• Consuelo Madrigal subraya que la justicia penal sigue siendo lenta y desordenada, por lo que dicha medida ayudaría a dar agilidad.
  • El fiscal siempre está a favor de la ley y se supone que es más rápido que el juez, pero éste último es el más garantista.
  • Se ha acortado la instrucción, pero queda centrar la importancia en el juicio oral.
  • Y pide más fiscales y funcionarios: en España, hay 0,6 funcionarios por cada fiscal, pero la media europea es de 14 por fiscal.
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal (en la imagen), al igual que el Gobierno Rajoy desempeña su cargo actualmente en funciones. Pero no es lo único en lo que coincide con el PP, pues avala su proyecto de que sean los fiscales quienes instruyan los casos. Una medida que dotaría de agilidad a la Justicia, pero que como señaló el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, es un asunto complejo, que llevará tiempo, pues necesitará de consenso político e implicar a los profesionales. Como saben, Madrigal se convirtió hace trece meses en la primera mujer al frente de la Fiscalía General del Estado. Pero ahora ejerce en funciones, pues se ha dado una de las causas para que finalice su mandato: el cese del Gobierno. La otra causa es que cumpla cuatro años en el cargo, cosa que no sucede, ya apenas lleva uno. Madrigal ha subrayado, en una entrevista para Escritura pública, que la justicia penal sigue siendo lenta y desordenada, por lo que el hecho de que los fiscales sean quienes instruyan los casos ayudaría a dar agilidad. Claro que esta es una de las asignaturas pendientes que el PP no incluyó en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que confiaba poder abanderar si volvía a estar en el Gobierno tras el 20-D. Sin embargo, conviene subrayar que el fiscal siempre está a favor de la ley, mientras el juez es mucho más imparcial. Se supone que el primero es mucho más rápido, pero se considera que el juez es el más garantista. Por tanto, cabe preguntarse si a mayor rapidez, el proceso será igual de garantista o no. Esa es la cuestión. Pero las reformas no acaban ahí. "La justicia penal necesita reformar muchas de sus estructuras", subraya la fiscal general del Estado. Considera que "tenemos normas procesales caducas; la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha tenido muchos parches, pero el conjunto es muy desordenado. Tenemos que acabar definitivamente con el proceso inquisitivo para sustituirlo por un proceso acusatorio puro que nos homologue a la inmensa mayoría de los países del mundo". Hasta ahora, entre otras cosas, se ha acortado la instrucción: seis meses para las causas sencillas y 18 meses para las complejas, prorrogables por igual periodo. Pero faltaría flexibilizar la instrucción, designando a la Fiscalía como encargada de dicho proceso. Así, se podría centrar la importancia del proceso penal en el juicio oral. "No sólo la Fiscalía, la Justicia en general, tiene pendiente que se aborde una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que regule todo el procedimiento penal", añade. Y para todo esto "se necesita pacto, consenso y generosidad por parte de las fuerzas políticas -algo que falta y mucho, tal y como se puede ver en las negociaciones actuales para formar Gobierno-. Claro que también es necesario contar con los profesionales. Madrigal ha aprovechado la entrevista para pedir más fiscales y funcionarios, pues en su opinión falta personal de apoyo. Y es que en España, hay 0,6 funcionarios por cada fiscal, pero la media europea es de 14 por fiscal. Además, aboga por la independencia judicial: "no es lo frecuente, pero es importante que las Fiscalías, como otros órganos del Estado, queden al margen de la contienda política". Cristina Martín cristina@hispanidad.com