Se ha hablado mucho del caso de los EREs de Andalucía, un caso de corrupción de unos 800 millones de euros en el que participaron, presuntamente, la mitad de los miembros del gobierno andaluz del PSOE, además de miembros de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT. Mucho se ha escrito sobre el asunto y mucho se criticó a la juez Mercedes Alaya mientras estuvo al frente de la investigación.

Sin embargo, y siendo 800 millones de euros una cifra muy considerable, el mayor caso de corrupción en España ha sido el de los cursos de formación, también con el PSOE como protagonista, lo que no deja de ser algo sumamente bello e instructivo. Ojo, estamos hablando de 2.875 millones de euros (la Unión Europea aportó 1.155 millones y el Estado, 1.720 millones) que la Junta de Andalucía destinó a cursos de formación profesional ocupacional (FPO) entre 2005 y 2013 y que nunca cumplieron ese objetivo.

La juez Alaya, heroína para unos y villana para otros, dio paso a la juez Núñez Bolaños tras ascender a la Audiencia de Sevilla. Intentó mantener las macro causas, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le pasó los trastos a la juez Núñez Bolaños que, miren por dónde, archivó la causa de los cursos de formación poco después de sustituir a Alaya.

Ahora parece que las cosas están volviendo a la normalidad. El lunes, la Audiencia de Sevilla reabrió la causa de los cursos de formación y este martes, el CGPJ ha iniciado una investigación para aclarar el comportamiento de Núñez Bolaños, que actualmente está de baja.

En definitiva, el mayor caso de corrupción no es Púnica, ni Lezo, ni los trajes de Camps; ni siguiera los EREs del PSOE. El mayor caso de corrupción es el de los cursos de formación, también del PSOE. No estamos justificando otros casos de corrupción, naturalmente, pero ¿qué habría pasado si el PP hubiera desviado 2.800 millones de euros de dinero público destinados a formación? Pues eso.