Contra las sospechas de muchos, sobre la violencia estructural que se cierne sobre mujeres embarazadas en situación de riesgo, el ministro se comprometió a reformar la ley reguladora del aborto, aprobada en la legislatura anterior, y regresar a la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de protección del derecho a la vida.
El ministro ha precisado un poco más las líneas que orientarán la nueva legislación. Ruiz Gallardón ha explicado que la Constitución establece, según sentencia del 1985, que el deber político y legal de protección del derecho a la vida alcanza a los concebidos y no nacidos. Lo que significa que en el ordenamiento español no hay lugar para la actual Ley de plazos, pero sí lo habría para el modelo de despenalización vigente durante más de dieciocho años.
Sin negar el cambio positivo de orientación en una cuestión tan definitiva, nadie debe llevarse a engaños. Si es de justicia que la ley avance en la garantía del derecho a la vida, no lo es menos que la sociedad española tiene que asumir un firme compromiso material y espiritual, con las madres gestantes y sus familias.
Valentín Abelenda Carrillo
