El principio de corresponsabilidad fiscal está muy bien. Consiste en que cada entidad administrativa sea responsable de los servicios que presta y de su financiación. El problema con la Sanidad es que es un muerto -con perdón- que no para de consumir recursos. De hecho, cuando se produce el traspaso, la Comunidad foral de Navarra solicita no asumir semejante competencia. El envejecimiento poblacional, presiona sobre el presupuesto dramáticamente.

Pero es que además, el escenario desde que se firmó el vigente y actual modelo de financiación autonómica ha variado. Desde entonces se ha producido una avalancha migratoria que ha elevado la población española y por tanto los servicios prestados y el coste. Y ese fenómeno se ha concertado en determinadas CCAA: Madrid, Cataluña, Valencia, Baleares y Murcia, principalmente.

Lo que pretenden estas CCAA es actualizar el modelo en función de la nueva realidad. Máxime cuando el Estado informa de un superávit de 7.392 millones de euros, que en parte obedece a una mayor recaudación fiscal de esos inmigrantes regularizados. En estas circunstancias, endosar el problema sanitario casi de manera exclusiva a las CCAA, también es una grave irresponsabilidad.