(Exclusivas de la prensa de papel 11/2/2022) Otra mentira de Sánchez: Moncloa negoció en secreto con Bildu ya en 2019 cuando públicamente lo negaba tras las elecciones

Tras las elecciones de 2019 Sánchez decía que con esa formación «no se acuerda nada», pero Interior lo hacía. Los mensajes recogidos en el informe de la Guardia Civil sugieren que las conversaciones venían de atrás. (ABC)

Mensaje del Gobierno a los presos de ETA: «Esto no ayuda mucho». En los contactos entre el Gobierno de Pedro Sánchez – fundamentalmente a través del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz– y el entorno de los presos de ETA con los beneficios penitenciarios sobre la mesa había una piedra en el camino: los homenajes a los reclusos de la organización criminal. Unos recibimientos públicos – acompañados de sucesivas denuncias de los colectivos de víctimas– que incomodaban al Ejecutivo, hasta el punto de que así se lo trasladó el responsable de Instituciones Penitenciarias. (La Razón)

La estrategia 'abertzale' para "encubrir" los homenajes a etarras: "Cuidado, deben evitarse las palabras 'ongi etorri'". La investigación sobre los actos de recibimiento a presos etarras no sólo ha destapado los contactos entre el Gobierno y el entorno de los presos, también ha revelado una estrategia para mantener la celebración de los ongi etorri evitando las denuncias de las víctimas y la eventual intervención policial. "Gracias a las intervenciones telefónicas y al desarrollo de la investigación", señala un informe de la Guardia Civil remitido a la Audiencia Nacional, "se tuvo conocimiento de que la comisión a favor de los presos estaría tratando de encubrir los actos de homenaje a miembros de ETA, proponiendo como solución que los mismos se celebraran como actos de apoyo o manifestaciones". De esta forma, los ex presos etarras que controlan los actos pretenden "evitar las denuncias de las asociaciones de víctimas del terrorismo, algunos partidos políticos, etc., que los consideraban actos de enaltecimiento del terrorismo". (El Mundo) (La Razón)

La crisis vinculada a la epidemia del Covid-19 no deja rastro alguno en las subvenciones directas que, a través de los Presupuestos Generales, reciben en cada ejercicio los sindicatos españoles. Muy al contrario, el periodo transcurrido entre 2020 y 2022 será beneficioso en las centrales, dado que esas asignaciones, además de poner fin a la congelación que mostraban desde 2013, ven duplicada su cuantía en tan solo dos años. En concreto, pasarán de los cerca de 9 millones de euros desembolsados en 2020 a 17 millones previstos en las Cuentas del Estado que entraron en vigor en enero. Es un avance inédito, por su rapidez y cuantía, en la serie histórica de este desembolso. (El Economista)

El principal problema de los mayores españoles en la nueva era digital es con creces, tratar con la Administración pública en sus distintos niveles. El 70% de los mayores de 65 años aseguran que lo más «difícil» para ellos es relacionarse on line con los servicios públicos, frente al 20% que lo consideran «fácil». Así aparece en un sondeo de Metroscopia para entidades financieras al que ha tenido acceso EL MUNDO y que fue esbozado el pasado martes por el presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán en el Foro de la Nueva Economía. Según el sondeo de Metroscopia, lo que más necesita este segmento de la población es que Calviño, que incluye la Agenda Digital en su cartera, les apoye no tanto ante la banca, sino ante la propia Administración. (El Mundo)

El PIB español quedará este año un 1,1% por debajo de las cifras previas a la crisis, siendo el único país europeo que acumule un balance negativo entre 2019 y 2022. Esto se debe a que el confinamiento el año pasado fue más severo y duradero que en el resto de los países europeos, mientras que la recuperación, que prometía ser más intensa que en el resto de los países comunitarios, se ha frenado por, entre otros motivos, las constantes restricciones sanitarias y la subida de los precios energéticos. Aunque esta ralentización ha sido similar en toda Europa, España tenía un mayor camino por recorrer hasta la recuperación plena, lo que ha alargado el tiempo pendiente hasta alcanzar el PIB precrisis. (Expansión)

La patronal y los sindicatos han iniciado conversaciones para alcanzar un pacto de rentas a varios años que brinde estabilidad ante el aumento del índice de precios al consumo (IPC), que cerró diciembre en el 6,5%. CC OO y UGT pretenden firmar una senda de subidas salariales a tres años que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores, pero la CEOE advierte de que el acuerdo solo será posible si se basa en la moderación de los sueldos. En una reunión celebrada el pasado miércoles, el Ministerio de Trabajo emplazó a los agentes sociales a que alcancen un acuerdo para dar una señal de certidumbre. Fuentes sindicales aseguran que un pacto de rentas “evitaría mucha conflictividad laboral en los próximos meses”. Parte del Gobierno y los sindicatos aspiran a alcanzar un acuerdo en un mes y medio, aunque el Ministerio de Economía es más cauto y prefiere esperar a que la inflación se modere antes de firmar subidas salariales. Algunas voces de la CEOE también apuestan por tomarse su tiempo. Los aumentos salariales pactados en convenio el año pasado fueron como media del 1,47%, frente a una inflación media anual del 3,1%. (El País)

El alza del IPC ya se nota en los salarios que escalan de media un 2%, medio punto más en un solo mes. Los trabajadores con cláusula de garantía salarial se han duplicado en enero respecto a diciembre, pasando del 15% de los asalariados con convenio al 30%. (Cinco Días)

Diferentes empresarios españoles de las altas esferas establecidos desde hace décadas en México confiesan a este periódico que ante los acuciantes problemas que asolan a la nación hermana ya se esperaban alguna reacción del mandatario mexicano, pero nunca hasta el nivel que lo ha llevado. «Siempre que tiene un problema ataca por ahí», nos traslada un influyente empresario español. Nos aclaran que la delincuencia se ha disparado y sus megaproyectos no salen adelante por lo que generar un enemigo imaginario sobre la madre patria es una jugada perfecta. En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de España en México, Antonio Basagoiti –en declaraciones al diario ‘El Correo’–, pide paciencia, al asegurar que «la empresa española es más fuerte que la coyuntura política y la relación entre los empresarios de los dos países, más profunda que la táctica política». Basagoiti, que lleva ochos años en este país, afirma que este tipo de declaraciones son periódicamente recurrentes: «No es un discurso nuevo. Va ‘in crescendo’». (ABC)

España y México: una relación de 76.000 millones de dólares. Las relaciones comerciales y empresariales entre España y México han sido y siguen siendo sólidas. Según datos recientes de la Cámara Española de Comercio en México, España se mantuvo como el segundo inversor extranjero en México con 76.000 millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2021. Otro síntoma de esa fortaleza es que aunque en 2020, a causa de la pandemia, la Inversión Extranjera Directa (IED) global recibida por México cayó un 19%, la procedente de España solo disminuyó un 1%. (Expansión)

El Tribunal Supremo acaba de respaldar los intereses de la empresa familiar al dictaminar, en contra del criterio del Fisco, que sus activos financieros también pueden estar beneficiados por las relevantes ventajas fiscales que estos grupos disfrutan en el pago del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Los magistrados amparan que la reducción tributaria de hasta el 95% sobre el pago del gravamen que les concede la ley puede operar, por ejemplo, sobre fondos de inversión. El fallo es clave pues el mero cómputo de estos activos puede suponer, de hecho, la diferencia para que algunos empresarios puedan acceder al disfrute de estos beneficios fiscales. La sentencia del Supremo, emitida hace solo unas semanas y a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, fija además jurisprudencia en este terreno con lo que el fallo promete marcar el recurrente pulso entre Hacienda y las empresas familiares. (Expansión)

El IPC alcanza el 7,5% en enero, la cifra más elevada de los últimos 40 años. (El Economista)

Ángel Martínez-Aldama (Inverco): “En los planes de empleo obligatorios el coste de gestión es del 0,5%”. (El Economista)

FCC se refinancia con 800 millones en bonos verdes. Amortizará 700 millones y emitirá en dos tramos con un plazo de siete y diez años. (El Economista)

Las españolas en Brasil suben un 4,5% en bolsa en 2022. (El Economista)

Tienen presencia en 11 cotizadas del Ibex. Cellnex, ACS, Enagás, Solaria, Red Eléctrica y Telefónica son las más afectadas. (Cinco Días)

La CNMV frenó la guerra de IFM y Criteria en la opa. (Cinco Días)

Las grandes marcas se apuntan al 'live shopping'. (Cinco Días)

Delivery Hero alcanza el 95% de la española Glovo. (Cinco Días)

El Estado de Kuwait, que controla uno de los mayores fondos soberanos del mundo, ha elegido España para situar su centro de operaciones en una nueva ofensiva de inversiones mundiales. Enertech, uno de las grandes empresas del grupo Kuwait Investment Kuwait Authority (KIA), ha establecido en España las sociedades Enertech European Holding y A1 Water & Energy Group Europe (A1Weg Europe), desde las que canalizará inversiones hacia España pero también hacia el resto de Europa, Latinoamérica y África. En conjunto, las inversiones que prevé movilizar el grupo kuwatí suman 6.200 millones de dólares (unos 5.500 millones de euros al cambio actual). (Expansión)

La Audiencia investiga la venta de la Torre Cepsa. La antigua cúpula de Bankia, Goirigolzarri y Sevilla incluidos, está citada el 17 de marzo para declarar en calidad de testigos sobre la transacción. (Expansión)

Revés para Philip Morris en su guerra con Altadis por IQOS. a Audiencia de Madrid avala la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 que declaró que Philip Morris publicitó de forma ilícita el cigarrillo electrónico. (Expansión)

Vox entra en juego en la polémica convalidación de la reforma laboral en el Congreso y empieza a construir su recurso ante el Tribunal Constitucional. El partido que preside Santiago Abascal ha remitido a un escrito al secretario general de la Cámara Baja, Carlos Gutiérrez Vicén, en el que pide un certificado donde consten los acuerdos que la Mesa adoptó sobre el diputado popular Alberto Casero el jueves de la semana pasada. La solicitud aparece firmada por la portavoz adjunta del grupo en el Congreso, Macarena Olona, y se fundamenta en que la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, aseguró ante el pleno que el cambio de voto solicitado por el parlamentario popular incumbía a la Mesa y que ésta no solo era «conocedora» del mismo sino que lo había «podido analizar». Pese a esa afirmación de Batet, esa reunión nunca existió y Olona pretende que el certificado que solicita a Gutiérrez Vicén así lo acredite. «La presente solicitud es imprescindible para que los miembros que conforman el Grupo Parlamentario Vox puedan ejercer plenamente ante el Tribunal Constitucional sus derechos reconocidos en el artículo 23 de la Constitución», advierte el escrito. (ABC)

El Tribunal Supremo analizará si el polémico cese del ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí, por parte del Ministerio del Interior que capitanea Fernando Grande-Marlaska fue ajustado a la legalidad. En agosto del año 2018, el recién nombrado ministro del Interior decidió destituir al ex jefe de la UCO después de que saliera a la luz pública un email donde el propio Corbí alertaba de que su unidad se había quedado sin fondos reservados y que se podían ver afectadas las investigaciones en curso. La orden de cese fue dictada por el secretario de Estado de Seguridad bajo el paraguas legal de pérdida de confianza de la Dirección General de la Benemérita y del Ministerio del Interior. En un auto, al que tuvo acceso EL MUNDO, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal aprecia «interés casacional objetivo» en el recurso presentado por el alto mando de la Guardia Civil y, en consecuencia, acuerda admitirlo a trámite y resolverlo en sentencia. Por su parte, la Abogacía del Estado, en representación de Interior, había solicitado la inadmisión del recurso. (El Mundo)

El Partido Popular cree que es «mejor perder un gobierno que cerrar uno de coalición». La participación puede ser determinante: si es baja da opciones a los socialistas y comunistas. (La Razón)

El candidato del PP a la presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclama un "mandato claro" de las urnas para "gobernar en solitario" y deja para el 14 de febrero resolver qué hará con Vox si le necesita para ser investido presidente. "El liderazgo de Pablo Casado no está en juego en estas elecciones, sólo el futuro de Castilla y León". "Soy moderado, dialogaré con todos sin líneas rojas pero con mis principios", dice el candidato. (El Mundo)

Francia ha decidido sacar sus tropas de Malí, adonde llegaron en 2013 para combatir el yihadismo, y pretende que sus socios europeos la acompañen en su salida. París ha convocado una videoconferencia de ministros de Defensa para analizar su presencia en el Sahel, y pretende trasladar fuerzas de Malí al vecino Níger. España, que tiene a 530 militares en una misión europea de adiestramiento, apuesta por continuar. Pero el movimiento francés puede arrastrar a la UE. (El País)