(Exclusivas de la prensa de papel 6/10/2023) Madrid ha recibido 2.400 empresas catalanas, el 50% de la fuga por el procés

En el sexto aniversario del gran éxodo empresarial de Cataluña desatado por el referéndum ilegal del 1 de octubre, Madrid se consagra como el gran territorio receptor de la fuga. Según los últimos datos del Colegios de Registradores facilitados a EL MUNDO, 2.457 empresas catalanas trasladadas desde 2017 optaron por llevar su sede a la Comunidad de Madrid. Esta cifra representa cerca del 50%% del total. Es decir, una de cada dos empresas de las que mantenían su domicilio social en Cataluña han terminado recalando en Madrid. Los datos abarcan desde aquel año 2017 hasta el segundo trimestre de 2023 que es el último valor recopilado en los Registros Mercantiles. Madrid copa así la mitad de las 4.942 salidas empresariales catalanas que, como informó este diario en su edición de ayer, son las que se han producido en términos netos (descontando de las que se fueron las que llegaron) desde la fase más dura del procés. (El Mundo)

Madrid es el gran motor de la recaudación por impuestos, la región que más aporta, y una muestra evidente de ello son las cifras del IRPF. La Comunidad madrileña aportó en 2021, último año del que existen datos, 24.590 millones de euros. Cataluña, el otro gran polo económico del país, se quedó en algo menos de 21.800 millones. Esto es, Madrid recaudó un 12% y, además, lo hizo con 300.000 declaraciones menos. Más dinero con menos contribuyentes. (El Mundo)

El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal que publica cada año la Tax Foundation confirma que Andalucía es la segunda comunidad autónoma de régimen común más competitiva fiscalmente, es decir, con los impuestos más bajos, sólo por detrás de la Comunidad de Madrid. (La Razón)

Con más de 1,5 millones de contratos de este tipo, la Seguridad Social sólo refleja 977.000 cotizantes. (ABC)

España defiende mantener un equilibrio entre el control y la necesaria apertura para asegurar la prosperidad. (El País)

La falta de una oferta amplia y el desconocimiento de gran parte del colectivo de trabajadores condicionan la expansión de un producto que pretende complementar las prestaciones más bajas. (El País)

El programa Único Demanda Rural, que subvenciona con fondos europeos la conexión a Internet por satélite a hogares sin conexión de alta velocidad, cumple 100 días con una desigual implementación en el territorio. Mientras que Andalucía, Castilla y León y Comunidad Valenciana concentran la mitad de las altas en este servicio, otras regiones como País Vasco, Navarra, La Rioja y Cantabria no llegan a representar ni el 1%, según datos facilitados a EL MUNDO por Eurona, la compañía que ha gestionado el 90% de las contrataciones del servicio hasta ahora. (El Mundo)

Santander toma la delantera en los nuevos planes de pensiones de empleo. Lanza productos para la jubilación de notarios, periodistas, Ceaje y empleados del banco. VidaCaixa, BBVA, Ibercaja, Caser, Mapfre, Fonditel, Indexa y Cobas entran en este mercado. (Expansión)

Vodafone recurre el proyecto de 5G rural del Gobierno. Alega que el ‘veto’ a Huawei supone una desventaja para el concurso y que se creará un nuevo monopolio rural de Telefónica. Huawei también ha recurrido. (Expansión)

Metro Bank busca 700 millones y se desploma un 25%. (Expansión)

Los acreedores de Iberconsa fuerzan una refinanciación con Pescanova en la diana.

España tiene 10.000 ‘Beckhams’ que se acogen al chollo fiscal y ahorran 105 millones al año.

CVC ofrece Deoleo al gigante Emiratos Iffco por 400 millones.

Sánchez rescata de la quiebra a la Fundación Pablo Iglesias.

Coxabengoa triplicará en 2027 su potencia solar y alcanzará el 3 GW.

Ningún analista recomienda vender Inditex por primera vez en su historia.

La presidenta del Congreso se resiste a constituir comisiones parlamentarias, fijar un calendario de plenos y poner fecha a la investidura para favorecer a Sánchez. (ABC)

Santos Cerdán, secretario de Organización, es el enviado más probable para una foto sensible. (El País)

El PSOE asume que la investidura de Pedro Sánchez no será antes de noviembre. La consulta lanzada por la entidad que controla Puigdemont obliga a los socialistas a revisar el calendario previsto. El nuevo objetivo es lograr la reelección antes del 10 de noviembre, cuando se reúne en Málaga el Partido Socialista Europeo. (El País)

Yolanda Díaz: "Va a haber investidura y gobierno de coalición progresista". (La Vanguardia)

La violencia política en Cataluña no sólo sigue existiendo tras la concesión de los indultos y a las puertas de la eventual aprobación de la amnistía para favorecer a los dirigentes independentistas, sino que repunta. Sólo en el primer semestre de 2023, los Mossos d’Esquadra han recibido más denuncias por ataques de diferente índole a partidos que en todo 2022. Según consta en un informe de la policía autonómica al que ha tenido acceso EL MUNDO, hasta el 14 de julio se habían registrado en Cataluña 44 denuncias «por hechos relacionados con partidos políticos», por las 39 consignadas durante todo 2022. El incremento roza ya el 13% cuando todavía faltan por computar los ataques detectados durante lo que resta de año. (El Mundo)

El PP quiere activar, según fuentes de Génova, «todas» las posibilidades, para hacer del Senado un potro de tortura para los planes del Gobierno. Primero, contra la amnistía, después, como ariete de la oposición, si se consuma la investidura de Sánchez: «Vamos a usar nuestro poder en el Senado para retratar al PSOE». Los populares se van a movilizar «por tierra, mar y aire» y van a pisar el acelerador legislativo en el Senado y desde los parlamentos autonómicos. Todo con la misma premisa: «Defender la igualdad de todos los españoles ante la ley», según fuentes de la cúpula del partido. (El Mundo)

El PP necesita ganarle a Vox millón y medio de votos. Génova ajusta su estructura y su estrategia mientras Sánchez remata la negociación de su investidura. (La Razón)

Feijóo reforzará su grupo en el Congreso y aclarará el poder en el PP ante una legislatura dura. El líder se debate entre Pons, Sémper y Bendodo para relevar a Gamarra como su portavoz más mediático. (El País)

Habrá reencuentro. El almuerzo entre diputados y ex miembros de Vox encabezado por Iván Espinosa de los Monteros a mediados de septiembre tendrá como mínimo una segunda parte. El ex portavoz de Vox en el Congreso planea reunirse de nuevo con el que fue su equipo de 52 diputados en la Cámara Baja poco antes de Navidad, a pesar de la polémica que el encuentro ha desatado en las filas y el entorno del partido en los últimos días. (El Mundo)

La misma semana que el Tribunal Constitucional ha dado luz verde a la ley que impide nombramientos al CGPJ, la presidenta del Tribunal de Estrasburgo ha sostenido, en la propia sede del TC, que está justificado que los jueces intervengan cuando las discrepancias políticas ponen en riesgo la separación de poderes. Entre quienes escuchaban ayer la intervención de la irlandesa Síofra O’Leary estaba el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y los cuatro magistrados que han emitido un voto particular contra la sentencia que acepta que el Consejo no pueda hacer nombramientos estando en funciones. O´Leary afirmó que, «cuando se producen bloqueos a nivel político en relación con el nombramiento de jueces, los tribunales nacionales y europeos pueden tener que intervenir en defensa tanto de la independencia judicial como del buen funcionamiento de un Estado democrático de Derecho». (El Mundo)

Cuatro jueces del TC ven en la reforma del CGPJ un «castigo» al bloqueo. Defienden en un voto particular conjunto que el órgano de gobierno de los jueces no puede ejercer sus funciones «de forma intermitente». (La Razón)

El planteamiento del actual Gobierno de PP y Vox, sin embargo, devuelve a la enseñanza concertada y privada al mismo nivel que la pública. De momento, son ya dos las medidas que hay puestas sobre la mesa y que responden a esta filosofía. Según fuentes de la Consejería, la idea es crear «una nueva línea de subvenciones» para los centros concertados, «replicando el modelo que siguen en otras comunidades autónomas». (El Mundo)

Castilla y León, Canarias, Madrid y Andalucía fueron las comunidades beneficiarias. (La Razón)

Agentes de la Guardia Civil en Almería denuncian falta de medios para abordar un fenómeno cada vez más especializado, con embarcaciones muy potentes y rápidas. (La Razón)

Estas autonomías consideran que está "plagado de lagunas, de contradicciones y no tiene rigor jurídico" mientras desde el ministerio dirigido por Irene Montero aseguran que saldrá adelante. (La Razón)

Una epidemia de trastornos mentales afecta a un 20% de los empleados de la empresa subcontratada por Meta en Barcelona para vigilar vídeos y fotos brutales. (La Vanguardia)