Sr. Director:

En páginas de Diario de Navarra, en su edición del pasado día 16, se publicaba un artículo en la Sección "Cartas de los Lectores" bajo el título "Sí a la Educación para la Ciudadanía". Está suscrito por Doña Carmen Nieto como coordinadora de formación de federación Herrikoa.

Me permito con todo respeto discrepar de lo expresado en dicho artículo en los siguientes aspectos:

Contrariamente a lo que se dice en la carta referida, la nueva asignatura no reconoce verdaderamente la dignidad de las personas, el respeto, la convivencia y la no-discriminación. Y ello desde el momento en que se trata de una materia de imposición obligatoria por Real Decreto emanado del Gobierno de la Nación que conculca así elementales previsiones de la Constitución –norma de permanente referencia en la asignatura- como el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones (art. 27.3 C.E.) en un Estado que consagra el pluralismo como uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico (art. 1 C.E).

Se afirma también en la carta que EpC aborda la participación y representación en el Centro escolar. Sin embargo, no es que lo aborde, es que lo desborda invadiendo abiertamente un campo reservado constitucionalmente a los padres y madres como es la libertad en la educación de sus hijos de acuerdo con los propios principios, valores y convicciones.

Asimismo dice el artículo reseñado que la Administración se ha hecho eco, con la implantación de esta asignatura, de una demanda social: la de educar, y no sólo enseñar, en los centros escolares. Este argumento cae por su inconsistencia: nadie medianamente sensato puede pensar que hasta el año 2007 nuestros hijos han sido solamente "enseñados" y no "educados". Incluso desde un punto de vista terminológico, hablamos de la Consejería de Educación, el Ministerio de Educación, los centros educativos, etc.

A los padres y madres nos resulta difícil entender la repentina e imperiosa necesidad de implantación unilateral (lo de la demanda social es muy discutible y antes de esas supuestas demandas hay muchas otras y más preocupantes) de una asignatura de carácter obligatorio, evaluable y con unos contenidos mínimos taxativamente establecidos en el Real Decreto que la regula.

En el fondo, con estas actuaciones se está olvidando algo mucho más importante y, por otra parte, obvio: el carácter educacional de toda la actividad desarrollada en los Centros escolares; desde el proyecto educativo hasta el ideario del centro, pasando por la participación directa en el mismo de padres, profesores y alumnos, así como los métodos de enseñanza, las actividades extraescolares, la consideración de la persona como eje central de la educación (alumnos, padres y profesores), el mismo hecho de impartirse muchas otras materias, etc. Es que todo esto y mucho más que se ha venido haciendo, ¿no forma parte esencial de la educación de los hijos? ¿Alguien se cree que ha sido necesario inventar una asignatura que cumpla la insustituible función de todo este elenco de actividades?

Es legítimo defender la existencia de la asignatura, pero con razones verdaderamente creíbles, no con el erróneo fundamento de que hasta ahora sólo se ha "enseñado" a nuestros hijos. De hecho, las razones se encuentran fácilmente con una simple lectura del texto del Real Decreto regulador de la nueva materia, cuando afirma que ésta persigue "contribuir a la construcción de una conciencia moral cívica" (sic). Aun con estas afirmaciones recogidas en la norma, hay quien se atreve a decir que con ello se conseguirá "alejarse de adoctrinamientos".

Hay que tener presente que un Real Decreto es susceptible de derogación por cualquier Gobierno que esté en el poder, ya sea el actual u otro, tenga o no mayoría absoluta en el Parlamento, y por tanto todos –comenzando por nuestros hijos- nos exponemos al caprichoso criterio cambiante del Ejecutivo de turno. Tratar de sustituir la ética personal por una supuesta y nueva "ética común" artificiosamente impuesta por el poder público conforme a su ideología es algo perverso, y para nada posibilita el ingenuo propósito que Herrikoa enuncia entre las bondades de la asignatura: "porque con esta asignatura puedo educar a mis hijos en los valores religiosos que tengo…" ¿De verdad quieren eso? Lamentablemente, la EpC conseguirá todo lo contrario, y no parece estar concebida para tan respetable propósito. No hay que olvidar, por otro lado, que el Gobierno que ha impuesto esta materia es el mismo que quiso suprimir la Religión como asignatura, y que sólo ante la contestación social la limitó a una disciplina a cursar con carácter voluntario y nunca evaluable, además de reducirla en sus horas lectivas semanales.

Si todo esto es una de las nuevas conquistas de derechos del "progresismo de salón" gubernamental que nos pretende ahora decir qué es el bien y el mal, con perdón para los laicistas, que venga Dios y lo vea.

Nicolás Iribas Sánchez de Boado

n-iribas@terra.es