Todo el caso Aerolíneas descansa sobre la jueza Norma Beatriz Di Noto, titular del Juzgado número 15 de Buenos Aires. Es la jueza que admitió una quita del 60% en el concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas y la misma que tendrá ahora que dictaminar si dicho concurso fue legal o no. No olvidemos que los acreedores minoritarios han denunciado por fraudulento este concurso de acreedores y afirman que benefició a SCH, BBVA, Repsol YPF y la propia SEPI, que privatizó Aerolíneas y se lo cedió al Grupo Marsans con una subvención de 754 millones de dólares.
El asunto ha supuesto un enfrentamiento entre los Gobiernos español y argentino, enfrentamiento explícito en tiempos de José María Aznar y tácito ahora, con Zapatero, dado que los argentinos se sienten ninguneados por un Partido Socialista que les dio cuerda en la oposición, y ahora, en el Gobierno, no quiere saber nada de Aerolíneas.
Pues bien, la jueza Di Noto va a ser demandada por otro caso muy similar al de la compañía de bandera argentina: el acuerdo preventivo de acreedores de la Sociedad Comercial del Plata, perteneciente al Grupo Soldati, uno de lo más importantes de Argentina. El dictamen de la fiscal Alejandra Gils cuestiona el acuerdo de acreedores de la Sociedad Comercial del Plata y afirma que dicho acuerdo de acreedores es fraudulento por lo que remite el caso a la instancia penal. Naturalmente, si Norma Beatriz Di Noto tuviera problemas con el caso de la Sociedad Comercial del Plata, toda su actuación en el caso Aerolíneas quedaría sin efecto. Una mala noticia para el Grupo Marsans, liderado por Gonzalo Pascual, y para la propia SEPI, presidida por Enrique Martínez Robles.
