Hacienda puede quedarse sin cobrar 85 millones de euros para no molestar al presidente del SCH. Sin embargo, se está persiguiendo a los clientes del Santander apartados del caso. Emilio Botín se sentará en el banquillo para escuchar el testimonio de 200 testigos. El caso de las cesiones acredita el control que los dos grandes bancos españoles poseen sobre los medios informativos. La prensa internacional, mucho más agresiva con el cántabro que la española
La Hacienda española se puede quedar sin cobrar 85 millones de euros (sin contar las posibles sanciones y recargos, que podrían multiplicar esa cifra por más de seis), si el abogado del Estado no se persona en el caso de las cesiones de crédito, que se sigue en la Audiencia Nacional, y por el que se acusa a Emilio Botín y a otros altos cargos del Santander Central Hispano (SCH) de 38 delitos contra la Hacienda pública. Es más, la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC), que lleva la acusación particular en el caso, ha remitido en la mañana del jueves 7 un escrito a la Fiscalía solicitando explicaciones sobre la inhibición del Gobierno Zapatero.
La otra acusación procede del partido político Iniciativa per Catalunya. Su diputado Joan Herrera ha peguntado al Gobierno Zapatero si el abogado del Estado iba a personarse en la causa, dado que la jueza Teresa Palacios, tras un periodo de instrucción de 13 años, ha ordenado la apertura de juicio oral. Pues bien, el Ejecutivo debía haber respondido a la pregunta de Herrera antes del 23 de septiembre, y todavía no lo ha hecho. Izquierda Unida participa en el Gobierno Tripartito catalán en alianza con los socialistas y con ERC. Pues bien, su representante, el diputado Herrera, afirmaba el jueves que su grupo se sentiría profundísimamente defraudado la personación es la única respuesta que le vale a Izquierda Unida, si el Partido Socialista continúa la misma tónica del Partido Popular: Apoyar a Botín. Hay que recordar que Teresa Palacios ha realizado una instrucción del caso de las cesiones contraviento y marea. Contra el viento de la propia Hacienda pública, que renunciaba a cobrar lo que en principio le corresponde, y contra la marea del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, que afirmaba que no había delito y que, una y otra vez, exigía el sobreseimiento del caso.
No sólo eso. El nuevo fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó que se retomarían todos los casos abiertos. Es más, en una respuesta a una petición formulada por la precitada asociación ADIC, Conde-Pumpido daba a entender que la Fiscalía intervendría, y en dirección bien opuesta a Fungairiño, cuando se abriera una nueva etapa procesal. Es decir, ahora que comienza el juicio oral.
Pero aún hay más. Teresa Palacios acusaba a Emilio Botín y a la cúpula del Santander de la comisión de 138 presuntos delitos fiscales. Cuando elevó su dictamen a la sala correspondiente de la Audiencia Nacional, los magistrados mantuvieron la acusación de Palacios, aunque, por razones formales, redujeron los casos de 138 a 38.
Pues bien, se da la circunstancia de que el Estado sí que está actuando (así se ha confirmado en un caso que se sigue en Zaragoza) en los cien casos de delitos fiscales de los que no se acusa al Santander. O como decía uno de los abogados que trabaja en el sumario, si delinques con Botín, el Estado se inhibe; si delinques tú solito, el Estado te persigue.
En otras palabras, lo que está en solfa es, si, como ocurriera en el caso de las primas únicas de La Caixa, el Gobierno de la nación (tanto popular como socialista) se alía con los poderosos o se mantiene firme ante ellos. El hecho de que el Gobierno incumpla los plazos parlamentarios y se niegue a responder a la pregunta planteada por el diputado Herrrera, hace sospechar en una alianza entre los socialistas de Zapatero y Emilio Botín.
Volviendo al juicio. Es posible que el juicio oral no se abra antes del próximo mes de febrero, habida cuenta de los escasos medios de los que dispone la Audiencia Nacional. Botín va a ser juzgado por la Sección Primera de la Sala I de la Audiencia Nacional presidida desde hace un par de meses por el magistrado Javier Gómez Bermúdez. Estamos hablando de una vista que puede durar un año (hay solicitados más de 200 testigos), lo que puede tener ocupado al presidente del Santander no menos de tres días por semana escuchando las acusaciones de unos titulares de un producto del banco que se consideran engañados por la entidad. Es lo que los juristas clásicos llamaban pena de banquillo, o exposición permanente como protagonista de un espectáculo poco deseado. El asunto es si Emilio Botín va a soportar esa tensión al tiempo que dirige el mayor grupo financiero español, ahora mismo pendiente de una OPA al británico Abbey National.
De cualquier forma, la reacción de los medios informativos españoles, tanto de información general como especializados en economía, no demuestran sino el control que los dos grandes bancos, SCH y BBVA, tienen sobre los grandes grupos multimedia, especialmente a través de la inversión publicitaria. En la interpretación del auto de la jueza Palacios, la prensa internacional ha sido muchísimo más dura con Emilio Botín que la española, sobre todo, los diarios norteamericanos. Lo que no deja de posibilitar un estupendo análisis sociológico. A través del caso Botín, vamos a comprobar si el partido Socialista es un partido de izquierdas y si los medios informativos saben mantener su independencia ante el poder del dinero.
