Sr. Director:
Sigo con interés el debate que se ha abierto en Hispanidad sobre el nacionalismo, a raíz de la nota publicada por la Conferencia Episcopal Española. Considero que el contenido de este texto de los Obispos no supone injerencia alguna en cuestiones políticas. Antes, por el contrario, están en la obligación de orientar a los católicos y a la sociedad sobre la moralidad de una Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, también denominado Plan Ibarretxe, aprobado el 30 de diciembre pasado en el Parlamento Vasco.
Es competencia de la Iglesia pronunciarse e informar a las personas sobre la moralidad de determinadas leyes o actuaciones de los Gobiernos que puedan lesionar, cuando menos, el derecho natural, y eso en modo alguno supone meterse en camisa de once varas, o abordar cuestiones que les incumba estrictamente a los políticos o a la sociedad civil, ya que es su deber, lo que no deja de ser una actuación valiente, sabiendo de antemano que habrá sectores que estarán en desacuerdo.
La calificación moral que merece el Plan Ibarretxe se puede dictaminar con un análisis sosegado y dejando que el sentido común y la razón alcance a ver la realidad de los hechos, para llegar a las mismas conclusiones que la autoridad del Magisterio viene a confirmar. Pero lo mismo ocurre con otros muchos aspectos, cuyas pautas las marcas el derecho natural o la ley natural, que acto seguido indicaremos.
Son, precisamente, los que sostienen posturas laicistas quiénes critican a la Iglesia en mantener una confrontación con el Gobierno de la Nación, ya sea por oponerse frontalmente a la aprobación del proyecto de ley sobre reforma del Código Civil, para contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, o por denunciar el derecho que asiste a los padres para que a sus hijos les impartan enseñanza religiosa, o cuando se quebranta el derecho fundamental a la vida y se anuncia la aprobación del aborto, la investigación con embriones y la eutanasia, o se plantea el error de no incluir en el Preámbulo de la Constitución Europea la referencia a las raíces cristianas de Europa, o establecen qué calificación moral comporta votar a partidos con un ideario contrario a la ley natural. Todas estas cuestiones, son expresión del derecho fundamental a la libertad religiosa, ante las cuáles la Iglesia y los católicos tienen la obligación de pronunciarse, ya que emanan del mismo derecho natural, y además la jerarquía eclesiástica tiene la obligación de orientar a las personas y a la sociedad dentro de su misión pastoral.
Podríamos seguir enumerando algunos temas que forman parte de la Doctrina Social de la Iglesia, tales como la moralidad pública, la sociedad política, el trabajo humano, la cuestión social, la propiedad privada, la economía, la demografía, la justicia social, la guerra, las relaciones internacionales, los países pobres, el racismo, los totalitarismos y también los nacionalismos, entre otros muchos.
Hay una falacia bastante extendida que sostiene que la defensa de ciertas exigencias del derecho natural por parte de los católicos, constituye una actuación confesional que no es compatible con la laicidad de la vida política. Por ello, es preciso mostrar que la promoción en conciencia del bien común de la sociedad política no tiene nada que ver con la confesionalidad, ni mucho menos con la intolerancia religiosa, y que la laicidad consiste en la autonomía de la esfera civil y política respecto a la esfera religiosa y eclesiástica, nunca respecto a la esfera moral. Por el hecho de que algunas verdades morales sobre la vida social, la justicia, la libertad, el respeto a la vida y todos los demás derechos de la persona, también sean enseñados por la Iglesia, no disminuyen la legitimidad civil y la laicidad del compromiso de quiénes se identifican con ellas.
La Conferencia Episcopal Española tiene plena competencia para pronunciarse en esa nota y confirmar lo que el sentido común y la razón dicta, que el Plan Ibarretxe no respeta la moral por su insolidaridad, unilateralidad y por los medios coactivos que utiliza, además de por su injusticia, ya que vulnera los derechos ya adquiridos no deseos o aspiraciones- de muchos implicados, atentando contra el bien común. La Doctrina Social de la Iglesia reconoce un derecho real y originario de autodeterminación política en el caso de una colonización o de una invasión injusta, pero no en el de una secesión.
La Iglesia acepta las opciones políticas de tipo nacionalista que se ajusten a la norma moral y a las exigencias del bien común. Pero cuando las condiciones señaladas no se respetan, el nacionalismo degenera en una ideología y un proyecto político excluyente, incapaz de reconocer y proteger los derechos de los ciudadanos. Todo proyecto político, para merecer un juicio moral positivo, ha de ponerse al servicio de las personas y no a la inversa. Y la pretensión de que toda nación someta los derechos de las personas a proyectos nacionales impuestos de una manera u otra por la fuerza da lugar a un nacionalismo totalitario, que es incompatible con la doctrina católica. Hay que indicar que España es fruto de uno de estos complejos procesos históricos. Llegar a poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable.
En cambio, sí cabría moralmente propugnar un sano nacionalismo, pero no con las características que de forma inequívoca, legítima y razonadamente se denuncian, ya que lesionan gravemente el bien común.
Javier Pereda
Jpereda26@hotmail.com
