Sr. Director:

En estos días de inicio del curso escolar se han dado a conocer varios casos de alumnos que, para acceder a un determinado centro privado concertado, han sido censados en un lugar en el que no residen, con el consiguiente fraude. Inmediatamente, los que, de acuerdo con la ley, han quedado excluidos han emitido la correspondiente protesta. Sin embargo, no se ha llegado a exponer el fondo del asunto y es el siguiente: hay menos plazas concertadas de las demandadas por la población, lo cual hace que, por no residir en el barrio donde está el colegio que uno quiere, no se pueda uno matricular en el mismo.

A mi modo de ver, esto no es de difícil solución: o se conciertan más unidades, subvencionando en su caso la ampliación de las instalaciones en tanto sea posible; o se instaura un sistema de cheque escolar para que sean los colegios lo que oferten tantas plazas como puedan, descontando los cheques, que el Estado daría a los padres, en Ministerio de Hacienda. Cualquiera de los dos sistemas es bueno para que los contribuyentes tengan libertad de elegir el centro.

Sin embargo, nuestros políticos prefieren construir escuelas estatales, obligando a quienes las pagan a llevar a sus hijos a ellas en contra de su voluntad, de modo que a los hijos los educa el Estado como decide el político, con la consiguiente merma de derechos familiares. El problema de fondo pues, es una patológica desconfianza de nuestros políticos (especialmente los de izquierdas) hacia la escuela de iniciativa social que se cifra en un ilegítimo intervencionismo que al final deriva en lo que vemos: pagas para que otro decida por ti. O lo que es igual, que sólo tienen libertad real los que se pueden costear un colegio privado sin concierto y todo gracias a unos políticos progres que aseguran defender a los pobres (no se a cuáles, la verdad).

Ante tal circunstancia, es preciso que todos los españoles de bien (aunque sean ricos y no les afecte el problema) demanden, usando su derecho de manifestación, la elección de centro, pues, como vemos, ello influye en el decisivo papel de familia y en la libertad. La tramitación de la nueva LOE y las manifestaciones que se convocarán pronto son una buena ocasión para intentar poner fin a este atropello.

Diego Vigil de Quiñones Otero

dvigilotero@hotmail.com