Comienza a entenderse la desesperante lentitud que la titular del Juzgado 35 de Madrid imprimió a las imputaciones contra Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual

Gemma Gallego, titular del juzgado de Instrucción 35 de Madrid ha sido nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La prensa socialista recuerda que es la juez del ácido bórico, por la sencilla razón de que llevara la contraria a Baltasar Garzón en el caso del ácido bórico, ligado al 11-M.

Ahora bien, Gallego lleva también el caso Aerolíneas, que conlleva la imputación por delito fiscal, estado procesal y desvío de fondos públicos de los dos propietarios de Marsans: el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el presidente de Marsans, Gonzalo Pascual (antes de Spanair). Los dos próximos al PP aunque también protegidos en el PSOE por su amistad de muchos años con el hombre que les regaló Marsans: el ex ministro socialista Javier Gómez Navarro, hoy al frente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y hombre desconfianza del presidente Zapatero para todo tipo de operaciones empresariales, además de personaje de confianza de la familia Polanco.

Gallego no ha llevado mal la instrucción, pero nadie entiende cómo no la ha cerrado ya: tiene ya todas las pruebas sobre la estafa de Pascual y Ferrán en el concurso de acreedores, un informe de la Agencia Tributaria que concluye que Ferrán y Pascual dejaron de pagar 100 millones de euros en impuestos a Hacienda, a pesar de que el Gobierno Aznar les regaló ARSA y encima les dio 758 millones de dólares para renovar la empresa, que ahora ha sido rescatada, en quiebra, por el Gobierno argentino.

Pues bien, con todos esos datos, Gallego no cierra la instrucción, a pesar de los requerimientos del abogado de la acusación, Rafael Caro.

Ahora se entiende.