Lo he dicho y lo repito: Galán es un hombre con, al menos, dos virtudes como gestor: capacidad para mover equipos, para hacer cosas, y audacia para no acomplejarse ante las multinacionales extranjeras, algo inhabitual en los administradores españoles.
Ahora bien, eso no le da derecho a cobrar 16 millones de euros. Nadie tiene derecho a cobrar 16 millones de euros ¿Cómo mide Ignacio Galán lo que ha aportado a Iberdrola? ¿Él o toda la plantilla de la compañía? Y si es tan legítimo, ¿por qué lo ha ocultado hasta donde ha podido?
Lo mismo, en proporción, pude decirse de los 9,6 millones de euros del consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, que ha marcado escándalo como un año antes lo marcó el presidente del BBVA, FG, quien acumula, además, la mayor pensión de la historia empresarial española, por encima de los 60 millones de euros. Daría algo por ver el informe de la Comisión de Retribuciones del BBVA; debe haber batido todas las marcas en el lenguaje eufemístico.
La solución es simple: que sean los accionistas, es decir, los propietarios, quienes decidan el salario de los directivos. Como ocurre en cualquier PYME, despacho profesional o pequeño comercio, es decir, en las empresas serias, donde el dueño ofrece un salario y el trabajador lo acepta o rechaza. Es una reforma que no necesita pasar por el Parlamento: bastaría con que la CNMV las impusiera allá donde tiene competencias, en las empresas cotizadas, y todo lo demás vendría por añadidura. El señor Carlos Arenillas, esposo de la responsable de Educación, Mercedes Cabrera, que se hizo millonario con una empresa de favor -favor del Banco de España-, debería ser sensible a esa medida.
¿Y los consejeros? Para los miembros del máximo órgano de control, que no de gestión, de la empresa, la que muy acertadamente los alemanes denominan Consejo de Vigilancia, propongo el sistema Luis Valls: nada de salarios ni de participación en beneficios: que cobren su dividendo, como el resto de los accionistas, y aunque se establezca una participación en beneficios, se dedique este extra a obra social, a financiar, como se dice ahora con cursilísima expresión, la responsabilidad social corporativa (RSC). Luis Valls consiguió hacer eso en el Popular que, miren por dónde, posee una de las fundaciones sin ánimo de lucro más importantes de España, financiada con el dinero que en otros bancos se embolsan los consejeros, muchas veces por acudir a cuatro sesiones anuales (es agotador). Y esa medida puede regularse por ley
¿Que por qué no se hace? Pues porque el sueño de un político es jubilarse en la gran empresa, disfrutar de esas prebendas cuando los electores le den la patada. Por eso, no están dispuestos a legislar contra sus propios intereses Ya saben, el viejo chiste del ministro que visita una escuela y le niega a la Dirección del centro el pan y la sal, pero que, a continuación, se muestra especialmente generoso con un penal. Cuando su secretario le pregunta el porqué de su actuación la respuesta es definitiva. No sea tonto Ramírez: ¿acaso cree que usted y yo volveremos algún día a la escuela?.
Eulogio López
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