Las expertas del Comité de seguimiento de la Convención en contra la Discriminación de las Mujeres (CEDAW), recomendaron al Paraguay revisar su legislación que pena el aborto, y plantearon la separación entre el Estado y la Iglesia desde una perspectiva anticristiana.

El Comité del CEDAW, está celebrando en New York, su sesión 32ª entre el 10 al 28 de enero. Como órgano de vigilancia y monitoreo del cumplimiento de la Convención y de su Protocolo Opcional está examinando los informes de 8 Estados partes: Argelia, Croacia, Gabón, Italia, República Democrática Popular de Laos, Samoa, Turquía y Paraguay, que presentó juntos sus informes tercero, cuarto y quinto.

El día 17 de enero presentó sus informes la delegación de Paraguay, compuesta por María José Argana Mateu, Ministra del Secretariado de la Mujer de Paraguay; la Delegada Nacional, Olga Beatriz Ferreira de Lopez; y la jueza Namia Ferreira de Guanes. Por la Oficina de Censos, Zulma Sosa de Servin; por el Secretariado para la Mujer, Benefrida Espinoza, Claudia García y Adriana Arza de Arriola; y Carlos José Ruckelshaussen Villarejo y Lorena Patiño de la Misión permanente ante las Naciones Unidas. Paraguay ratificó la Convención en 1987 y el Protocolo Opcional en 2001.

Recordamos que el Protocolo Opcional fue calificado en el Senado de los Estados Unidos como un instrumento para la globalización del aborto; y que la Conferencia Episcopal Argentina declaró que su ratificación representa una renuncia a la soberanía que dejaría una brecha abierta a la futura aprobación del aborto". La Convención fue ratificada por 179 países. En cambio el Protocolo, hasta noviembre de 2004, había sido ratificado sólo por 68 países, entre otras cosas, a causa del peligro de que Comité del CEDAW exija a los Estados cambiar las legislaciones que reconocen y respetan el orden natural sobre la vida humana y la familia.

Recomendaciones a Paraguay

Los expertos del Comité expresaron entre otras cosas, su preocupación seria por el predominio de los patrones sociales y culturales de comportamiento que discriminan a las mujeres, señalando que representan obstáculos al adelanto de la igualdad genuina. Otras preocupaciones son las relacionadas a las altas tasas de mortalidad materna y a la penalización del aborto bajo las leyes nacionales que aún no se han derogado. Según el Comité muchas mujeres acuden al aborto clandestino bajo condiciones antihigiénicas y la mortalidad de las mujeres como resultado de abortos inseguros sigue siendo un problema muy serio, y aún más seria es la inacción del gobierno en ese tema.

Feminismo vs religión

Hace tiempo que el feminismo tomó un marcado tinte anticatólico. Para las lesbo-feministas, que ignoran el orden natural, común a todos los hombres y mujeres cualquiera sea su religión, la Iglesia es quien impide el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres, entre ellos los derechos reproductivos y sexuales (aborto, anticoncepción homosexualidad). Para ellas la separación entre Iglesia y Estado, es más bien un totalitario intento de arrancar las raíces cristianas de las sociedades, mediante una renovada persecución ideológica a los cristianos.

En este contexto han de interpretarse las palabras de la feminista Silvia Pimentel, miembro del Comité y experta de Brasil, que dijo que la separación entre el gobierno y la religión es muy importante, no solamente en Paraguay, sino también en toda Latinoamérica y el Caribe. El comienzo de un nuevo milenio proporciona una gran oportunidad de tener una sociedad verdaderamente moderna o al contrario de retroceder en esta aspiración. Lograr el progreso en términos legales y políticos requiere que se ponga a las mujeres en el centro de este debate. La Constitución de Paraguay, que está en vigor desde 1992, separó la Iglesia del Estado. Por lo tanto, debe proteger a las mujeres contra la privación de sus derechos promovida por las creencias o prácticas religiosas.

Aborto

La experta de Bangladesh, Salma Khan, manifestó su gran preocupación por la alta tasa de mortalidad materna producto de la falta de servicios de planificación familiar y de los abortos ilegales, y le recordó a la delegación que de acuerdo con la Convención las mujeres deben tener el acceso completo a los servicios de planificación familiar, es decir también al aborto sin restricciones. Por eso, recomendó al Gobierno paraguayo que reconsidere la despenalización del aborto, reformando su legislación actual; y al mismo tiempo insistió en que Paraguay deberá fortalecer su educación sexual y los servicios de planificación familiar. Las recomendaciones de Khan fueron avaladas, por la brasilera Pimentel, entre otras miembros del Comité.

El informe sombra

Como informamos en otras ocasiones, las ONGs feministas, abortistas, lesbofeministas, presentan al Comité del CEDAW informes alternativos (paralelos) o informes sombra y denuncias contra su propio país. El 10 de enero, presentaron el informe sombra sobre Paraguay.

El informe sombra dice entre otras cosas: Este informe sombra revisa, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y de las anteriores recomendaciones del Comité, los Informes Periódicos tercero y cuarto combinados (CEDAW/C/PAR/3-4, 11 de febrero de 2004) y Quinto Informe Periódico (CEDAW/C/PAR/5, 25 de mayo de 2004), presentados por el Estado del Paraguay al Comité. Tiene como propósito señalar, desde la mirada de la sociedad civil, los avances, dificultades y retrocesos del Estado en la adopción de medidas para cumplir con la Convención.

El informe señala: que no se ha despenalizado el aborto; que siguen las discriminaciones basadas en estereotipos de género, o por causa de la religión; que no se han difundido como lo recomienda el CEDAW los servicios de planificación familiar; que no existe en la legislación una definición de lo que debe entenderse por discriminación contra la mujer, ni existe una tipificación legal de las formas de discriminación contra la mujer que permita su sanción.

También insiste en que sigue la discriminación en la educación como la expulsión de adolescentes embarazadas, o por la orientación sexual distinta a la heterosexual; que hay casos de discriminación laboral contra mujeres por su orientación sexual.

Insiste el feminismo en la supuesta inequidad con las mujeres en el acceso a los servicios de salud, especialmente que incluyen la salud sexual y reproductiva, y que la población adolescente carece de espacios diferenciados de información y atención de la salud sexual y reproductiva.

Las ONGs abortistas fijan su prioridad en la denuncia permanente y sistemática de las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tanto a nivel nacional como local, y también hace referencia a las deficiencias en el acceso y la atención de los servicios de salud. (...) Es prioritario interpelar al Estado paraguayo sobre cómo y con qué recursos se realizará el seguimiento y monitoreo para garantizar el acceso y la calidad de los servicios de atención.

El informe fue presentado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM Paraguay) y la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), y cuenta con la adhesión de las siguientes organizaciones: Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas; Alter Vida (*); Amnistía Internacional Paraguay; Asistencia, Prevención y Rehabilitación en Violencia Masculina (APREVIM-Paraguay); Asociación de Abogadas del Paraguay (ADAP) (*) (**); Base de Acción Educativa (BECA)(*); Centro de Documentación y Estudios (CDE) (*); Círculo de Abogadas del Paraguay (CAP) (*) (**);  Colectivo 25 de Noviembre (*) (**); Coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI); Comité de Género de la Coo