Sr. Director:
Si alguien piensa que la Junta y la Universidad de Extremadura únicamente se dedican a promocionar fotografías pornográficas y blasfemas, se equivoca.
La llamada "recuperación de la memoria histórica" forma parte de un proyecto que nada tiene que ver con la historia a no ser su empleo como arma de un combate caracterizado por frecuentes episodios de pobreza conceptual, deterioro moral, agresividad y eliminación de toda voz discordante.
Estamos en período pre-electoral y a los socialistas extremeños les hacía falta un titular como los publicados en la prensa regional del 26 y 27 de marzo: "Badajoz sufrió 12.000 ejecuciones durante la guerra civil". El rigor académico de algunas de las investigaciones a las que alude D. Julián Chaves, profesor titular de Historia Contemporánea, están muy por encima de su utilización al servicio de una estrategia de partido por lo que, sinceramente, lamentamos que el trabajo de muchos jóvenes historiadores sufra esta distorsión que dejará marcada para siempre su trayectoria profesional.
Que la provincia de Badajoz fue una de las más afectadas por las ejecuciones que tuvieron lugar durante la pasada Guerra Civil Española es algo que ya documentó acertadamente Salas Larrazábal en 1977 y que guarda relación con la ofensiva revolucionaria que aquí se sufrió. Un siglo de liberalismo dio al socialismo y ambos llevaron a nuestra región a un paroxismo del que se empezaría a salir muy lentamente gracias a la política de dignidad nacional, regeneración moral y progreso materia promovida por Francisco Franco.
De los trabajos históricos a que nos referimos únicamente cabe esperar una mayor precisión en lo que al número de víctimas se refiere y, sobre todo, un avance en su explicación historiográfica al margen de prejuicios ideológicos. En todo caso, al avivar artificialmente el debate sobre los muertos, se pretende demostrar mediante la abultada disparidad de las cifras debida a la represión en los dos bandos que el Gobierno frentepopulista se habría visto desbordado por la actividad de incontrolados mientras que en zona nacional y en la posguerra eran las propias autoridades quienes dirigían una acción represiva que adquirió caracteres de exterminio. Así, en la línea del periodista Peter Weyden, José Fontana hace de lo que él llama las sangrientas matanzas de Badajoz un anticipo de Auschwitz.
Habrá que esperar a que se haga público el resultado de unas investigaciones que, incomprensiblemente, se retrasan durante años para comprobar si detrás de cada una de esas cifras hay un nombre y un apellido o, si como ocurre en otras muchas ocasiones, se atribuyen a la represión causada por los sublevados numerosas víctimas que en realidad se deben a otras causas por lo que los balances finales no pueden aceptarse. Esto es algo que han practicado de manera poco escrupulosa Francisco Moreno Gómez y Francisco Espinosa Maestre para los casos de Andalucía y Extremadura. El primero de ellos suele basarse en cálculos, misteriosos informes, o en las exageraciones de lo que él llama la "opinión pública" para atribuir más de nueve mil muertos a la represión nacional en la provincia de Córdoba mientras que Espinosa mezcla las continuas invectivas y juicios peyorativos hacia cualquiera que no comparte sus radicales puntos de vista con unas listas en las que se mezclan con las verdaderamente causadas por la represión nacional muertos con anterioridad a la fecha en que se ocuparon las poblaciones, víctimas izquierdistas como las producidas en Azuaga y Monesterio durante los enfrentamientos sostenidos el 19 de julio entre los revolucionarios y fuerzas de orden público, bajas de bombardeos y explosiones, asesinados por los frentepopulistas, miembros del Ejército nacional muertos en acción de guerra, nombres repetidos con ligeras variantes y, por último, en localidades donde hubo combates de relieve, las muertes correspondientes al día de lucha se incluyen en su totalidad como si fueran a causa de la represión; esto nos llevaría al absurdo de tener que admitir que no fue inscrita ninguna baja ocasionada en acción de guerra... Basta citar el caso de Juan Blanco Platón, una de las víctimas de la represión que añade Espinosa Maestre para incrementar las cifras de la capital aunque un Edicto del Juez de Instrucción de Badajoz permite comprobar que falleció «a consecuencia de las lesiones que se originó al caerse de un carro» y por eso se cita a sus más próximos familiares «al objeto de prestar declaración y ofrecerles el procedimiento de dicha causa».
12.000 es una cifra redonda con la que se pretende superar las no menos arbitrarias que se han dado para otros lugares; subirá o bajará según les interese a sus promotores. Pero no es esa la cuestión. En un mitin celebrado en la plaza de toros de Badajoz el 18 de mayo de 1936, el diputado comunista por Sevilla Antonio Mije amenazó a los enemigos del Frente Popular en términos muy claros:
«Yo supongo que el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente desde esta mañana al ver cómo desfilan por las calles con el puño en alto las milicias uniformadas; al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de jóvenes obreros y campesinos, que son los hombres del futuro Ejército Rojo [...]. Este acto es una demostración de fuerza, es una demostración de energía, es una demostración de disciplina de las masas obreras y campesinas encuadradas en los partidos marxistas, que se preparan para muy pronto terminar con esa gente que todavía sigue en España dominando de forma cruel y explotadora» (Claridad, Madrid, 19-mayo-1936).
Es decir, que en la primavera de 1936, a la "burguesía" de Badajoz (o sea, a todos aquellos que no formaban parte del Frente Popular) les bastaba asomarse a la calle o leer un periódico socialista para contemplar el embrión de un verdadero ejército que se preparaba «para terminar con esa gente». Gente que, desde 1931, sabía muy bien lo que significaban aquellas palabras porque había tenido ocasión de comprobarlo en sucesos como el brutal linchamiento de cuatro guardias civiles en Castilblanco, los asaltos, incendios y saqueos de propiedades, la intentona revolucionaria de diciembre de 1933 en Villanueva de la Serena, el asesinato del primer falangista en Zalamea, la huelga campesina de junio de 1934 abortada por Salazar Alonso desde el Gobierno, la manipulación de los resultados electorales en la provincia de Cáceres en febrero de 1936 o las violencias alentadas por alcaldes como el llamado Pepe el fresco desde su feudo de Zafra. En todo caso, el tiempo habría de demostrar que el corazón de aquellos burgueses todavía palpitaba con la suficiente normalidad como para no asistir pasivos a su propio exterminio.
Esta es la tragedia histórica que el Partido Socialista extremeño quiere ocultar y, para eso, necesita 12.000 muertos. Si no existen… la realidad nunca ha sido problema para unos dirigentes políticos que nos invitan a diario a instalarnos en una existencia virtual en la que se dan la mano la pornografía y la mentira. La sombra del Consejero Muñoz es alargada.
Angel David Martín Rubio
jie@ono.com]
