Algún español ha debido de hacerle algo, y grave, a la comisaria de Defensa de la Competencia, Neelie Kroes, que la ha cogido con España. Telefónica puede ser multada –y escarmentada- por su presunta política de abuso de dominio en ADSL –la banda ancha del presente y del futuro próximo- tras una denuncia de Orange, es decir, de France Telecom, la empresa que fue salvada por el Gobierno francés de la quiebra, tras aportar 9.000 millones de euros de las arcas públicas.

Hay que tener mucha cara, cara francesa, para denunciar en esas circunstancias a un competidor por abuso de posición dominante. Entre otras cosas, porque la antigua AUNA que Botín vendió a los franceses porque así se lo pidió Zapatero (y porque pagaban bien, todo hay que decirlo) se niega a realizar en España las inversiones en red que podría y debería hacer.

Proporcionalmente, y con esto queda dicho todo, ha sido la diminuta, y en peligro, Jazztel, quien más ha invertido en red propia. No así FT-Orange, a pesar de que por su tamaño si que podría hacerlo Lo que ocurre es que no les ha dado la gana porque tenían otras prioridades: por ejemplo, salvarse de la quiebra.

Y aun más escandaloso resulta la nacionalidad del denunciante. Después del flagrante delito del Senado francés y de la actitud dolosa de la AMF en el caso Sacyr la demanda de Orange es como para romper relaciones diplomáticas con París. Por cierto, las pruebas aportadas por Hispanidad, plagiadas sin citar el origen por todos los grandes periódicos españoles, y especialmente por El País y el ABC, han servido para que el Gobierno español pida explicaciones al Gobierno francés, quien sin duda, dado el ‘enorme prestigio' de ZP allende nuestras fronteras, le hará todo el caso del mundo.

En Europa, la Comisión de Bruselas se moviliza en cuanto el perjudicado puede ser alemán o francés, peor sus ensañamientos siempre son con España u otros países menores. En el entretanto, en Francia se mantiene el complejo industrial estatal y en Alemania los consorcios privados creados a toque de corneta desde el Gobierno de Berlín. Pero el malo es España.

De puertas adentro, y por lo que respecta a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), y el organismo que preside Reinaldo Rodríguez, puede decirse que, a pesar de que ahora se ha enfrentado al Ejecutivo comunitario, tiene parte de culpa en lo que está ocurriendo. La CMT ha llevado una política de libre competencia consistente en las cuotas: había que reducir la cuota de mercado de Telefónica en todos los segmentos, y en este punto coincide con Kroes. Ahora bien, el objetivo de las autoridades antimonopolio no es la cuota de mercado de cada agente sino la satisfacción del cliente. Lo que necesitamos en España, y en cualquier otro país, es que se mejore y abarate el acceso a Internet por banda ancha, es decir, por ADSL. Detener ofertas de Telefónica, no porque no haya alternativas, sino porque las alternativas no quieren invertir, es una verdadera estupidez. El verdadero guardián de la libre competencia no debe pensar en fastidiar al accionista sino en beneficiar al cliente, que es distinto.

Eulogio López