Como informamos ayer, la advertencia del gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, sobre la responsabilidad reputacional de los consejeros de las entidades financieras, no deja de ser un tirón de orejas. Bancos y cajas de ahorros se han lanzado en los últimos años con particular entusiasmo a la deslocalización financiera. Y el proceso no estaba maduro, sino que iba a más.
Este es el origen de la tarjeta amarilla de Caruana que, sin embargo, tiene instrumentos mucho más coercitivos para hacer valer su voluntad. Dice que quiere tener acceso a la información desglosada del dinero emigrado. Pero sabe que eso es imposible porque en los paraísos fiscales rige la opacidad fiscal. Podría impedir que esto ocurriera con la simple inspección. Es tan sólo un problema de voluntad. ¿Existe?
