La LPI es muy clara, afirma que la propiedad intelectual de una noticia corresponde al periodista no a la empresa editora. Sin embargo, la secretaria general técnica del Ministerio de Cultura, Concepción Becerra dice que donde la ley dice autor debe interpretarse como editor. Los grandes editores amenazan con llevar a los tribunales a las pequeñas empresas de clipping
El martes 25 de julio, Concepción Becerra, secretaria general técnica del Ministerio de cultura, hombre de confianza de la ministra Carmen Calvo, se ponía en contacto telefónico con Carmen Santos, presidenta de AESIP, la asociación que reúne a las empresas especializadas en resúmenes de prensa. Becerra quería lanzarle un mensaje muy claro. Concretado en las siguientes palabras: donde la ley dice autor tienen ustedes que leer editor. Becerra se refería a la nueva ley de propiedad intelectual, aprobada un mes atrás por el Congreso y promulgada en el BOE. Continúa siendo uno de los grandes misterios parlamentarios cómo es posible que una ley apoyada por las direcciones de los dos grandes partidos, PSOE y PP, con la presión de todos los grandes grupos editores, acabara justo en lo contrario de lo que empezó siendo. Es decir, que la redacción final constituyó toda una bofetada para los poderosos: la norma concluye, artículo 32 que la propiedad intelectual de las noticias de prensa no corresponde al editor sino al autor, es decir, al periodista.
Si uno lo piensa con detenimiento, no parece muy ilógico que los derechos de autor pertenezcan a autor como su mismo nombre indica. Y sin embargo, en el Gobierno se preguntan quién fue la mano negra que introdujo tal enmienda y privó a los grandes editores de la oportunidad de usurpar unos derechos que en ningún caso le correspondían. Han sido tantas las presiones de los Prisa, Vocento, Unedisa, etc., que habría que hacerle un monumento al infiltrado parlamentario. No sólo se burló de los amos de la información sino de los intereses del propio Gobierno.
Simplemente los Polanco, Pedro J. Ramírez, Bergareche, etc han decidido no cumplir la ley. Así, los lectores de la prensa española, especialmente de las cabeceras correspondientes a grandes grupos editoriales, pueden leer interesantes amenazas lanzadas negro sobre blanco. En ellas, de una u otra manera, se advierte a las empresas que realizan resúmenes de prensa (clipping) que se abstengan de hacerlo si no quieren atenerse a las consecuencias. Y como quien hizo la ley hizo la trampa, el bufete de abogados de Uría y Menéndez ha proporcionado la coartada intelectual a la curiosa lectura que realizan los editores. Según el inefable despacho de abogados, del que ha surgido toda la locura reinante en España en materia de propiedad intelectual, un periódico es una obra colectiva, razón por la cual el propietario de una noticia, un artículo o una crónica no es el periodista que la escribe sino el editor que la comercializa. Por tanto, quien quiera resumirla, cotejarla, clasificarla, seleccionarla, interpretarla o masticarla debe pagarle al editor, no al autor. Quien hizo la ley hizo la trampa, pero, en este caso, más bien parece que el responsable de cumplir esta ley la traduce según su conveniencia.
Y todo ello puede ser grave pero nunca tan grave como la actitud de la máxima responsable del Gobierno Zapatero en materia de propiedad intelectual, la precitada Concepción Becerra. Para apoyar a los poderosos editores, Becerra simplemente afirma que donde dice autor debe decir editor. Y aquí paz y después gloria.
Esto es, la ley da cuatro meses para instrumentar el canal según el cual quien utilice una información de prensa debe satisfacer económicamente al autor que la realiza. Es la tarea propia de un Gobierno es un Estado de Derecho, aplicar las leyes. El Ministerio de Cultura hace justo lo contrario. Los grandes beneficiados, los editores se aprovechan de ello y amenazan entre las páginas de sus medios con llevar a los tribunales a las empresas de clipping que se atrevan a seguir con su actividad. Naturalmente, en estas amenazas se oculta pudorosamente el hecho de que el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ya les dio la razón a los clippineros y se la quitó al conjunto de editores unidos en Gedeprensa.
El incumplimiento flagrante de la Ley por parte del Gobierno ¡de su propia ley!- y las mentiras de El País, ABC, La Vanguardia etc. basan su desfachatez en un traidor existente en el bando contrario. Se trata de la empresa Acceso, que lleva años intentando llegar a un acuerdo con los editores para poder monopolizar la actividad de clipping en España. ¿Por qué Acceso tira piedras si no contra su propio mercado sí contra el conjunto del sector económico en el que se ubica? Pues muy sencillo : Acceso es propiedad de Mediaplanning, el grupo liderado por Leopoldo Rodés, consejero de Sogecable y hombre de confianza de los hermanos March.
Por cierto el Estatuto del periodista catalán también deja claro que los derechos de autor son propiedad del autor. La doctrina está cundiendo.
