(Exclusivas de la prensa de papel 25/02/2021) Puigdemont podrá ser detenido si el Parlamento Europeo le quita la inmunidad: la euroorden se reactiva de forma automática

Si el pleno Parlamento Europeo acaba votando a favor del levantamiento de la inmunidad, Puigdemont seguiría siendo eurodiputado, pero se reanudaría la solicitud de euroorden realizada por las autoridades españolas a la justicia belga. El ex presidente tan sólo perdería su escaño, si la entrega acaba realizándose. En concreto, según señalaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, si la decisión del Parlamento europeo es contraria a los intereses de Puigdemont, «se reactiva de forma inmediata» la euroorden que estaba» acordada por el magistrado Pablo Llarena desde octubre de 2019, una vez que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo. Junto a esa decisión, acordaba la detención e ingreso en prisión de Puigdemont. En este sentido, la propia decisión Marco de la Unión Europea establece que la tramitación de una euroorden entra en suspenso cuando alguien tiene una inmunidad, como sucedió con Puigdemont tras ser elegido eurodiputado. Sin embargo, la euroorden que afecta al expresidente catalán se dictó antes de que fuera nombrado los miembros del Parlamento Europeo, y cuando ello sucedió quedó automáticamente en suspenso. Ahora, si no hay sorpresa de última, en el mismo momento en que el Parlamento Europeo le levanta la inmunidad, «se reactiva automáticamente» y volverá a estar en vigor la orden de detención e ingreso en prisión. (La Razón)

El juez deja en semilibertad a los presos del ‘procés’ entre críticas al fiscal. Los presos del procés seguirán en semilibertad, al menos hasta que se pronuncie el juez de vigilancia penitenciaria o hasta que lo decida en última instancia el Tribunal Supremo. El juez de vigilancia penitenciaria de Lledoners avaló ayer que los siete condenados por sedición sigan en tercer grado, lo que implica que vayan a la cárcel a dormir y pasen el resto del día y los fines de semana en libertad. La decisión es temporal y queda a expensas de la resolución sobre la cuestión de fondo que plantea la Fiscalía. (La Vanguardia)

La oposición de la banca y los empresarios parece no ser suficiente para disuadir al Gobierno de aprobar quitas de deuda sobre los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El Ejecutivo ya ha pedido a la Comisión Europea su luz verde para esta medida. Un trámite estrictamente necesario para que esto pueda salir adelante en marzo, como esperan en la Vicepresidencia de Asunto Económicos. El 19 de febrero Bruselas dio el visto bueno a la modificación del marco español de apoyo a la economía en el contexto del Covid-19, tal como recuerdan fuentes comunitarias. Dicha reforma permite otorgar a las empresas importes limitados de ayuda a través de las entidades financieras. (ABC)

Oliu critica duramente las quitas a los créditos ICO. El presidente de Sabadell considera que la medida que plantea el Gobierno no tiene “ningún sentido” y su efecto sería “absolutamente adverso”. (Expansión) (Cinco Días)

La regularización de las plataformas de envío a domicilio, como Glovo, Deliveroo y Uber Eats, está más cerca de concretarse. Hace unas semanas, el Gobierno y los agentes sociales acordaron que la ley rider obligue a estas empresas digitales a dar de alta a los repartidores, que hasta ahora trabajan como autónomos. Pero las pretensiones del Ministerio de Trabajo van más allá del cambio de relación laboral entre las empresas y los trabajadores. Según ha podido saber ABC, la última propuesta del departamento de Yolanda Díaz a los agentes sociales en las reuniones técnicas que se están llevando a cabo para ultimar la ley es que los sindicatos puedan acceder a los algoritmos que usan las plataformas. (ABC)

Los autónomos siguen en el filo de la navaja. 70.000 millones de pérdidas globales, 300.000 negocios a punto de cerrar y uno de cada tres que no ve la salida al túnel hasta 2023. Ese es oscuro panorama que muestra en la actualidad un colectivo acuciado por las restricciones, vapuleado por la crisis económica y con su optimismo en mínimos. Así lo refleja el último barómetro de ATA, que constata que la crisis tiene ya graves consecuencias. Y es que las cifras son trágicas: 300.000 negocios prevén cerrar a lo largo del año; un millón de autónomos tiene pérdidas superiores a 30.000 euros; un 81,2%, ha perdido facturación -para el un 61,8% de ellos la caída ha sido superior al 60%-; más de la mitad (57,8%) prevén que su actividad volverá a caer este año y casi un 40% no dispone de liquidez. (La Razón)

Los 11.000 millones se quedan lejos de los planteamientos de las organizaciones empresariales: son solo una quinta parte de lo que las pymes reclaman. (El Periódico)

Una solución para evitar la okupación y la degradación que causa esta en el entorno desde el sector privado. La compañía holandesa Ideal Guardian aterriza en España con esa premisa, o como ellos mismos se definen, «para contribuir a lograr un uso más justo del espacio para el conjunto de la sociedad». Su operativa es sencilla: el propietario pone a disposición de la empresa su edificio vacío y ella se encarga de buscar a un inquilino o 'guardian' -pueden ser varios- que por un precio reducido tendrá acceso al inmueble de manera temporal, a conveniencia del poseedor. «De esta forma se beneficia el propietario, el inquilino y el entorno de ese edificio, pues se evita un espacio vacío y las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista social y económico», explica su CEO en España, John van Haaren. (ABC)

BBVA ha contabilizado una aportación de 700 millones de euros de la Agencia Tributaria por el deterioro de su filial en EEUU. De esta manera, España es el único país donde no paga por el impuesto de Sociedades. (El Economista)

Liberbank dobla a Unicaja en nueva producción de hipotecas. El banco asturiano intensificó su estrategia hace cuatro años para crecer en este segmento y ya se acerca a Bankinter. (El Economista)

La desinversión del negocio de Servicios Medioambientales de Ferrovial comienza a tomar forma y ha despertado el interés de diferentes inversores, que la valoran en una cantidad superior a los 900 millones de euros. El fondo sueco EQT, el grupo industrial francés Paprec, así como los alemanes Schwarz y Remondis preparan sus pujas para hacerse con esta filial. Con el cambio de asesor, ahora el banco de inversión Morgan Stanley, se ha modificado también la estructura de la desinversión de Servicios de Ferrovial, que ahora prioriza la venta del negocio de residuos y limpieza (con Cespa como buque insignia). (El Economista)

Se llama Celia Cánovas, es abogada y fue senadora de Podemos por Tarragona en la XII Legislatura. Es también la persona que ha conseguido, vía recurso, que se reabra la investigación judicial sobre la presunta caja B del partido morado. Cánovas ha logrado que la Audiencia Provincial de Madrid, que es la que se encarga de este caso, la contemple como, al menos, perjudicada en la causa después de ver indicios de uso desleal de la conocida como Caja de Solidaridad de Podemos, un fondo al que Cánovas donó, según explica, cerca de 27.000 euros. A finales de octubre, el juez desestimó su petición para personarse como acusación particular y sobreseyó el caso, pero su recurso ha prosperado. «Tengo la condición de parte perjudicada sí o sí», asegura Cánovas a EL MUNDO. «Yo daba por supuesto que el dinero iba al partido a efectos de mantenimiento de su estructura y a fines sociales, que era lo que se nos decía», asume. Pero nunca lo supo a ciencia cierta. «Nunca se publicó dónde iba este dinero». (El Mundo)

La Fiscalía ha pedido al juez del «caso Neurona» que investigue en una pieza separada si en 2019 Podemos desvió 200.000 euros de su «caja de solidaridad» a la Fundación Instituto 25-M, que preside Juan Carlos Monedero desde julio del pasado año. Ésta es una de las tres nuevas denuncias que trasladó el pasado enero la exabogada de Podemos Mónica Carmona al juez Juan José Escalonilla, que investiga la supuesta financiación irregular del partido de Pablo Iglesias. El Ministerio Público también quiere que se investigue si responsables de la formación morada se habrían quedado con el importe de las costas en procedimientos judiciales en los que fueron defendidos por abogados del partido. (La Razón)

La Fiscalía ha pedido al juez del «caso Neurona» que investigue en una pieza separada si en 2019 Podemos desvió 200.000 euros de su «caja de solidaridad» a la Fundación Instituto 25-M, que preside Juan Carlos Monedero desde julio del pasado año. Ésta es una de las tres nuevas denuncias que trasladó el pasado enero la exabogada de Podemos Mónica Carmona al juez Juan José Escalonilla, que investiga la supuesta financiación irregular del partido de Pablo Iglesias. El Ministerio Público también quiere que se investigue si responsables de la formación morada se habrían quedado con el importe de las costas en procedimientos judiciales en los que fueron defendidos por abogados del partido. (La Razón)

Pese a ello, sí hay al menos cinco nombres que se dan por prácticamente seguros que estarán en la próxima configuración del CGPJ por el turno de procedencia judicial: Los magistrados del Tribunal Supremo Ángel Arozamena y José Antonio Montero, quienes serán designados con toda seguridad a propuesta del PSOE y PP, respectivamente, Alejandro Abascal, Gema Espinosa e Inmaculada Montalbán. (La Razón)

El calendario judicial al que se enfrenta el PP y los últimos movimientos del ex tesorero Luis Bárcenas están obligando a reaccionar a la dirección nacional del partido. Pablo Casado ha empezado una operación de aproximación al entorno de los ex presidentes Mariano Rajoy y José María Aznar para activar un control de daños sobre lo que pueda salir del ámbito judicial y manche aún más las siglas del PP. A Casado le preocupa que los efectos colaterales del complicado calendario judicial que tiene por delante su partido toquen a cargos nacionales o autonómicos en activo, incluso a algún nombre que está en el actual equipo de dirección y que viene de la estructura de la etapa anterior más contaminada por las tramas y subtramas relacionadas con la financiación de la formación. (La Razón)

Bárcenas declara al juez que entregó 60.000 euros en efectivo a Esperanza Aguirre y ésta se querella contra Bárcenas. (ABC)

El PP insinúa que el Gobierno pactó los beneficios penitenciarios de Luis Bárcenas. Los 'populares' acusan a Interior de haber favorecido al ex tesorero como pago por haberles atacado en la campaña catalana. (El Mundo)

"Pero, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que no aparezcamos y que lo revienten todo?». Las dos preguntas lanzadas al aire por un agente de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra durante una conversación con ABC resumen el sentir de buena parte de los policías autonómicos catalanes. La desidia del gobierno de la Generalitat con la violencia, cuando no su connivencia, ha dejado al pie de los caballos a un Cuerpo policial cada día más desamparado por quienes deberían abrigarle: «Nos sentimos muy desprotegidos políticamente», explica este agente de la Arro –una de las dos unidades antidisturbios que tienen los Mossos–, después de bregar seis noches consecutivas en las calles de Barcelona contra el caos que los violentos han sembrado. (ABC)