El presente informe de Morgan Stanley, el banco de inversión más poderoso del mundo, sobre el sector bancario español, tiene una conclusión primera que asusta un tanto: los "activos problemáticos" ascienden ya a 338.000 millones de euros. Hablamos de todo tipo de créditos, no sólo inmobiliarios. Y, ya de paso, propone al futuro Gobierno Rajoy que cree un banco malo, donde el Estado se haga cargo de toda esa basura para limpiar los balances de las entidades.
Vaya por delante que Rajoy, en entrevista con la Cadena Ser, aseguró que no le gustaba la idea de un banco tóxico y que prefería esperar a una segunda oleada de fusiones. Dado el resultado obtenido con un método similar, la nacionalización de la CAM y posterior subasta, que ha multiplicado el agujero de la entidad y el coste para los españoles, a lo mejor se lo piensa.
Esos 338.000 millones de euros se desglosan en 176.000 en créditos fallidos e irrecuperables. Morgan aconseja aquí -sólo faltaba- que se utilicen los 50.000 millones de provisiones de la banca pero el resto debería ser asumido por el Estado, que seguramente -es lo habitual- lo trasladaría a un gestor privado y vería lo que recuperaba de los activos de referencia.
Otros 162.000 millones no son fallidos pero sí préstamos morosos o subestándar. A estos habría que aplicarles un descuento sobre el nominal, pongamos del 50% y entregarlos también a un gestor especializado que devolviera parte de lo recuperado. Por decir algo, se estaría dedicando mucho más dinero a sanear la banca que a pensiones sanidad y educación durante un año.
De esta manera, el balance de las entidades quedaría limpio. Morgan insiste en que el sistema saldría mucho más barato que un proceso de nacionalización o fusión. Puede que tenga razón pero no deja de ser más de lo mismo: pagar con dinero público los errores de los banqueros. Además, los bancos buenos tampoco gustan de esta modalidad: consideran que se está premiando la mala gestión bancaria... y tienen razón.
Eso sí, en el PP ni se plantean la única solución justa: liquidar las entidades quebradas y obligar a los bancos a limpiar sus balances por sí solos. El Estado no respondería así de la mala gestión privada ni de las inversiones erróneas, sólo de 100.000 euros por depositante. Eso y, además, juzgar la mala gestión de los banqueros que ponen a una entidad contra las cuerdas.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com
