Ya en campaña electoral, el mundo empresarial se quedó patitieso: los socialistas de Zapatero proponían la reducción del Impuesto de Sociedades. Precisamente el gravamen sobre Sociedades, es decir, el excedente sobre el beneficio empresarial. En ocho años de Gobierno, el Partido Popular no se había atrevido a tanto (salvo en desgravaciones parciales con pymes). Ni tan siquiera la homologación con la Unión Europea precisaba de una medida que sólo beneficia a ricos y rentistas.
Pero es que, además, esta genial propuesta electoral se compagina con la absurda situación del Impuesto de Patrimonio en España. Un impuesto menor, se dirá, pero no si se tienen los ahorros invertidos en activos mobiliarios, por ejemplo a través de un fondo de inversión... como 5 millones de españoles y prácticamente todos los ahorradores en todo el orbe occidental.
Porque en la España actual (por mor del PP y del PSOE, que no está dispuesto a modificarlo) resulta que las grandes fortunas están libres de pagar Impuesto sobre el Patrimonio. Por ejemplo, el señor Amancio Ortega, el señor Polanco y la señora Esther Koplowitz están exentos del gravamen, dado que en ellas confluyen las exenciones previstas por la ley: Poseer más del 15% del capital, ejercer funciones de dirección y cobrar una remuneración que represente más del 50% de la totalidad de sus rendimientos netos del trabajo. Es decir, condiciones que cumplen todos los grandes empresarios. Ahora bien, el ahorrador que posea, pongamos, un 0,01% de Prisa, de Sogecable, de Inditex o de FCC, está frito.
Pero hay más. Todo demuestra que toda la política fiscal del PSOE obedecía a los deseos de un partido que apenas confiaba en su victoria, a un presidente por accidente que podía permitirse el lujo de prometer lo que sabía que nadie podría obligarle a cumplir. Así, el diario Expansión publica el lunes 5 que PSOE y PP habían pactado una "tregua fiscal para el ahorro y las grandes fortunas".
La verdad es que el PSOE no reconoce tal pacto, y continúan asegurando que el programa electoral del Partido se cumplirá, pero lo cierto es que el problema no está en el hecho de que el PSOE haya ganado las elecciones, sino en el hecho del estado de ánimo que inspiraba al redactor de su programa electoral.
Como se sabe, una de las principales medias fiscales introducidas por Cristóbal Montoro (probablemente el mejor ministro de Hacienda de la democracia española) fue la de distinguir entre inversión mobiliaria especulativa y no especulativa. En pocas palabras, las plusvalías (ganancias obtenidas de la inversión en fondos de inversión o directamente en acciones, así como en inmuebles –probablemente este es el punto más flojo de la norma-) computan un 15% si la inversión se ha mantenido durante más de 1 año. Por debajo de ese lapso de tiempo, computan según el tipo de renta que le corresponda a cada contribuyente (y que puede recorrer toda la escala, del 15 al 45% de tipo máximo).
Miguel Sebastián le ofrece a Zapatero una fórmula que el líder socialista le gusta: se trataría de suprimir el tiempo de inversión como criterio para evaluar la obligación fiscal. En otras palabras, se suprime la necesidad de mantener la inversión durante más de 1 año y se gravan las plusvalías del ahorro según la riqueza del contribuyente. O 15 o 30%.
Ahora, sólo ahora, se dan cuenta de la barbaridad que eso suponía. En primer lugar, porque preludia una menor recaudación. En segundo lugar, porque la reforma era muy 'socialista', o sea, muy absurda, dado que no luchaba contra la especulación financiera, que es la clave de esta cuestión. Es decir, la propuesta socialista argumentaba lo mismo que aquel obrero fumador de Ducados: "El tabaco negro no debería pagar tantos impuestos como el rubio, porque lo fumamos los currantes". La verdad es que el tabaco no es un artículo de primera necesidad en ningún caso.
Pues bien, al igual que lo que ocurre con el déficit público, el PSOE afirma ahora que su política fiscal se puede aplicar durante toda la legislatura. Es decir, que no se aplicará. Se trataba de ganar el poder, sólo de eso.
