- El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) señala que "pueden constituir ayudas estatales prohibidas".
- Puntualiza que las actividades de enseñanza no subvencionadas por el Estado "parecen revestir carácter económico" al financiarse con el pago de matrículas.
- El caso trata del colegio escolapio La Inmaculada de Getafe que reclamó la devolución del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
- Pero puede sentar jurisprudencia y se suma a las peticiones para eliminar la exención del IBI y los Acuerdos con la Santa Sede.
- Temas muy recurrentes para la izquierda española… que no oculta su cristofobia.
La
Justicia europea se ha sumado al colectivo que busca la
asfixia económica de la Iglesia, tras poner en entredicho sus
exenciones fiscales. En concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (
TJUE) ha señalado que algunas "pueden constituir
ayudas estatales prohibidas".
En la sentencia publicada el martes, el Tribunal comunitario ha puntualizado que las actividades de enseñanza no subvencionadas por el Estado "parecen revestir
carácter económico" al financiarse con el pago de matrículas. Así se ha pronunciado respecto al caso del
colegio escolapio La Inmaculada, situado en Getafe (Madrid), que reclamó la devolución del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (
ICIO) por cerca de 24.000 euros invocando el Concordato con la Santa Sede.
Una solicitud que fue denegada por la autoridad tributaria porque la actividad no era "estrictamente religiosa" y por eso el tema acabó en manos del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, que consultó al TJUE. Eso sí, desde la
Conferencia Episcopal han subrayado que la
Congregación de Escuela Pías, propietaria del citado colegio, abonó el impuesto y que, como siempre, actuarán respetando el ordenamiento jurídico vigente.
Este asunto puede sentar jurisprudencia y se suma a las peticiones para eliminar la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (
IBI) que tiene la Iglesia y poner fin a los
Acuerdos con la Santa Sede, temas muy recurrentes para la
izquierda española… que no oculta su cristofobia. Pero olvida que los partidos, los sindicatos, las fundaciones y las ONGs tampoco pagan el IBI. El último que ha hablado de poner fin al Concordato ha sido
Andrés Perelló, el nuevo secretario de Justicia, Libertades y Nuevos Derechos del
PSOE: propondrá denunciar dicho acuerdo a la Ejecitiva socialista, pues lo considera "obsoleto", según ha informado
Europa Press.
Cristina Martín
cristina@hispanidad.com
