Exclusivas de la prensa de papel (11/02/2020)

El Congreso inicia hoy la tramitación parlamentaria para legalizar la eutanasia en España. Si sale adelante, nuestro país se sumará al reducido grupo de naciones donde esta práctica se considera un derecho. Poner fin a la vida cuando se tenga un sufrimiento físico o psíquico intolerable se convertirá en una prestación del Sistema Nacional de Salud financiada con dinero público, como si fuera un tratamiento médico más. La tramitación como proposición de ley hace innecesarios, por ejemplo, los informes preceptivos del Consejo de Estado, de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia o del Consejo General del Poder Judicial, pese a que será necesario cambiar el Código Penal para su aprobación. (ABC)

Aunque las empresas destacaron que “agradecen” y “valoran” el esfuerzo de la GSMA, organizadora del evento, para garantizar la seguridad de los asistentes, todas coincidieron en que han meditado la decisión tras evaluar la evolución de la epidemia y señalaron que “priorizan la seguridad de sus empleados, clientes y socios”. (Cinco Días)

Gestamp, CIE Automotive, Antolin, Ficosa y Mondragón, las más afectadas por el parón provocado por el coronavirus. (El Economista)

La empresa pública Mercasa, controlada por la Sepi y el Ministerio de Agricultura, canaliza más del 65% de la compraventa de todas las frutas y hortalizas que se consumen en España. Pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado públicamente a los supermercados de los bajos precios que se pagan en el campo, es en realidad esta compañía la que mayor responsabilidad tiene en la formación de precios en el conjunto de la cadena alimentaria. Gran parte de su crecimiento, según admite la firma, obedece al “regreso a los Mercas de las grandes cadenas de supermercados e hipermercados para abastecerse de producto fresco, después de años desarrollando sistemas y plataformas propios para su suministro”. En la red de Mercas operan unas 3.100 empresas mayoristas que facturan 13.500 millones. (El Economista)

Nuevo revés para la familia Matutes y El Corte Inglés en su proyecto para desprenderse de la cadena de hoteles Ayre, participada al 50% y compuesta por una cartera de ocho inmuebles (tres en Barcelona, dos en Oviedo, uno en Córdoba, uno en Sevilla y uno en Madrid). Paralizan la venta ante la falta de ofertas que lleguen a lo que solicitaban. Pretendían ganar 150 millones, de los que 80 vendrían del hotel en Madrid. (Cinco Días)

Naturgy ha aprobado un sistema de retribución a los miembros de su consejo, incluido el presidente, para ajustar los salarios al trabajo realmente realizado, y si éste se hace bien. Este sistema, que supone toda una revolución en empresas del Ibex, contempla pagar a los consejeros que formen parte de alguna comisión sólo por las sesiones a las que realmente acudan. Es decir, en lugar de cobrar un fijo anual, vayan o no a la comisión, se les abonará determinadas cantidades, dependiendo de la comisión de la que se trate, o de su puesto, solamente si efectivamente han trabajado esas horas. (Expansión)

Total prepara una potente ofensiva de crecimiento en el sector eléctrico español. La petrolera francesa, que en su día fue uno de los principales accionistas de Cepsa, quiere crecer en electricidad y gas y para ello está negociando la posible compra de la central de ciclo combinado que EDP tiene en la localidad navarra de Castejón. La compañía francesa habría visitado ya la propia planta e, incluso, contaría con varios acuerdos de confidencialidad para llevar a buen puerto la operación, que supondría hacerse con una central con más de 800 MW de potencia. (El Economista)

Ley del Mercado de Valores. Otro organismo supervisor, en este caso la CNMV, ya pidió al Supremo que se pronuncie respecto a qué norma tiene más poder: la Ley del Mercado de Valores o la de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La entidad presidida por Sebastián Albella quiere blindar la confidencialidad de sus investigaciones de supervisión e inspección, y para ello alegó que existe “una total incompatibilidad entre el sistema contenido en la ley de transparencia con el secreto profesional contenido en la Ley del Mercado de Valores, debiendo prevalecer el sistema contenido en la ley especial”. El caso todavía está pendiente de que el Supremo dicte sentencia para sentar jurisprudencia y acabar con el conflicto entre ambas normativas. (Cinco Días)

Santander y Blackstone, socios en Quasar, la sociedad que agrupa la antigua cartera dañada de Popular, han pactado que el banco pueda recuperar a futuro la totalidad del capital de la gestora inmobiliaria Aliseda. Santander la heredó de Popular y es uno de los activos que traspasó a Quasar en el marco de la alianza que ambos socios pactaron en 2017. Blackstone controla el 51% del capital de Quasar y Santander, el 49%. (Expansión)

De estar a un paso de vender en 2007 a convertirse en el líder indiscutible del sector cerámico español. Pamesa, el grupo azulejero de Fernando Roig, acaba de cerrar un acuerdo para comprar el 50% de otra de las grandes marcas del sector, Argenta, con la que dará otro salto en tamaño que le permitirá superar a Porcelanosa, líder histórico en España por ventas. El pacto alcanzado entre ambas empresas permitirá a Pamesa tomar la participación que estaba en manos de una de las dos familias castellonenses dueñas de la marca cerámica, los Usó Prades, según explicaron fuentes conocedoras de la operación. El importe que abonará Fernando Roig, presidente del Villarreal Club de Fútbol y socio minoritario de Mercadona que preside su hermano Juan, no ha sido desvelado. (Expansión) (El Economista)

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha respaldado que las empresas hagan fichar a sus trabajadores cuando realizan pausas para fumar o tomar café o desayunar, con el objetivo de descontar este tiempo de las horas efectivamente trabajadas. Asimismo, este tribunal ha avalado, en el mismo fallo, otras dos cuestiones aclaratorias respecto al registro de jornada relacionadas con los viajes de trabajo o con la autorización previa de las horas extras. (Cinco Días)

La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE), Margrethe Vestager, afirma que “hay que garantizar la transparencia con los datos que se procesan y su uso”. Insta también a que se invierta más en inteligencia artificial (IA) y “beneficiar a las pymes”. Vestager aboga por “controlar mejor a las empresas subvencionadas por terceros países” y resalta que “es un error decir que las reglas europeas impiden la construcción” de campeones nacionales. (El Economista)

El Gobierno incentivará los contratos bilaterales entre industria y generador de energía. El 25% de las empresas que se beneficiarán de las ayudas (600 en total) son catalanas. (El Periódico)

El Gobierno comunicó ayer a los ayuntamientos que su nueva senda fiscal prorroga el objetivo local de equilibrio presupuestario para el periodo 2020 a 2023 y amplía su margen de gasto en una décima, hasta el 2,9%. El anuncio, que llega después de que Hacienda suavizara el viernes el recorte del agujero fiscal de las comunidades autónomas, es el penúltimo paso para la aprobación de unos nuevos objetivos de déficit más flexibles que los vigentes para el conjunto de las administraciones públicas. El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy esta senda, junto al nuevo cuadro de previsiones macroeconómicas, como antesala al impulso del plan presupuestario de 2020. (Expansión)

La agenda del proyecto del Gobierno para dar la vuelta a la reforma laboral se mueve a una velocidad muy inferior a la prevista por el Ministerio de Trabajo. La inmediatez y la rotundidad de las medidas anunciadas por Trabajo casan mal con los matices que introduce Nadia Calviño desde Economía. El plan trazado desde Trabajo por Yolanda Díaz en el que es uno de los grandes ejes de esta legislatura es un "desmontaje" de menos a más en grado de dificultad con tres fases: derogación del despido por bajas justificadas; aspectos más lesivos de la reforma laboral y, por último, el núcleo del marco, como son los despidos. (El Mundo)

Denuncian que funcionan «por inercia». Temen que la dispersión de competencias impida el acceso a información clave de la Seguridad Social y advierten de la sobrecarga laboral que sufren. (La Razón)

Las propuestas que se barajan en Bruselas incluyen un tajo del 5 al 10%, pero el Gobierno confía en minimizar ese ajuste. El 61% de los fondos europeos que recibe España van a la agricultura. (El Mundo)

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras entre 2006 y 2017, en el que se apuntan graves irregularidades en la gestión de los 1.786 millones de euros ejecutados, sobre todo, en la construcción de la residencia de mayores «La Minería», en Aller (Asturias), por el Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana. Especialmente, durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, quien acudió durante varios años a la fiesta minera de Rodiezmo (León), junto con destacados líderes sindicales, entre ellos, José Ángel Fernández Villa, condenado a tres años de cárcel por apropiación indebida, y José Antonio Postigo, dirigente sindical de SOMA-UGT, presidente del Montepío hasta 2014 y detenido en 2017 en la «operación Hulla». (ABC)

El adelanto de los comicios vascos y gallegos para el 5 de abril, confirmado ayer por el lendakari, Íñigo Urkullu, y por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, precipita el calendario electoral y las negociaciones entre PP y Ciudadanos para sus acuerdos de coalición. En Galicia cualquier pacto jugaría con las reglas que marque Feijóo. En el País Vasco, Génova oficializa el apoyo a Alfonso Alonso pero no descarta dejarle caer en la negociación con Inés Arrimadas. Ha sido la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, la que se ha significado para moverle la silla. (La Razón)

En sus primeros seis meses en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, ha firmado 11 bajas de altos cargos sin contar los propios de un cambio de Gobierno. El caso de Ángeles Pedraza es ilustrativo: el 3 de septiembre pasó de ser comisionada para las Víctimas del Terrorismo a serlo para Cañada Real; el día 10 se la nombró gerente de Madrid 112. También han dejado el Ejecutivo dos cargos de perfil mediático: Elsa Martín Olsen, expresentadora y concursante de televisión, excomisionada de Bienestar Animal, y el waterpolista Pedro García Aguado, exdirector general de Juventud. (El País)

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, irrumpió el domingo en la Asamblea con soldados. “Si yo fuera un dictador o alguien que no respeta la democracia, ahora habría tomado el control de todo”, dice a EL PAÍS. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de 38 años, critica al resto de los poderes del Estado en redes sociales casi desde que tomó posesión en junio, pero el domingo pasó a la acción. Con su rostro más autoritario, irrumpió en la Asamblea, acompañado de un grupo de soldados, se sentó en la silla del presidente de un Congreso semivacío y ordenó iniciar la sesión, amparado, dijo, en un derecho divino. Con este gesto, Bukele, sin diputados en un Parlamento dominado por la oposición, pretendía la aprobación de un préstamo de casi 100 millones de euros para su plan de seguridad contra las pandillas. Tras rezar, se reunió en la calle con miles de seguidores y habló de “insurrección”. (El País)

El consejero de Educación de Cataluña, Josep Bargalló (ERC), ultima un nuevo proyecto de decreto de admisión de alumnos con varias medidas que amenazan la escuela concertada, donde estudia el 32,15% del alumnado de esta región. El borrador, según denuncian las asociaciones de padres y los propios colegios, vulnera el derecho a la libre elección de centro porque, entre otras cosas, cambia el modelo de preinscripción actual, de tal modo que el número de plazas concertadas se determinará antes de saber cuántas familias quieren matricular a sus hijos en esos centros educativos. Esto supone, según fuentes de la patronal, que la Administración pública planificará las plazas escolares según las necesidades de cada zona educativa y los padres escogerán sobre esa planificación que haya hecho la Administración. (El Mundo)

Al menos habrá que esperar un curso para que se unifiquen criterios en la corrección de la Selectividad, una prueba de acceso a la Universidad dispar en España y que marca el futuro laboral de los casi 300.000 bachilleres que se presentan. Finalmente, el Gobierno, que se comprometió en julio a una reforma del selectivo, no ha llegado a convocar a la comisión técnica. A las reuniones iban a acudir representantes de los Gobiernos autonómicos —encargados de elaborar y corregir las pruebas en función de sus temarios—, los ministerios implicados en el proceso (Universidades y Educación), los estudiantes y los rectores. (El País)