El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Mediación y el de Arbitraje. La propuesta es enmarcada dentro del plan de modernización de la justicia o dentro de la economía sostenible. Vale lo mismo para un roto que para un descosido. La intención es descargar los tribunales de justicia en los que sólo en el 2009 ingresaron más de 9 millones de causas. Una tendencia exponencialmente creciente en los últimos 10 años. Así que -siguiendo el modelo anglosajón- se les ha ocurrido mejorar la vía de la mediación y el arbitraje. Una justicia eficaz redunda en una mayor seguridad jurídica del tráfico mercantil, dice Caamaño. Como si estuviera hablando Pizarro.
La mediación será obligatoria en los casos de reclamación inferior a los 6.000 euros. No obstante, las partes siempre pueden renunciar al proceso. Pero si hay acuerdo, este tendrá fuerza de sentencia judicial firme. En el caso de las reclamaciones de menos de 300 euros, el procedimiento podrá tramitarse por vía telemática. En cuanto a los mediadores tendrán que ser licenciados universitarios, pero no necesariamente abogados.
En cuanto al arbitraje, se elimina la reserva de actividad para abogados aunque uno de los tres miembros del colegio sí que tendrá que ser abogado. Todos los árbitros o mediadores deberán de inscribirse en un registro gratuito del Ministerio de Justicia. Y en el caso de los arbitrajes, ocurrirá lo mismo: el laudo tendrá fuerza de sentencia judicial. Con la diferencia de que la solución tendrá que llegar en el plazo máximo de 2 meses. Como la justicia ordinaria. Igualito.
