Los jueces tenían una remuneración sobre resultados. Una especie de plus de productividad que suponía cerca de un 5% de su remuneración. El Supremo entendió -con razón- que la productividad de los jueces no se puede medir por el número de sentencias dictadas, porque los jueces no dictan sentencias como churros. No es lo mismo un caso que otro. La calidad de la Justicia se puede ver claramente modificada.
Así que los jueces piden que esa cuantía que estaba ya reconocida en los presupuestos se reparta de manera lineal entre todos los jueces. Bermejo se niega con el argumento de que el reparto lineal violaría el espíritu del bonus de productividad. El resultado final es que la remuneración de los jueces se ha visto recortada en un 5%. Y no son precisamente los profesionales que más cobren. Tampoco los funcionarios que más cobran.
No sólo eso, sino que Bermejo se manifiesta abierto a hablar y negociar con los jueces en todos los temas menos en el remunerativo. En situación de crisis, no es el momento para ese tipo de reivindicaciones. Los jueces comparten el criterio, pero quieren que la Mesa de remuneraciones trate el asunto con un horizonte temporal de 10 años, porque en la última década, la pérdida del poder adquisitivo de los jueces ha sido del 25%. En todo caso, como ya hemos informado, el asunto económico no es el más relevante ni el que ha levantado las iras de los jueces. Los jueces se han levantado en defensa de la independencia del poder judicial, seriamente amenazado por el Ejecutivo Zapatero y por su ministro Bermejo, considerado por los jueces como el más sectario y con mayor voluntad de ingerencia.
Y entonces entra en acción el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, y mete la pata hasta las corvas. Empezó bien, diciendo que los jueces pedían medios y que tenían toda la razón en sus quejas. Luego aseguró que no podía apoyar la huelga y que si pretendían llamar la atención ya lo han logrado, comentario que seguramente no será del agrado de la carrera judicial. Eso sí, luego trató de arreglarlo advirtiendo que actitudes como la del ministro de Justicia y el presidente del Gobierno no hacen más que incrementar la tensión y la desconfianza. No deja de tener su gracia que se pidan responsabilidades a quien carece de medios y mantenga a una ministra (en alusión a Magdalena Álvarez) que maltrata a los españoles por tierra, mar y aire.
En cualquier caso, Zapatero ha pedido al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que abra una mesa de negociación. Pero en Moncloa saben que la actitud chulesca habitual en el titular de justicia le impide llegar a un acuerdo con la judicatura. Por eso, ZP ha hecho que la vicepresidenta primera, Fernández de la Vega, salga a la palestra y tome las riendas, con tal de evitar un paro que, unido a la crisis económica, revelaría un secreto bien guardado: la opinión pública no está con Zapatero.
