Las labores de coordinación entre el ministerio de Sanidad y las consejerías están dando sus frutos. Uno de los pocos efectos positivos de la gripe A es que esa coordinación ha derivado en que las CCAA han cedido a la Comisión Nacional de Salud la definición de los calendarios de vacunación de la gripe estacional. Un paso adelante para evitar la ruptura del espacio sanitario como consecuencia de los traspasos de competencias. Un ejemplo de responsabilidad, según la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.
Sin embargo, Jiménez no aprovechó su comparecencia parlamentaria para informar sobre sus estimaciones de mortalidad. El ministerio dispone de modelos y de estimaciones, pero ha optado por no entrar en cifras específicas. ¿Y la transparencia? ¿Y ese compromiso del gobierno de facilitar a los ciudadanos toda la información que dispongan porque al fin y al cabo son sus legítimos propietarios? Todo quedó en un bla, bla, bla.
Por lo demás, la ministra insistió en que el Gobierno pondrá a disposición de las CCAA todo lo que sea necesario. Por supuesto, la compra está centralizada por el Estado y las CCAA pagarán después. ¿Pagarán después de escuchar a la Trini en la tarde de este lunes. Todo, menos las vacunas, que quizás lleguen en septiembre y estén disponibles en octubre, una vez que hayan sido autorizadas por la agencia europea del medicamento. ¿El coste? El sabido: 264 millones de euros, repartidos entre Novartis (22,5 millones de vacunas) y Glaxo (14,77 millones). Son los grandes beneficiarios de la gripe A.
Por último, el Gobierno sigue sin definir cuáles serán los grupos de riesgo. Señala que los menores de 14 años serán vacunados y al parecer no lo serán las personas de tercera edad, menos afectos a la gripe. Los que sean necesarios. ¿Pero no estaban tasadas las vacunas? Seguimos sin información. Ni una novedad, salvo que serán vacunados los menores.
