• Está en juego el 21,38% de la electricidad generada en España, que depende de renovar la vida útil de las centrales.
  • Los permisos de Almaraz y Vandellós vencen en 2020; Ascó y Cofrentes, en 2021 y Trillo, en 2014.
  • O sea, está en juego el futuro de las cinco centrales y los siete reactores (Almaraz  y Ascó tienen dos en activo).
  • El Gobierno recauda 2.200 millones por la actividad nuclear, casi 300 millones por "impuestos específicos".
  • Galán echó un pulso al ministro de Energía y Nadal no ha logrado apoyos ni de Fainé ni de Borja Prado.
Las tres eléctricas españolas, Ibedrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, tienen muy claro que el futuro de las cinco centrales nucleares depende, por un largo tiempo, de los permisos para alargar su vida útil más allá de los 40 años, pero también de lo que quieran hacer los propios accionistas en función de sus cálculos de negocio. Y en esas están en tablas, de momento, con el ministro de Energía, Álvaro Nadal. Muy resumido: lo que han dicho a Nadal es que o retira el impuesto extra del 7% que impuso la reforma Soria, como "impuesto a la producción", o no habrá renovación del parque nuclear. Una cosa depende de la otra, en fin, para llegar a un acuerdo. Es la condición. Han hecho sus cuentas y lo que no están dispuestas las tres eléctricas es a funcionar en pérdidas. De modo que está en juego, por doble vía, el futuro de las cinco centrales nucleares que funcionan en España. El problema no está en la mediática central nuclear de Garoña, sentenciada a un cierre sí o sí, sino en el resto, de las que depende, con datos de 2016, el 21,38% de la electricidad generada en España. Las cinco centrales dependen del arreglo en los permisos para que puedan alargar su vida útil más allá de los 40 años (o hasta los 50 o 60). Es uno de los elementos que puede comprometer los actuales permisos de Almaraz y Vandellós, que vencen en 2020, y en menor medida al resto: en los casos de Ascó y Cofrentes vencen en 2021 y el de la central de Trillo en 2014. Cinco centrales en total pero con siete reactores (Almaraz  y Ascó tienen dos en activo). Hay un problema añadido que es el tiempo, que podría acortarse para no convertirlo en insalvable. Nos referimos a estudios que exigen -al menos dos años- y al plazo necesario para mejorar esas infraestructuras. Pero están también los cálculos de los accionistas. Iberdrola y Endesa son los dos principales, pero GNF también juega sus cartas. Paradójicamente, Nadal cerró el debate en el Congreso sobre el cierre de las nucleares a mediados de abril, por la recaudación que garantiza al Estado la actividad nuclear, en torno a 2.200 millones de euros, entre 210 y 280 millones por "impuestos específicos". Si añadimos otros, como el 18% que se lleva Enresa, el 15% por el IPCG (impuesto sobre combustible gastado) y otros cánones o tasas (IBI, etc.), esa cifra supera los 300 millones. Cerró así la Proposición de Ley presentada por Podemos en febrero. Paradójicamente, el argumento de los impuestos ha sido también la mecha con la que prendió la batalla entre el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el ministro Nadal. Galán disparó el dardo en la junta de accionistas al señalar que casi la mitad de todos los ingresos de la energía nuclear se le van en impuestos: si encima me exigen ustedes muchas inversiones para renovar el parque se lo regalo. Todo un órdago. Y ya les explicamos, que en esa guerra, Iberdrola tiene razón: el 45% de los ingresos de las nucleares son impuestos. Desde entonces, el ministro ha intentado, sin éxito, conseguir los apoyos de los otros dos hombres en juego, Isidro Fainé (GNF) y Borja Prado (Endesa). Y a partir de ahí llega el ultimátum: o retira el impuesto extra de Soria o no habrá renovación nuclear. Rafael Esparza