El sectarismo antirreligioso no parará hasta derribar la cruz
El pleno del Congreso de esta semana última, donde el Gobierno se la jugaba sometiendo a aprobación un decreto-ley sobre alquileres, nos ha enseñado que las estridencias sectarias de Podemos no se pueden echar en broma. Como tales estridencias sectarias y, por aquello de que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio, es para no hacerlas ni caso.
Pero resulta que Podemos es socio de un presidente de Gobierno que está dispuesto a pagar lo que sea para seguir en el Palacio de La Moncloa. Pedro Sánchez solo tiene 84 votos y Podemos tiene una parte importante de los votos que el jefe del socialismo necesita para mantenerse en el cargo. Así es que esta semana, mediante una soberana bofetada política, Podemos le ha recordado al Gobierno que las cosas son así, votando en contra del decreto-ley que había presentado en la Cámara y haciendo imposible de este modo su aprobación por el Congreso.
Siglo XIX: con la desamortización de Mendizábal, el Gobierno se apropió de las campanas de iglesias y conventos
Por todo lo anterior, conviene recordar las propuestas que los podemitas tienen en cartera, porque Pablo Iglesias, más pronto que tarde, se va a presentar al cobro ante alguien que está dispuesto a pagar lo que sea. Y sin duda, el Valle de los Caídos entra en el cambalache.
Podemos ha declarado ya, hace unos meses, lo que quiere hacer con el Valle de los Caídos. Su portavoz en este negociado es el eurodiputado Miguel Urbán, que dice ser también coordinador de Podemos del Área de Memoria Democrática y Antifascista. Urbán en manifestaciones públicas dijó literalmente: “Que quede claro que no queremos destruir el Valle de los Caídos”.
Y días después, para no llevar la contraria a Miguel Urbán, los de Podemos aclararon en qué consistía la reforma, que no destrucción, proyectada para el Valle de los Caídos. A saber: lo de sacar los restos de Franco y de José Antonio, ni se menciona, se da por hecho, porque lo que pretenden hacer es convertir el Valle de los Caídos en un “centro memoralista antifascista”. Que estos de Podemos se “empoderan” de lo que haga falta, del Diccionario de la Real Academia de la Lengua y hasta de lo que se les ponga por delante o por detrás.
Durante la II República, algunos ayuntamientos impusieron tasas al toque de campanas
En realidad, lo del centro memoralista antifascista es solo la tapadera de su odio a la religión católica, porque lo que exigen del Gobierno es que derribe la cruz de 150 metros de altura, para aprovechar los residuos gravosos y con ellos construir otro monumento civil, expulsar a la comunidad de los benedictinos, desacralizar la basílica y hacer de ese recinto un centro temático de no sabe muy bien qué tema, aunque lo único claro es que será uno muy, pero que muy, antifascista.
Pedro Sánchez y sus socios se unen así al sectarismo antirreligioso, con cierta tradición en España, que en tiempos ya se ha manifestado por el odio a la cruz y… ¡a las campanas! Así, en la desamortización de Mendizábal de 1836, el gobierno se apropió de las campanas de los conventos desamortizados y lo primero que hizo fue echarlas abajo, no fuera a ser que a los nuevos propietarios que adquiriesen esos edificios en las subastas, se les ocurriese hacerlas sonar y reavivasen las creencias religiosas.
Democrática II República. Si un sólo padre se quejaba, se retiraba el crucifijo del aula
El sectarismo antirreligioso de los desamortizadores se vuelve a poner de manifiesto, igualmente en las instrucciones, que la Junta Superior de Edificios y Efectos de los Conventos Suprimidos envía a las juntas provinciales, para su cumplimiento.
Sorprende, y mucho, que este documento tan ilustrativo del odio a la fe en la España del siglo XIX, haya sido tan poco divulgado. Y ya verán como no me equivoco, cuando sostengo que dicho documento habla a las claras del odio de los gobiernos liberales masónicos a Dios y a su Iglesia, porque no hace falta hacer ningún comentario. Se les entiende todo. Transcribo literalmente lo previsto para los casos de demolición (artículo 13) y para los conventos que, una vez expulsados los frailes y adquiridos en las subastas, sus nuevos propietarios pretendiesen conservar el edificio en pie (artículo 21, 4º):
“Artículo 13: Al patriotismo e ilustrado juicio de las Juntas queda confiado el cuidado de reservar de la demolición aquellos conventos que contengan verdaderas bellezas artísticas o monumentos históricos enlazados con la gloria de la nación; y a su vigilancia y celo el evitar que la contemplación, la tolerancia o el fanatismo tengan la menor parte, ni influencia en los motivos de esta reserva, cuando la demolición sea aconsejada por miras útiles, políticas o económicas”.
“Artículo 21, 4º: Que también se obligan los adquirentes del convento a derruir o variar de sus torres todo lo que tenga aspecto de campanario, y a embellecer la fachada de los mismos, haciendo desaparecer de ella todo emblema o significación de su anterior destino”.
Zapatero también intentó sacar las cruces de las escuelas
La Segunda República también la emprendió contra la cruz en 1931. No había transcurrido ni un mes desde su proclamación, y cinco días antes de la quema de conventos, el 6 de mayo de 1931, se ordenó que la enseñanza de la religión en los colegios públicos dejase de ser obligatoria y que había que pedirlo expresamente, si se quería recibir clases de esa asignatura.
Y lo que parecía un canto a la libertad, escondía una embestida contra la religión, porque a continuación decía la disposición del Gobierno, que bastaba con que un solo alumno no quisiera recibir la clase de Religión en ese colegio, para retirar los crucifijos de las aulas para no herir su sensibilidad. Y como hubo colegios que por unanimidad pidieron la clase de religión, y así no había manera de quitar los crucifijos, siendo ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, al que califican de representante del socialismo humanista, renovador y moderado que no revolucionario, por una circular de la Dirección General de Primera Enseñanza, del 12 de enero de 1932, se prohibió todo signo religioso en las escuelas nacionales de toda España.
La cristofobia aumenta en España y el cristófobo no soporta la mera visión de cualquier símbolo cristiano. En especial, la cruz de Cristo
Y ya en nuestros días el socialismo humanista, renovador, moderado, además de democrático y tolerante, después de quitarse el pelo de la dehesa del marxismo, volvió a la carga contra los crucifijos. Y vuelta la burra al trigo, en esta ocasión, en 2009, los socialistas capitaneados por José Luis Rodríguez Zapatero volvieron a declarar la guerra de los crucifijos, para lo que pusieron al frente del Ministerio de Educación para tan laico menester a Ángel Gabilondo, un exfraile de la Congregación del Sagrado Corazón, reciclado como profesor de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid.
Salió al paso de esta propuesta el entonces vicepresidente del Congreso de los Diputados, Jorge Fernández Díaz, uno de los pocos políticos que conoce la Historia de España, que sin arrugarse en la tribuna dijo que el proyecto de Zapatero era algo más que una propuesta laicista que pretende eliminar el hecho religioso de los espacios públicos, sino que iba más allá porque arremetía contra todo lo cristiano. Y remató Fernández Díaz su intervención con estas palabras: “la Segunda República debutó con la retirada de los crucifijos. Zapatero, con su memoria histórica, sigue la hoja de ruta de la Segunda República, un modelo por el que siente la máxima fascinación, sin tener en cuenta cómo terminó, y que fue un periodo triste y dramático”.
Especial animadversión tuvo también la Segunda República contra las campanas, imitando la actuación de los comunistas de Rusia después de la Revolución de 1917 y de los socialistas italianos, anteriores al régimen fascista. El gran historiador Cárcel Ortí, un investigador de archivo serio y riguroso, cuenta detalles de la peculiar guerra de las campanas emprendida por los alcaldes republicanos: “Algunos Ayuntamientos intentaron introducir un reglamento con imposición de tasas. Por ejemplo, en Dos Hermanas (Sevilla), las tarifas fueron 100 pesetas por un funeral de primera clase; 50 por los de segunda; 25 por los de tercera y 10 por los de cuarta (…) En El Escorial se impuso la tasa de 250 pesetas por campana y solo podían tocar tres minutos”.
Y en Madrid —comenta Cárcel Ortí— la Juventud Radical Socialista, en reunión celebraba el 8 de octubre de 1932, arremetió contra estas tasas y exigió al gobierno que prohibiera totalmente el sonido de las campanas, por ser una expresión pública del culto católico. Y, sin duda, que semejante acuerdo lo debieron tomar los retoños socialistas, porque también ellos eran humanistas, moderados, renovadores, democráticos, tolerantes y de la Compañía Internacional de Coches Cama y de los Grandes Expresos Europeos.
