Soraya Sáenz de Santamaría no quiere pringarse con el caso Dívar, que sigue al frente del Consejo General del Poder Judicial, a pesar del empeño de algunos por dañar su honor. A lo largo de su comparecencia en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, lo único que ha dicho y reiterado la vicepresidenta en relación a Carlos Dívar, ha sido que respeta las decisiones de los organismos judiciales. Al ser preguntada, se ha ido por los cerros de Úbeda: lo único que tiene que hacer el Gobierno es "garantizar la estabilidad de los organismos judiciales" y, por supuesto, "respetar las decisiones que adopten".
Cuando fue interrogada por tercera o cuarta vez por el mismo caso y por la posibilidad de prohibir por ley los gastos no justificados en las instituciones públicas, ha explicado que los gastos de la Administración General del Estado ya están "visados y auditados" y han de ser siempre justificados. "Tanto en otras instituciones como en esta de la que estamos hablando" hay mecanismos de control similares, ha puntualizado.
En el sector conservador de los jueces no debe haber sentado muy bien las declaraciones de Soraya. Habida cuenta de las campañas numantinas que hacen en el PSOE apoyando a los jueces que son de su cuerda, los defensores de Dívar esperaban algo más. Especialmente cuando tan sólo cinco vocales pidieron la dimisión del presidente mientras que siete hicieron exactamente lo mismo con el denunciante, Gómez Benítez, íntimo amigo, por cierto, del juez Garzón.
Sara Olivo
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