo obliga a explicar qué significa realmente eso de que el Gobierno «autoriza» al Rey.
Coordinar una visita oficial es una cosa.
Organizar la seguridad, otra.
Refrendar determinados actos constitucionales, otra.
Considerar políticamente inconveniente una fecha, otra.
Pero prohibir al Rey desplazarse por España es algo completamente diferente.
Y quien sostenga que el Gobierno posee esa potestad debería señalar dónde está escrita.
MANOS LIMPIAS PROPONE LA PRUEBA DEFINITIVA
Y aquí se ha producido una novedad extraordinariamente interesante.
El 23 de agosto, apenas un día después del primer requerimiento, Manos Limpias ha enviado una nueva carta directamente a Felipe VI, a través de la Jefatura de la Casa del Rey.
Su asunto no admite interpretaciones:
«Petición de visita urgente de carácter privado a la Ciudad Autónoma de Ceuta».
La organización manifiesta su desconcierto ante la ausencia del Rey y advierte de que esa ausencia perjudica notoriamente a la propia institución monárquica.
Considera que, después de lo sucedido, la presencia del jefe del Estado resulta necesaria para reafirmar los vínculos indisolubles entre Ceuta y el resto de España.
Y entonces propone algo de una sencillez aplastante:
si una visita oficial encuentra obstáculos, vaya privadamente.
MAJESTAD: VAYA COMO PARTICULAR
Manos Limpias admite en su carta que una visita oficial plantea cuestiones relacionadas con el artículo 64.
Pero inmediatamente propone sortear el problema:
que Felipe VI se desplace a Ceuta «con carácter estrictamente privado y personal».
Sin visita de Estado.
Sin recepción solemne.
Sin ceremonia.
Sin discursos oficiales.
Sin necesidad de discutir eternamente sobre el refrendo.
Felipe de Borbón, ciudadano español, viaja a Ceuta.
La propia carta sostiene que así los ceutíes podrían sentir la cercanía de su Rey «sin las rigideces ni los posibles impedimentos que la vía oficial pudiera presentar».
Y añade que bastaría su sola presencia en las calles de Ceuta, aun sin actos de Estado, para transmitir un poderoso mensaje de unidad.
Más sencillo, imposible.
¿QUIÉN SE LO IMPIDE AHORA?
Aquí cambia radicalmente la pregunta.
Hasta ahora podíamos decir:
«El Gobierno no deja ir al Rey».
Bien.
Manos Limpias acaba de proponer que vaya privadamente.
Entonces:
¿quién se lo impide?
Si existe una norma que prohíbe al Rey realizar un viaje privado a Ceuta, que se cite.
Si el Gobierno dispone de alguna potestad para impedirlo, que se explique.
Pero si no existe semejante prohibición, entonces debemos introducir una pregunta que quizá resulte todavía más incómoda:
¿NO PUEDE IR O NO QUIERE IR?
Porque no es lo mismo.
Y atribuir automáticamente a Sánchez cualquier inacción de Felipe VI terminaría teniendo una consecuencia paradójica:
exonerar al propio Felipe VI de aquello que él decide.
EL REY YA HA DEMOSTRADO QUE PUEDE DECIR «NO»
Recordemos ahora la llamada a Mohamed VI.
Desde el Gobierno se planteó.
La Casa Real no la consideró oportuna.
Y la llamada no se realizó.
Por tanto, ya tenemos un precedente inmediato:
la Zarzuela puede rechazar una iniciativa gubernamental.
Entonces la pregunta surge sola:
si Felipe VI pudo decir «no» a la llamada a Mohamed VI, ¿por qué no puede decir «sí» a Ceuta?
No hace falta ninguna supuesta bronca.
No hace falta imaginar conversaciones.
No hace falta inventar nada.
Bastan los hechos conocidos.
EL DAÑO A LA CORONA
La nueva carta de Manos Limpias contiene además una advertencia que no debería pasar inadvertida.
La ausencia del Rey, afirma, puede ocasionar «un daño a la Corona, y en especial a su utilidad, necesidad y prestigio, que será difícil de superar».
Ésta es quizá la cuestión más importante.
¿Para qué sirve una Jefatura del Estado?
No solamente para inaugurar exposiciones.
No solamente para entregar premios.
No solamente para recibir embajadores.
No solamente para leer discursos.
Una institución demuestra especialmente su utilidad cuando llegan las dificultades.
Si la Corona simboliza la unidad y permanencia de España, su presencia adquiere precisamente sentido allí donde esa unidad necesita ser reafirmada.
Y ahora ese lugar se llama:
Ceuta.
EN 2007 LOS REYES FUERON
Existe además un precedente imposible de ignorar.
Juan Carlos I y la reina Sofía visitaron Ceuta y Melilla en noviembre de 2007.
Marruecos protestó.
Hubo una crisis diplomática.
Su embajador fue llamado a consultas.
¿Y qué ocurrió?
Los Reyes fueron.
Gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero.
España no pidió a Marruecos permiso para que sus Reyes visitaran España.
Marruecos protestó.
Y punto.
¿Qué ha cambiado desde entonces?
¿La Constitución?
No.
¿La españolidad de Ceuta?
No.
¿Las pretensiones marroquíes?
Tampoco.
Entonces convendría explicar qué ha cambiado.
PERO CEUTA SÓLO ES LA PUNTA DEL ICEBERG
Porque cuando se tira de este hilo aparece una cuestión bastante más profunda.
No es la primera vez que, ante una actuación o una inacción de Felipe VI, se responde mediante palabras nebulosas:
refrendo.
costumbre.
neutralidad.
práctica constitucional.
Ocurre con los discursos.
Ocurre con determinados silencios.
Ocurre con sus intervenciones institucionales.
Y ocurrió de manera particularmente llamativa con la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno en 2023.
FELIPE VI PROPUSO A PEDRO SÁNCHEZ
Conviene recordar una realidad objetiva.
Después del fracaso de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo, Felipe VI propuso a Pedro Sánchez como candidato a presidente del Gobierno.
No lo propuso el Congreso.
No apareció automáticamente.
Lo propuso Felipe VI.
Después ocurrió otra cosa igualmente objetiva:
el Congreso lo invistió.
El Rey propuso.
Los diputados otorgaron la confianza.
Una realidad no borra la otra.
«UN CANDIDATO»
El artículo 99 no establece que el candidato tenga que ser diputado.
Ni senador.
Ni secretario general de un partido.
Ni miembro siquiera de una formación política.
Habla sencillamente de:
«un candidato».
Felipe VI podía haber explorado otra posibilidad.
Una personalidad independiente.
Una persona de reconocido prestigio.
Alguien con experiencia acreditada en la administración exitosa de intereses y dineros ajenos.
Un candidato dispuesto a comparecer ante el Congreso, presentar un programa y solicitar su confianza.
Después habrían hablado los diputados.
¿Lo habrían investido?
No lo sabemos.
Quizá sí.
Quizá no.
Pero el Congreso habría tenido que decidir.
Y cada diputado habría asumido la responsabilidad de su voto.
Si sucesivas candidaturas hubiesen fracasado y transcurría el plazo constitucional, la Constitución proporcionaba la salida:
nuevas elecciones.
Felipe VI no podía imponer un presidente.
Pero podía proponer.
Porque la Constitución dice exactamente eso.
¿SABÍA FELIPE VI A QUIÉN PROPONÍA?
Aquí tampoco necesitamos adivinaciones.
Felipe VI sabía quién era Pedro Sánchez.
Conocía —o tenía todos los medios imaginables para conocer— el escenario político.
Sabía qué fuerzas necesitaba Sánchez para alcanzar la mayoría.
Y conocía las pretensiones públicamente proclamadas de esas fuerzas.
Los separatistas no ocultaban su propósito de separar territorios de España.
Los republicanos no ocultaban su propósito de acabar con la Monarquía.
No era información secreta.
No hacía falta intervenir teléfonos.
Bastaba escuchar lo que ellos mismos decían.
Y Felipe VI acababa de celebrar precisamente las consultas constitucionales previstas antes de formular su propuesta.
Pretender que ignoraba semejante realidad equivaldría a imaginar al jefe del Estado encerrado en la Zarzuela, aislado de España y sin saber aquello que conocía cualquier ciudadano mínimamente informado.
Si eso fuera cierto, el problema sería todavía más grave.
FELIPE VI ABRIÓ LA PUERTA
No mareemos la perdiz.
Felipe VI no negoció los pactos de Sánchez.
No proporcionó los votos.
No votó la investidura.
No formó el Gobierno.
Pero propuso a Pedro Sánchez como candidato.
Y aquella concreta investidura no podía celebrarse por el procedimiento constitucional sin la propuesta previa.
Por tanto:
Felipe VI abrió constitucionalmente la puerta a la candidatura de Sánchez.
Después:
los diputados permitieron que Sánchez la atravesara.
Ambas cosas ocurrieron.
Cada institución debe cargar con la responsabilidad de sus actos.
No se puede responsabilizar al Rey de cuanto haya hecho posteriormente Sánchez.
Pero tampoco se puede borrar la decisión que Felipe VI tomó.
¿POR QUÉ LO HIZO?
Ésta es la pregunta que continúa esperando respuesta.
¿Por qué Felipe VI propuso a Sánchez?
¿Por qué no exploró otra candidatura?
¿Por qué no permitió que el Congreso tuviera que aceptar o rechazar una alternativa?
¿Por qué no utilizó hasta donde pudiera hacerlo la facultad que la Constitución le atribuye?
Y cuando se responda:
«por costumbre», habrá que preguntar:
¿qué costumbre?
¿Dónde está regulada?
¿Qué valor tiene frente al texto constitucional?
Y, sobre todo:
¿desde cuándo una costumbre puede vaciar de contenido una facultad expresamente atribuida por la Constitución?
LA AMBIGÜEDAD PERFECTA
Aquí llegamos al corazón del problema.
Cuando interesa revestir a la Corona de solemnidad, Felipe VI es:
jefe del Estado;
símbolo de su unidad y permanencia;
árbitro y moderador;
mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Pero cuando preguntamos qué hace realmente con esas facultades aparecen:
el refrendo;
la costumbre;
la neutralidad;
la práctica institucional.
Y aquel jefe del Estado parece transformarse en una figura esencialmente decorativa que firma, lee, asiente y espera.
¿Es eso realmente lo que establece la Constitución?
Si lo es, dígase claramente.
Y quizá convenga modificar su texto para que las palabras expresen exactamente la realidad.
Pero mientras diga que el Rey propone, arbitra, modera y es jefe del Estado, no podemos actuar como si esos verbos carecieran de contenido.
¿QUIÉN PONE FRENO AL REY?
La respuesta debería ser:
la Constitución.
No Pedro Sánchez.
No un ministro.
No Mohamed VI.
Pero tampoco Felipe VI está por encima de ella.
El Rey tiene límites.
Y el Gobierno también.
Por eso, cuando se afirma que Felipe VI no puede hacer algo, la respuesta debería ser siempre la misma:
¿qué norma se lo impide?
No:
«siempre se ha hecho así».
No:
«por costumbre».
No:
«por refrendo».
Artículo.
Precepto.
Norma.
Y después discutimos.
LA PRUEBA ESTÁ SERVIDA
Manos Limpias comenzó preguntando qué había ocurrido.
Ahora ha dado un paso más.
Ha pedido directamente a Felipe VI que vaya a Ceuta privadamente.
Eso convierte la situación en una extraordinaria prueba de realidad.
Si el Gobierno puede impedirlo:
que explique cómo.
Si existe una norma que se lo prohíbe:
que se cite.
Si Felipe VI quiere ir pero alguien le da una orden para que no vaya:
que sepamos quién y con qué autoridad.
Y si nadie puede impedirlo pero Felipe VI decide no ir, entonces también tendremos una respuesta.
No será:
«Sánchez no le deja».
Será:
«Felipe VI ha decidido no ir».
Y eso también deberán conocerlo los españoles.
MAJESTAD: VAYA A CEUTA
Después de tanto refrendo, tanta costumbre, tanta interpretación y tanto protocolo, quizá la cuestión pueda resolverse de la manera más sencilla.
Majestad:
Ceuta es España.
Usted es el Rey de España.
Manos Limpias le ha pedido formalmente que vaya, incluso privadamente.
Pues vaya.
Sin ceremonia.
Sin recepción oficial.
Sin discurso.
Sin alfombra roja.
Pasee por sus calles.
Salude a los ceutíes.
Escúchelos.
Hágales saber con su presencia que siguen formando parte de la misma Nación que el artículo 56 de la Constitución le encomienda simbolizar.
Y después veremos.
Veremos si Pedro Sánchez manda cerrar las puertas de la Zarzuela.
Veremos si alguien impide despegar el avión.
Veremos si se ordena impedir al jefe del Estado entrar en una ciudad española.
O veremos que nadie podía impedírselo.
Y entonces podremos contestar una pregunta que Ceuta ha colocado delante de todos:
FELIPE VI: ¿JEFE DEL ESTADO O REY BAJO TUTELA?
Pero quizá exista otra todavía más importante.
Porque no todo puede atribuirse al Gobierno.
Si Felipe VI dispone de una facultad y decide no ejercerla, la decisión es suya.
Por eso, después de todas las interpretaciones constitucionales, queda una pregunta sencillísima.
La más sencilla de todas.
Y posiblemente la más incómoda:
MAJESTAD, SI PUEDE IR A CEUTA, ¿POR QUÉ NO VA?
