Sánchez evita tomar el control pese a la alarma en Europa por los rebrotes en España

Por el momento, en Moncloa consideran que la situación está «controlada», a pesar de los rebrotes, y que las comunidades autónomas están actuando de manera adecuada y coordinada, en base a protocolos de detección precoz, con el Ejecutivo central, dentro de un plan de respuesta temprana acordado hace días entre ambos niveles de la Administración. Un contexto que les permite augurar que, a pesar de haber focos activos, podrán estar bajo control «próximamente» o aplicar «confinamientos quirúrgicos» en caso de que sea necesario. En Moncloa creen que no estamos ante una «segunda ola» y mantienen una actitud «vigilante, pero cauta». (La Razón)

– ¿Qué opina de la creación de un impuesto a las grandes fortunas?

Creo que los impuestos no hay que tocarlos ahora.

– Pero usted tuvo que subirlos en 2012.

Pero es que es un situación completamente diferente. En 2012, estábamos viviendo la segunda recesión. España había perdido desde 2008 cerca de 70.000 millones. Estoy con un objetivo de déficit del 6% y acaba siendo del 9,4% y el gran tema de España en ese momento es el desapalancamiento del sector privado. Desde 2012, se desendeuda en 450.000 millones. Para eso está el Estado, para hacer las políticas que vayan en ese sentido. En 2012, había miles de Administraciones que no podían pagar, ibas a una crisis de servicios públicos. El recargo temporal del IRPF fue muy progresivo y se quitó en 2015.  (Expansión)

El PP ha reunido su propio comité de expertos para rearmar su programa económico. Casado defiende bajar impuestos, alargar los ERTE y mantener la reforma laboral como su recete para salir de la crisis. (El Economista)

El acuerdo marco para la adquisición de productos y EPIS impone unos requisitos imposibles de cumplir para la mayoría de los proveedores nacionales que acreditaron fiabilidad durante la primera fase de la pandemia. (La Razón)

De las 41 comisiones existentes, un 80% no han tenido apenas actividad. Siempre según el informe del PP, 14 no han llegado a reunirse nunca, solo el día de su constitución y elección de la mesa; 20 solo una vez, 4 dos veces, una tres veces y la de RTVE cuatro porque lo marcan los estatutos. Además, la de Nombramientos no ha llegado a constituirse porque no se ha llevado a cabo ninguno. (ABC)

Las resoluciones que dicta el Consejo sobre dichas reclamaciones son ejecutivas. Es decir, deben ser acatadas por la Administración. Sin embargo, como el texto normativo no establece ningún mecanismo punitivo en manos de dicha institución, los Ministerios -o la administración de turno- juegan todas sus cartas para demorar todo lo posible, incluso llegando a la arena judicial o, en el peor de los casos, desobedeciendo las resoluciones. (ABC)

El lehendakari reclama así la bilateralidad en sus relaciones con el Gobierno y echa un pulso a Pedro Sánchez en un momento que, casualmente, coincide con las negociaciones para formación del nuevo Gobierno autonómico con los socialistas vascos. Las negociaciones entre el PNV y el PSE entran esta semana en una fase en la que ambas partes pisarán el acelerador al empezar a correr ya los plazos para la constitución del Parlamento vasco. (El Mundo)

La ocupación ilegal de viviendas crece cada año en España. Si en 2013 la Guardia Civil, la Policía Nacional y los cuerpos policiales autonómicos y locales dieron cuenta de 7.739 casos, en 2018 la cifra fue de 12.214, lo que supone un crecimiento del 58% en cinco años. Los datos más actuales apuntan que la tendencia sigue al alza de manera clara. Solo entre enero y junio de este año el número de denuncias por ocupación ha sido de 7.450, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos facilitados por el Ministerio del Interior. En seis meses ya se ha igualado el total anual de siete años atrás. (El Mundo) PP, Vox y Cs registran cuatro proyectos de ley para acabar con una lacra que sufren más de 40 viviendas cada día. Los partidos del centroderecha denuncian que «la connivencia» de Podemos con este fenómeno ha hecho que crezca. (El Mundo)

El Gobierno recela de la entrada del fondo de rescate en Duro Felguera. La intención del Ejecutivo es ayudar a empresas que tengan problemas por el coronavirus y los de Duro eran anteriores. La presidenta, Rosa Aza, cree que la empresa es elegible y dos ex ministros, Jordi Sevilla y Valeriano Gómez, presionan para lograrlo. (El Economista)

El Corte Inglés se acerca a los 1.000 millones de euros en ingresos fuera de España. El grupo de grandes almacenes cerró 2019 con una facturación de 933,8 millones fuera de España, un 16% más que un año antes, cuando alcanzó los 801 millones de euros. Sus ventas dentro de la UE crecieron un 18,7%, hasta los 587,4 millones, mientras que su negocio en el resto del mundo avanzó un 13%, hasta los 346 millones. Por su parte, la facturación en España se incrementó apenas un 0,3%, hasta los 14.327 millones. (Expansión)

Dos años después de la opa del fondo estadounidense Blackstone sobre Hispania, Azora –gestora y origen de la Socimi– logra 680 millones de euros en el levantamiento de Azora European Hotel & Lodging y aspira a cerrar hasta finales de año nuevas inversiones para contar con hasta 750 millones de capital propio, que destinará a la adquisición de hoteles vacacionales y urbanos en Europa, según explican a EXPANSIÓN fuentes del mercado y confirman desde la propia compañía. (Expansión)

Vueling se prepara para reestructurar su red de bases y rutas para ser más pequeña durante varios años ante el desplome de la actividad que se espera. En concreto, Asturias, A Coruña, Santiago de Compostela, y Madrid, donde operaba con uno, dos y tres aviones antes del coronavirus están en el punto de mira. La aerolínea catalana elabora cada semana estudios de viabilidad para poder sobrevivir al complejo entorno que le rodea y trabaja con un ojo puesto en el cortísimo plazo y con el otro en el medio. Así, mientras una parte del equipo planea la operativa y oferta de cada mes con quince días de adelanto, otra elabora escenarios con la mirada puesta en el año que viene y que incluyen el cierre de bases en España, la eliminación de rutas y la reducción de flota, que en 2019 rondaba los 120-123 aviones. (El Economista)

Iberdrola se prepara para participar en la mayor subasta de renovables en Estados Unidos. La eléctrica quiere acudir con un proyecto de entre 1.000 y 2.500 MW, lo que supondría una inversión máxima de 5.000 millones de euros. Además, la empresa negocia con su socio el fondo CIP la posible adquisición de una parte de otro proyecto conjunto el denominado Park City Wind. (El Economista)

La filial de Airbus falseó que cumplía con su parte en el A350. (Cinco Días)

El BCE tiene previsto decidir esta semana si extiende a final de año el veto al pago al accionista. El supervisor cita a los banqueros para transmitirles los resultados del examen de solvencia. (Expansión)

Esquerra todavía mantiene confianza en que se reactive a corto plazo la mesa de diálogo. De hecho, entienden que debe producirse en las próximas semanas, aunque ya no será en julio, tal y como se había comprometido Sánchez tras el acuerdo con los republicanos para prolongar el estado de alarma en mayo. En cualquier caso, con el horizonte electoral por medio y teniendo en cuenta que la mesa de negociación nace fruto de un acuerdo de Esquerra Republicana con el PSOE para facilitar la investidura de Sánchez en enero, se antoja complicado que se reanude en la antesala de las elecciones teniendo en cuenta que representa un logro del partido de Oriol Junqueras frente al partido de Carles Puigdemont. (La Razón)

Secretaria general del Partido Nacionalista de Cataluña: "En la relación de Cataluña con España, nosotros somos muy claros: hay que renunciar a la vía unilateral. Fue un error la unilateralidad con la que se planteó el proceso independentista. Dicho esto, abogamos por la celebración de un referéndum pactado con el Estado, como ha sucedido en Escocia y Canadá, y defendemos que las leyes no son inmutables, se pueden cambiar a través de mayorías parlamentarias". (El Mundo)

La división política en el Govern de la Generalitat debilita la posición de Catalunya en la futura batalla entre las comunidades autónomas para repartir las ayudas que recibirá España de la UE. (La Vanguardia)