Lucía Figar ha permanecido en ‘stand by' a pesar de las presiones del movimiento objetor

Las cosas están como sigue. Primero, el anterior consejero de Educación, Luis Peral, era relativamente reticente al movimiento de objeción de conciencia por las consecuencias jurídicas que podría tener. Posteriormente, la presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre se tira a la piscina y dice que reconocerá la objeción de conciencia y que permitirá convalidarla por voluntariado.

El movimiento objetor toma nota y le pide a la nueva consejera de Educación, Lucía Figar, que mueva ficha. Pero Figar no se mueve, probablemente esperando que una victoria popular elimine la asignatura y se evite el mal trago del gesto de fuerza. Pero héte aquí que aparece la sentencia del Superior de Justicia de Andalucía. ‘Espe' se vuelve a tirar a la piscina y dice que aceptará las objeciones. Y Figar chupa rueda y afirma que reconocerá las objeciones. Está claro quién manda y quién marca los tiempos en la Comunidad de Madrid.

Pues bien, la actitud de la Comunidad de Madrid no ha sentado nada bien al Gobierno de la nación. De la Vega recuerda -como ya hiciera la ministra Cabrera- que existen sentencias "no coincidentes" y califica la actitud de Aguirre de "insumisión irresponsable" por entender que los poderes públicos "deben cumplir la ley". Su contra argumento es que la Comunidad de Madrid "está engañando" a los padres porque la asignatura está siendo cursada por 200.000 niños "con absoluta normalidad". No es del todo cierto. La asignatura se está empezando a implantar en las comunidades gobernadas por el PSOE y Navarra menos Castilla la Mancha. Pero no es un asunto pacifico ni normal. Los objetores están siendo perseguidos. Las administraciones educativas están amenazando a los padres objetores y el asunto se encuentra en los tribunales. ¿Eso es "normalidad", señora vicepresidenta?