No sólo en Cataluña, sino en todo el país, sorprendió la decisión del Gobierno Tripartito catalán (socialistas, comunistas, e independentistas de ERC) de no renovar la concesión de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a la empresa Aguas de Barcelona (Agbar), que preside Ricardo Fornesa, presidente, a su vez, de La Caixa.
El anterior Gobierno catalán, presidido por el nacionalista Jordi Pujol, había concedido una prórroga de ocho años a las concesionarias. La más importante es Aguas de Barcelona, que posee 37 estaciones de ITV, y que ya preparaba una inversión de más de cien millones de euros para ampliar el negocio en un 20%. Sin embargo, el nuevo Gobierno Maragall decide impugnar a sus predecesores, decreta nula la prórroga y hablan de una posible liberalización del servicio. Hasta aquí, todo correcto. Había muchas sospechas de que la bofetada iba dirigida a Aguas de Barcelona, pero no se sabía por qué.
Pues bien, ahora ya se sabe. Fuentes de toda solvencia del Gobierno Tripartito catalán, han asegurado a Hispanidad.com que se trata de poner orden en la financiación de los partidos. En pocas palabras, aunque no empleen este término, se trataría de una venganza del Tripartito por el favor que Aguas de Barcelona le hizo a los nacionalistas catalanes (y ya puestos a personalizar, el favor que Fornesa le hizo a Pujol) al adquirir la empresa Emte de ingeniería y de auxiliar de la construcción. El promotor de Emte es Carlos Sumarroca, uno de los principales valedores del nacionalismo convergente, así como miembro muy activo del partido de Jordi Pujol y Artur Mas. Emte fue una de las empresas más beneficiadas por la Generalitat catalana, aunque ese recorrido estaba llamado a tener un fin.
Este aviso para navegantes de Maragall a Fornesa no deja de tener su importancia cara al papel que La Caixa, principal grupo industrial de España, accionista de referencia de Telefónica, Repsol, Gas Natural, Abertis, etc, va a jugar en la política industrial del Gobierno socialista.
