Una nueva directiva de la UE pretende luchar contra la morosidad en los pagos a las pymesLos casos de insolvencia suponen la pérdida de cuatrocientos cincuenta mil puestos de trabajo en la UE y unas deudas pendientes anuales de 23.600 millones de euros. El 57% de las empresas de Europa, lo que supone un aumento del 10 % desde el año pasado, afirman tener problemas de liquidez a causa de la morosidad. Cada día, decenas de pequeñas y medianas empresas (PYME) se ven abocadas a la quiebra en toda Europa ante el impago de sus facturas, según ha informado la Comisión Europea.
Para acabar con esta perniciosa cultura de la morosidad en Europa, Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión Europea, ha iniciado este viernes en Roma una campaña informativa, destinada a los veintisiete Estados miembros de la UE y Croacia, en la que se aboga por la rápida incorporación de la Directiva sobre morosidad a las legislaciones nacionales, incluso antes de la fecha límite del 16 de marzo de 2013. La Directiva 2011/7/UE, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, es el instrumento de la UE para combatir la morosidad en los pagos. Un objetivo particularmente importante de la campaña es asegurarse de que las PYME sepan qué nuevos derechos les concede la Directiva y cómo ejercerlos.
Antonio Tajani, también comisario de Industria y Emprendimiento, ha declarado: «Cada año quiebran miles de PYME pendientes del cobro de sus facturas. Estamos decididos a acabar con la perniciosa cultura de la morosidad en Europa, un problema que preocupa desde hace tiempo a las empresas. Es manifiestamente urgente que los Estados miembros incorporen la Directiva sobre morosidad en los pagos a sus legislaciones nacionales. Ello dará un apoyo vital a nuestras PYME en la actual crisis económica, que dificulta el acceso al crédito. Es también esencial que las empresas europeas, especialmente las PYME, conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos de la mejor manera».
Resulta particularmente difícil para las PYME defender su derecho a cobrar con puntualidad. Los retrasos en los pagos pueden tener un coste elevado, tanto en tiempo como en dinero, y un litigio puede dañar las relaciones con los clientes. La Directiva establece un marco jurídico para perseguir a los morosos.
El objetivo de la campaña informativa es sensibilizar a las principales partes interesadas europeas, en particular las PYME y las autoridades públicas, sobre los nuevos derechos que otorga la Directiva y abogar al mismo tiempo por su rápida ejecución. La campaña ofrece también un foro de intercambio de las mejores prácticas para ayudar a las PYME a obtener el pago puntual de sus facturas.
Entre las medidas que establece la Directiva figura que las autoridades públicas deben pagar por los bienes y servicios que contraten en un plazo de treinta días o, en circunstancias muy excepcionales, en un plazo de sesenta días.
Asimismo, las empresas tienen automáticamente derecho a reclamar intereses de demora y pueden obtener una cantidad mínima fijada en 40 euros como compensación por los costes de cobro. También pueden exigir una compensación por todos los demás costes de cobro razonables.
Además, se aumenta el tipo de interés legal de demora hasta por lo menos ocho puntos porcentuales más que el tipo de referencia del Banco Central Europeo. Las autoridades públicas no están autorizadas a establecer un tipo de interés de demora inferior a ese umbral.
Por otra parte, las empresas pueden denunciar más fácilmente ante los tribunales nacionales las prácticas y los términos claramente abusivos.
También se pretende conseguir más transparencia y sensibilización: los Estados miembros deben publicar los tipos de interés de demora para que todas las partes implicadas estén informadas.
Igualmente, se anima a los estados miembros a establecer códigos de prácticas de pago puntual. Y estos pueden mantener o poner en vigor disposiciones legales y reglamentarias que sean más favorables para el acreedor que las disposiciones de la Directiva.
Las nuevas medidas son facultativas para las empresas, en la medida en que adquieren el derecho a actuar, pero no están obligadas a hacerlo. En algunas circunstancias, las empresas pueden mostrarse dispuestas a ampliar varios días o semanas el plazo de pago para mantener una buena relación comercial con un cliente concreto. Ahora bien, las nuevas medidas son obligatorias para las autoridades públicas. Estas deben dar ejemplo y demostrar su fiabilidad y eficiencia cumpliendo sus contratos.
Sólo queda concluir: a ver si es verdad y los políticos europeos se ponen las pilas...
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
Para acabar con esta perniciosa cultura de la morosidad en Europa, Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión Europea, ha iniciado este viernes en Roma una campaña informativa, destinada a los veintisiete Estados miembros de la UE y Croacia, en la que se aboga por la rápida incorporación de la Directiva sobre morosidad a las legislaciones nacionales, incluso antes de la fecha límite del 16 de marzo de 2013. La Directiva 2011/7/UE, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, es el instrumento de la UE para combatir la morosidad en los pagos. Un objetivo particularmente importante de la campaña es asegurarse de que las PYME sepan qué nuevos derechos les concede la Directiva y cómo ejercerlos.
Antonio Tajani, también comisario de Industria y Emprendimiento, ha declarado: «Cada año quiebran miles de PYME pendientes del cobro de sus facturas. Estamos decididos a acabar con la perniciosa cultura de la morosidad en Europa, un problema que preocupa desde hace tiempo a las empresas. Es manifiestamente urgente que los Estados miembros incorporen la Directiva sobre morosidad en los pagos a sus legislaciones nacionales. Ello dará un apoyo vital a nuestras PYME en la actual crisis económica, que dificulta el acceso al crédito. Es también esencial que las empresas europeas, especialmente las PYME, conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos de la mejor manera».
Resulta particularmente difícil para las PYME defender su derecho a cobrar con puntualidad. Los retrasos en los pagos pueden tener un coste elevado, tanto en tiempo como en dinero, y un litigio puede dañar las relaciones con los clientes. La Directiva establece un marco jurídico para perseguir a los morosos.
El objetivo de la campaña informativa es sensibilizar a las principales partes interesadas europeas, en particular las PYME y las autoridades públicas, sobre los nuevos derechos que otorga la Directiva y abogar al mismo tiempo por su rápida ejecución. La campaña ofrece también un foro de intercambio de las mejores prácticas para ayudar a las PYME a obtener el pago puntual de sus facturas.
Entre las medidas que establece la Directiva figura que las autoridades públicas deben pagar por los bienes y servicios que contraten en un plazo de treinta días o, en circunstancias muy excepcionales, en un plazo de sesenta días.
Asimismo, las empresas tienen automáticamente derecho a reclamar intereses de demora y pueden obtener una cantidad mínima fijada en 40 euros como compensación por los costes de cobro. También pueden exigir una compensación por todos los demás costes de cobro razonables.
Además, se aumenta el tipo de interés legal de demora hasta por lo menos ocho puntos porcentuales más que el tipo de referencia del Banco Central Europeo. Las autoridades públicas no están autorizadas a establecer un tipo de interés de demora inferior a ese umbral.
Por otra parte, las empresas pueden denunciar más fácilmente ante los tribunales nacionales las prácticas y los términos claramente abusivos.
También se pretende conseguir más transparencia y sensibilización: los Estados miembros deben publicar los tipos de interés de demora para que todas las partes implicadas estén informadas.
Igualmente, se anima a los estados miembros a establecer códigos de prácticas de pago puntual. Y estos pueden mantener o poner en vigor disposiciones legales y reglamentarias que sean más favorables para el acreedor que las disposiciones de la Directiva.
Las nuevas medidas son facultativas para las empresas, en la medida en que adquieren el derecho a actuar, pero no están obligadas a hacerlo. En algunas circunstancias, las empresas pueden mostrarse dispuestas a ampliar varios días o semanas el plazo de pago para mantener una buena relación comercial con un cliente concreto. Ahora bien, las nuevas medidas son obligatorias para las autoridades públicas. Estas deben dar ejemplo y demostrar su fiabilidad y eficiencia cumpliendo sus contratos.
Sólo queda concluir: a ver si es verdad y los políticos europeos se ponen las pilas...
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
