El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, tenía preparado un buen discurso para hundir al PP en su línea de flotación. Según él, las propuestas contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial no sólo no son contrarias a la Constitución, sino que desarrollan previsiones constitucionales. Lo mismo podría decirse en relación al capítulo judicial del Estatut, que Aguilar considera claramente constitucional. Nos ahorraríamos muchos debates si el PP se leyera antes los textos, señaló en varias ocasiones. La primera en la frente.
Y es que según Aguilar la consideración del Supremo como órgano máximo jurisdiccional en cada CCAA y al Supremo como unificador de doctrina es una previsión del artículo 152 de la Constitución. Y es que efectivamente el art.152 establece que Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. Sin embargo, el 123 también añade que Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.
Pero el art. 123 establece el perjuicio : El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Es decir, que la misma Carta Magna resulta contradictoria en este punto.
Aguilar también considera constitucional la creación de poderes judiciales autonómicos. Eso sí, siempre sin perjuicio del CGPJ. ¿Cómo? Pero la crítica más dura hacia el PP viene cuando el ministro afirma que los populares critican las previsiones judiciales del Estatut catalán cuando aplauden y apoyan las mismas previsiones en el Estatuto valenciano. Y es que la enfermedad autonomista no tiene color político.
