Como informó Hispanidad, tras la reunión del miércoles entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, se acordaron, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, nuevas medidas para luchar contra el Covid-19. Pero no todas las comunidades aprobaron esas actuaciones: Madrid, Andalucía, Cataluña, Galicia y Ceuta las rechazaron. Murcia (gobernada por el PP) se abstuvo. Pero Castilla-León, gobernada también por el PP, votó a favor de esas nuevas medidas.

El presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, decía ayer: "Nosotros consideramos que las medidas que pone encima de la mesa el Gobierno son importantes, son interesantes". Pero le pedía a la vez que apueste por el diálogo y por el entendimiento para llegar a un acuerdo con todas las Comunidades Autónomas.

No obstante, hay que destacar la división de opiniones entre las comunidades del PP respecto a esta cuestión. ¿Marejada interna en el PP?

Volviendo al relato de los acontecimientos, también ayer, jueves, el 'moderado' ministro de Sanidad, Salvador Illa, publicaba en el BOE una orden ministerial que obligaba a todas las comunidades autónomas a cumplir dichas normas. “Este acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”, rezaba el BOE.

El recurso señala "el perjuicio que se deriva como consecuencia de la invasión de competencias" que ha supuesto la orden del Ministerio de Sanidad

Ante ello, la Comunidad de Madrid ha presentado este viernes un recurso ante la Audiencia Nacional en el que solicita como medida cautelar la suspensión de la resolución de Sanidad. El recurso señala "el perjuicio que se deriva como consecuencia de la invasión de competencias" que ha supuesto la orden del Ministerio de Sanidad, "mediante una utilización torticera" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Además, adjunta un informe de la Consejería de Hacienda en el que señala que el impacto de las nuevas restricciones de Sanidad para el 71% de la población supondrá la périda de 750 millones de euros "por cada semana de retraso en la reactivación económica".

Aunque, a la vez, la Comunidad de Madrid ha confirmado que publicará a lo largo de este viernes en su Boletín Oficial la resolución del Ministerio de Sanidad.

Es destacable también que Ciudadanos, que cogobierna Madrid con el PP, no apoye la presentación de ese recurso ante la justicia. Así lo decía el vicepresidente Ignacio Aguado, que prefería seguir dialogando: "No creo, honestamente, que el mejor lugar para tratar de buscar soluciones a este drama sean los tribunales". "Quiero sentar a las administraciones".

Y detrás de todo ello se agita el fantasma de la hipotética moción de censura que el PSOE quiere presentar contra la presidenta de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué postura adoptaría Ciudadanos, después de esta última discrepancia en el seno del Gobierno regional?

Por cierto, llama la atención también que el Gobierno ha pasado de recortar los derechos y libertades fundamentales durante el confinamiento mediante un Real Decreto 463/2020, a hacerlo mediante tan solo una resolución ministerial. A este paso, la próxima vez recortarán nuestros derechos y libertades tan solo con un tuit...