Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE, falló a favor del "derecho al olvido" en una histórica sentencia dictada a petición de la Audiencia Nacional Española en la que Google o cualquier otro buscador está obligado a eliminar de la lista de resultados, obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona, los enlaces a páginas web publicadas por terceros que contengan información relativa a esta persona, si el afectado lo solicita.

Esta sentencia ha resuelto la demanda de un ciudadano español que aparecía en Google vinculado a un embargo de la seguridad social que ya había sido resuelto y liquidado y cuya permanencia en internet causaba grandes daños a su reputación.

La decisión del TJUE sienta un precedente en lo que a la relación entre compañías digitales y usuarios se refiere. El emporio Google ha lamentado la sentencia y su presidente ejecutivo, Eric Schmidt, ha declarado que "existe un choque entre el derecho al olvido y el derecho a saber, hay que encontrar el balance y esta sentencia lo rompe". Las asociaciones de internautas han manifestado su opinión sobre la sentencia y difieren sobre sus efectos, ya que unas la consideran un avance para la privacidad del ciudadano mientras que otras creen que el fallo otorga aún más poder a Google.

Internet es un medio joven en vías de regulación en muchos ámbitos: las normas en torno a la privacidad y la seguridad son el mayor problema del mundo web, y cada vez más internautas están tomando conciencia de este vacío legal del que muchas empresas se aprovechan para recopilar información privada de usuarios.

Por otra parte, el Gobierno alemán se plantea frenar a Google y establecer un mayor control al buscador y al resto de consorcios de internet. El objetivo de este proyecto es evitar abusos que se han visto incrementados con la crisis financiera. El ministro de Economía y el titular Interior han expresado su preocupación por la "sobredimensión" adquirida por Google.

Clemente Ferrer
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