La aerolínea de bandera argentina, propiedad de Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz no puede aguantar mucho más sin nuevas aportaciones de fondos. La SEPI se niega a ofrecer más dinero público español para Marsans. Si el Gobierno no aprueba la s cuentas, Marsans no podrá salir a Bolsa. ARSA se ha convertido en el peor contencioso económico entre Zapatero y Kirchner
Hispanidad ha podido saber, de fuentes políticas argentinas, que el 21 de septiembre se renovará el Directorio de Aerolíneas Argentinas y se convocará para el siguiente mes de octubre, Junta de Accionistas para aprobar el balance y la cuenta de resultados correspondientes a 2005. Dichos estados contables, en borrador, fueron entregados hace un par de meses al gobierno de Kirchner por el presidente de Aerolíneas Argentinas desde su control por el grupo español Marsans, el influyente abogado Horacio Pedro Fargosi, a la vez titular del Estudio Jurídico que representa a Aerolíneas en su inconcluso Concurso de Acreedores. La consigna dada a la administración Kirchner con la entrega de dicho balance, fue que le hicieran todos los cambios que se le antojaran, con tal de aprobarlo. El encargado de supervisar tales cambios contables, ha sido el otrora vapuleado secretario de Transporte Ricardo Jaime, uno de los funcionarios con acceso directo al presidente Kirchner, y el miembro de su Gobierno que más denuncias acumula por corrupción y falta de idoneidad.
En verdad, será toda una proeza contable y legal para Kirchner, aprobar el balance 2005 de Aerolíneas que arrastra o involucra todos los actos administrativos, financieros y jurídicos de los balances 2002, 2003 y 2004 de la compañía, que fueron rechazados e impugnados judicialmente por el Ministerio de Planificación a cargo del Julio de Vido, el ministro argentino con más poder político y bajo cuya órbita se halla Ricardo Jaime, junto con el Ministerio de Economía cuando era titular el despedido Roberto Lavagna, hoy el principal líder opositor de la Argentina. Los cargos imputados a Marsans fueron los de presentar balances fraudulentos por incluir un aumento doloso de los pasivos empresarios, en perjuicio de las finanzas y el patrimonio de la empresa y de sus accionista minoritarios (el Estado argentino y sus trabajadores). Dichos rechazos e impugnaciones judiciales reiteradas durante tres años, fueron ampliadas ante la justicia en sus fundamentaciones hace apenas seis meses (13/03/06), por los ministerios citados, cuando le sumaron a Marsans las acusaciones de aprobación ilegal de la salida concursal de Aerolíneas Argentinas al convertirse en su principal accionista y subrogarse créditos de Aerolíneas que debía pagar y cancelar. Con ello se perjudicaba a los acreedores minoritarios entre los que estaba el Estado argentino (una maniobra ilícita que le redujo a Marsans, propietario de los empresarios Gerardo Díaz y Gonzalo Pascual, más de 100 millones de dólares por el pago del 40% de los créditos concursales). Además, con este concurso fraudulento, habría que añadir el presunto vaciamiento de la línea aérea de bandera argentina a favor de otras empresas del holding Marsans; y licuación indebida e injustificada de la participación accionaria del Estado Nacional.
Acusaciones que se complementan y refuerzan con las Conclusiones del Tribunal de Cuentas de España, también efectuadas hace seis meses (16/03/06), que denuncian generalizadas violaciones contractuales por parte de Marsans, de los compromisos asumidos ante la SEPI y el Consejo de Ministros por la compra de Aerolíneas Argentinas; por ejemplo, haberse subrogado créditos contra la compañía incluso uno de la SEPI- en vez de pagarlos como exigía el contrato de compraventa, con el fin de auto aprobar su propuesta de salida del concurso de acreedores de Aerolíneas con la presunta trasgresión de la legislación argentina, y todo ello con el consentimiento de la SEPI; no haber llevado a cabo las inversiones comprometidas en el contrato de compraventa expresadas en su Plan de Negocios, destinando los fondos de la SEPI para tal fin a gastos operativos corrientes; y, no haber incorporado como debía 23 aeronaves, para renovar la flota existente de Aerolíneas Argentinas a fines del 2001.
Cabe destacar, que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), formuló alegaciones sobre lo referido a Marsans en el Informe Preliminar del Tribunal de Cuentas de Junio de 2005, pero el Tribunal de Cuentas las desechó para emitir su opinión definitiva de Marzo de 2006; y que la Comisión Mixta para la Relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso español, emitió una resolución el 26 de Junio de 2006, instando al Tribunal de Cuentas que continúe realizando una fiscalización específica sobre la finalización del contrato de compraventa de INTERINVEST S.A. (tenedora de las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A. y AUSTRAL S.A.) suscrito entre SEPI y AIR COMET; comprobando de modo particular el destino dado a las cantidades aportadas por la SEPI para la cancelación de los pasivos de ARSA, la naturaleza y cuantía de las responsabilidades asumidas por la SEPI por contingencias, el cumplimiento por AIR COMET del compromiso de aumento de la flota de ARSA, y el resultado final de la liquidación del contrato de compraventa de la compañía aérea argentina
Por otra parte, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz de ninguna manera pueden alegar desconocimiento o exención de responsabilidad sobre todo lo sucedido en Aerolíneas Argentinas y Austral desde Octubre de 2001 cuando se hicieron cargo de ambas empresas, puesto que ambos fueron siempre los dueños mayoritarios del Grupo Marsans con un no menos del 98% de sus acciones (nos referimos a Aerolíneas); de Air Comet dueña de Interinvest, propietaria de Aerolíneas y Austral, con un 70% accionario; y de la aerolínea de bandera argentina, con un 64,47% de participación, según sus propias declaraciones públicas; pero además, como directores de Aerolíneas Argentinas, han aprobado los tres estados contables que el Gobierno de Kirchner rechazó e impugnó judicialmente. Es decir, nadie puede dudar ni Pascual y Díaz excusarse, que ambos fueron los principales responsables empresarios aún más que el expulsado Antonio Mata-, de lo sucedido en Aerolíneas Argentinas bajo el control de Marsans; y por ende, los principales acusados de las imputaciones realizadas por Planificación y Economía de la Argentina, como el Tribunal de Cuentas de España.
Como Hispanidad informó a finales de junio pasado, Técnicos y Pilotos le han dejado bien en claro tanto al Presidente Kirchner como a los distintos funcionarios competentes, que el Acta de Intención y la Adenda firmada con Marsans en Madrid, que implica la aprobación del Balance 2005 de Aerolíneas Argentinas, es para ambos sindicatos deplorable e inadmisible desde lo ético, empresarial y político, por irremediablemente lesiva a los intereses nacionales argentinos y españoles
Si Kirchner aprueba el balance 2005 de Aerolíneas Argentinas, él y su Gobierno se enfrentan a una disyuntiva funesta como inexorable de culpabilidad. El pacto del que hablaban directivos de Marsans entre el Gobierno Kirchner, por el que la Casa Rosada retirará la impugnaciones contables contra Aerolíneas a cambio de que la aerolínea de bandera del país austral pasara a manos argentinas parece no haber cuajado, al menos por ahora. Lo sabremos enseguida: si Kirchner vuelve a decir no a la cuentas de 2005.
¿Por qué razones de peso, podría Kirchner estar dispuesto a tal inmolación política, violando flagrantemente su reiterado compromiso público de lucha contra la corrupción, traje a rayas a los corruptos? Solo él puede dar tal respuesta a sus ciudadanos, usuarios y trabajadores de Aerolíneas Argentinas, que hoy tienen una aerolínea insignia que cubre el 85% de su territorio colapsada financiera, técnica y comercialmente; y a los ciudadanos españoles, que vieron esfumarse 803, 5 millones de dólares que su erario público regaló a Marsans destinados a Aerolíneas Argentinas, y que nadie aún saben donde están.
Por otra parte, a Marsans se le acaba el tiempo. El servicio de Aerolíneas es cada vez más deficiente y las protestas se suceden en un país cuya extensión de norte a sur hace ineludible el transporte aéreo de cabotaje. Tanto las autoridades locales como los clientes protestan por dichos retrasos y por la supresión de vuelos. El diario La Nación afirma que la propia empresa reconoce tener parada parte de su flota de aviones por la crisis. Página 12 habla de las constantes subidas del precio de las tarifas. Está claro que a Marsans se le agota el tiempo.
