El fraude fiscal es uno de los asuntos estrella de la agenda del PSOE en periodo electoral. El ex director del Servicio de Estudios del BBVA y hoy asesor económico del PSOE, Miguel Sebastián, lanzó el primer dardo. El Ministerio de Economía respondió con un informe en que se detallaba que la cifra de inspecciones y de "alcances" se ha visto incrementada en el 2003 respecto al año anterior.
Pero, entonces, la Asociación de Inspectores Fiscales, presidida por Ignacio Fadón, volvió al ataque y afirmó que "no había voluntad política para luchar contra el fraude sofisticado". Por si no había quedado claro, el brazo mediático del principal partido de la oposición sigue prestando sus megáfonos a esta asociación profesional politizada.
¿El mensaje? Muy fácil: Hacienda somos todos, pero algunos más que otros. Los trabajadores por cuenta ajena, más; los profesionales y grandes empresas, menos. O sea, lo de siempre. Pero hete aquí que llega el prestigioso y riguroso Tribunal de Cuentas (TC) y se suma al festival del apaleamiento. Dice el TC que el control tributario es débil. Montoro no sabe o no contesta, preocupado por su futuro profesional y por diseñar un IRPF electoralmente atractivo que garantice la suficiencia financiera. Pero Hacienda somos todos.
