El Tribunal de Cuentas (TC) acaba de hacer público su informe de auditoría sobre las cuentas de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en el 2001. Como saben, el TC es un órgano muy profesionalizado, altamente independiente, pero un pelín lento. Sus informes son siempre muy relevantes, pero muy tardíos. En esta ocasión, hace públicos los resultados de la auditoría de 2001 cuatro años más tarde, aunque el informe está fechado el 29 de abril de 2004. Venga usted mañana.
No obstante, sus recomendaciones probablemente siguen teniendo validez. El TC recomienda a la CMT que implante una contabilidad analítica que permita conocer los costes que generan los servicios y actividades que constituyen el hecho imponible de los tributos gestionados por la CMT. Se trata de tener información suficiente para poder ajustar las tasas a los costes derivados de la actividad, para que efectivamente las tasas sean lo que son: los ingresos necesarios para cubrir los gastos derivados de la actividad. "De esta manera se cumpliría con el principio de equivalencia que debe de regir en la exacción de los impuestos".
Además, el TC emite algunas recomendaciones de carácter gerencial. No se trata pues de una mera auditoría financiera, sino también legal y procedimental. Considera por ejemplo, que la CMT "debería de promover la exactitud de los datos contenidos en los registros censales", estableciendo mecanismos que aseguren la actualización constante de los datos de los operadores inscritos en los mismos.
Más: el TC considera que la CMT debería de realizar la llevanza de los Registros Oficiales en soporte de papel "cumpliendo con los aspectos formales que establece la normativa que los regula" y con independencia de que en paralelo se lleven los registros en soporte informático. Más papel, Manuela.
Por otra parte, el TC considera que la CMT debería de coordinar sus procedimientos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología (en concreto con la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones) "con objeto de actuar adecuadamente en la denuncia de conductas contrarias a la legislación de ordenación de las telecomunicaciones". Esto último es lo que más llama la atención, porque se supone que la CMT debería de ser un órgano independiente del Ejecutivo. Y al menos, si no lo es, debería de parecerlo. Que desde el TC se inste a una mayor coordinación supone no haber entendido el carácter independiente de las comisiones de control. Algo así como si el TC tuviera que coordinarse con el ministerio de Economía. Claro que el traslado de la sede de la CMT a Barcelona ha puesto en evidencia la ausencia de independencia -ni siquiera organizativa- de la CMT.
Y por si fuera poco, la CMT sugiere que esa coordinación entre CMT y ministerio podría permitir una mayor eficacia en instar -en su caso- la actuación de los órganos de defensa de la competencia. Puntilla, porque desde la CMT se ha defendido su competencia para dirimir las cuestiones relativas al mercado de telecomunicaciones. Derivar al Tribunal de Defensa de la Competencia es perder facultades. Porque si los problemas en el mercado de las telecomunicaciones son de competencia, la CMT es un organismo redundante. El asunto está en debate y probablemente, el TC no debería de habarse metido en semejante jardín.
