(Exclusivas de la prensa de papel 10/03/2021) España, el único país que no ha compensado a los autónomos

“El Gobierno español es el único de Europa no ha puesto en marcha ayudas directas, ni ha compensado las pérdidas que ellos mismos han provocado con el cierre de la actividad de un montón de negocios”. Así de contundente se ha mostrado Lorenzo Amor, presidente de ATA, que ha cargado contra la política puesta en marcha por el Gobierno “que está llevando a la ruina a muchos autónomos y pymes si no los ha llevado ya, porque España es el único país que no ha indemnizado a los autónomos por obligarles, por decreto administrativo, a cerrar su actividad o a limitar su actividad”. Por eso, el presidente de ATA reclama 6.000 millones de euros en ayudas directas antes el 1 de abril -el plan sigue a la espera de aprobarse tras anunciarse varias veces- y que sean gestionadas directamente por el Gobierno central, sin delegar en las comunidades autónomas, y que lleguen de manera “inmediata” y a todos los sectores. “No podemos esperar más. (La Razón)

El Gobierno quiere ayudas selectivas, condicionadas y muy focalizadas, con objetivos bien definidos. Y se ha topado con el inconveniente de cómo controlar que realmente se emplean en las metas fijadas: Economía quiere que los fondos se destinen a pagar costes fijos. Y que el resto se dedique a reducir el endeudamiento, básicamente los pagos pendientes a proveedores. Tener listo un sistema para comprobarlo es un problema de gran dificultad técnica, y ha enfrentado a varios ministerios: unos pretendían que fueran las comunidades autónomas quieren gestionaran los fondos; otros son partidarios de que sea la Administración General del Estado —singularmente, la Agencia Tributaria— quien lleve el control. (El País)

La liquidez era insuficiente para salvar empresas. La liquidez y el crédito no serán suficientes en la crisis del coronavirus para contener la destrucción del tejido productivo. A diferencia de la crisis financiera del año 2008, la repentina tormenta sobre las empresas españolas ha provocado cierres a un ritmo tres veces superior al de 2008, con una incidencia superior en el sector servicios, que ha roto en muchos casos la cadena de suministro en la industria y la agricultura. La caída se refleja ya en la demanda de crédito, que en contra de lo esperado en 2020, disminuye pese a unos tipos en mínimos históricos. Los empresarios ponen ahora el foco en las ayudas directas para sostener el tejido productivo español. (El Economista)

El sistema de Seguridad Social cerró 2020 con unos ingresos de 152.044 millones de euros y unos gastos de 171.883 millones de euros, lo que arroja un saldo negativo de casi 20.000 millones de euros (19.839 millones concretamente), prácticamente el 1,8% del PIB. Se trata de unos números rojos que marcan un récord histórico, en el marco de la crisis del Covid-19, según las cifras extraídas del Informe Económico Financiero de la Seguridad, a la espera del cierre de la Contabilidad Nacional a finales de marzo. (Cinco Días)

Durante el pasado año se realizaron una media de 320 millones de horas extra, con un promedio semanal que sobrepasó los 6 millones, lo que supone un crecimiento anual del 6,3%, según un informe realizado por UGT con los datos del último trimestre de la EPA. Este incremento supone uno de los más altos en la última década, solamente por debajo de 2015 y 2018, años que también superaron los 6 millones de horas semanales. (El Economista)

Un tribunal del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo ha resuelto por unanimidad que España actuó de forma razonable al bajar los ingresos de las instalaciones renovables en 2012, por lo que la sociedad de inversión Freif Eurowind Holdings no tiene derecho a la compensación de 124 millones de euros que solicitaba en un pleito interpuesto contra el Gobierno en 2017. Además de no recibir ninguna indemnización, Freif –vehículo del gigante estadounidense de la inversión BlackRock– debe pagar las costas a España, por 2,7 millones de euros, y asumir sus propios gastos, de 4,2 millones. Los bufetes King & Spalding y Gómez Acebo & Pombo representaban al fondo, mientras el departamento de arbitrajes internacionales de la abogacía del Estado defendía la posición de España. (Expansión)

El Gobierno y el consejero delegado de Duro Felguera, José María Orihuela, han mantenido en los últimos días tensas negociaciones a cuenta de la salida del directivo tras el rescate de la ingeniería. Orihuela, que quería seguir al frente de la compañía, requiere por su cese un pago de cerca de 3 millones de euros que recogería distintos conceptos, entre ellos la indemnización por despido. (El Economista)

La solvencia, la rentabilidad o la satisfacción del cliente son el plato fuerte. De ellos depende en gran medida el bonus que cobran a fin de año los directivos de Santander. Pero estos criterios han dejado de ser los únicos que computan a la hora de calcular la retribución variable. La sostenibilidad también puntúa, y en 2020 lo ha hecho al alza. Santander incluye desde 2019 el desempeño del banco en 11 parámetros de banca responsable y lucha contra el cambio climático entre las métricas a largo plazo que definen el bonus de sus primeras líneas directivas. (Expansión)

En nueve de los 12 países europeos en los que está presente ya trabaja con al menos dos. La media de ‘inquilinos’ por emplazamiento es 1,46, frente a los 1,9 de American Tower o Inwit. (El Economista)

La crisis del grupo británico Greensill Capital, declarado en quiebra esta semana, tiene importantes ramificaciones en España. La entidad se dio a conocer hace años en este país por armar complejas estructuras de financiación para Abengoa, ahora en situación de quiebra. El colapso de Greensill, además, puede arrastrar al gigante industrial británico GFG Alliance, que hace unos meses anunció enormes ambiciones en el sector de las renovables en España y sigue intentando hacerse con activos de Alcoa en Lugo. (Expansión)

as aerolíneas de todo el mundo han reducido un 20% su flota en servicio y frenado la compra y recepción de nuevos aviones por el desplome de la demanda, que tardará tres años más en superar el Covid-19, retrasando así a 2026 la recuperación total de la industria aeronáutica. Según un informe publicado por la consultora Oliver Wyman, la adquisición de nuevas aeronaves seguirá bajo mínimos un año más, hasta 2022, mientras que los ritmos de producción y entrega no volverán a los niveles de 2018 hasta cuatro años después, lo que reduce la llegada al mercado de nuevos aviones en la próxima década y el tamaño de la flota previsto. (El Economista)

El anuncio de la implantación de la primera planta de baterías para vehículos eléctricos que tendrá España, que se situará cerca de la factoría que Seat tiene en Martorell, no ha sentado bien a algunas comunidades autónomas. De hecho, las más reacias a este anuncio han sido las gobernadas por barones o regidores socialistas, tal y como ha sucedido en Extremadura, Aragón y la Comunidad Valenciana. España cuenta en la actualidad con hasta diez comunidades autónomas que pueden albergar distintos proyectos tractores relacionados con la industria de las baterías de automóviles. Lo que debería ser una noticia positiva para el sector ha provocado un aluvión de quejas por parte de distintas comunidades que tienen en sus territorios proyectos o materias primas para situar una planta de baterías. (El Economista)

Por primera vez, los cierres superan el 50% entre bancos, excajas y rurales, con Cataluña como la comunidad que pierde más sucursales, un 64%. Con datos de diciembre, hay 22.271 agencias, tras haber cerrado 23.391 desde 2008. (Cinco Días)

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena informará a las autoridades judiciales belgas de la nueva situación del expresidente catalán Carles Puigdemont para que reactiven la orden europea de detención y entrega a España para ser juzgado por un delito de sedición por la causa del procés. Según explican fuentes del alto tribunal a La Vanguardia, en cuanto el Parlamento Europeo comunique oficialmente al instructor que se ha acordado levantar la inmunidad de Puigdemont, actualmente eurodiputado, el magistrado le hará saber esto a la justicia belga. (La Vanguardia)

El Gobierno espera que Bélgica entregue a Carles Puigdemont en meses. Desde el Ejecutivo se muestran confiados en que, ahora sí, el ex presidente de Cataluña, prófugo de la Justicia, pueda ser juzgado en España en los próximos meses, según fuentes gubernamentales. En el Ejecutivo esperan que tras esta decisión, la justicia belga, que es quien tiene la última decisión, dé vía libre a la petición de la justicia española. Una posición basada aún en un deseo, toda vez que en el Gobierno aún no manejan información sobre lo que pueda acontecer. (El Mundo)

La paradoja que previsiblemente vivirá España esta Semana Santa la resumió ayer con puntería el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero: «A Barajas puede llegar un ciudadano de París y uno no puede ir a Albacete». En este contexto de blindaje para los viajes nacionales, sorprende que España sea el segundo país del mundo en el que más reservas hoteleras se registran, según recoge la plataforma de conexiones turísticas Travelgate X. Según los datos de la mayor red de proveedores hoteleros, nuestro país ocupa el segundo puesto –tras EE.UU.– en porcentaje de reservas de alojamiento a nivel mundial, con un 18,2% del total de las que se han hecho los últimos siete días. (ABC)

Colegios de médicos, especialistas en salud pública y el departament de Salut reclaman al ministerio de Sanidad que rectifique cuanto antes la decisión de no permitir el uso de la vacuna de Astrazeneca en personas mayores de 55 años. Argumentan que la vacuna ha demostrado ser eficaz y segura en todas las edades mayores de 18 años, incluidas personas mayores de 80. Y que la presión sobre los hospitales, que es lo que obliga a imponer restricciones de movilidad y de interacción social a toda la población, no se aliviará hasta que se vacune masivamente a las franjas de 60 a 79 años. Este grupo de edad, en el que se concentran el 60% de los casos que ingresan en ucis, se encuentra ahora en un limbo vacunal, ya que las vacunas de Pfizer-biontech y de Moderna se están inoculando a mayores de 80 años, y la de Astrazeneca a menores de 56. (La Vanguardia)

Todos los aliados de Pedro Sánchez, incluido su socio menor de Gobierno, Unidas Podemos, han defendido una proposición no de ley destinada a garantizar a todas las lenguas propias –las cooficiales más el asturiano y el aragonés– los mismos derechos que al castellano, lo que implicaría principalmente la obligatoriedad de su conocimiento a todos los funcionarios en sus territorios respectivos, generalizar su uso en las páginas oficiales, impulsar su reconocimiento internacional y poner fin al uso en exclusiva del castellano en la normativa estatal y en los etiquetados. La iniciativa defendida por Bildu y apoyada por nueve formaciones presentes en el Congreso depende del voto del PSOE, que ayer se esforzaba para alcanzar un acuerdo con sus socios y evitar así un nuevo choque con ellos. Los socialistas presentaron una enmienda a la proposición por considerar que la misma, en sus términos originales, roza la inconstitucionalidad. El PSOE avisó de que si su enmienda no se acepta votará el jueves en contra de la propuesta. (El Mundo) (La Razón)

Baleares exigirá el catalán a los profesores de música y arte dramático. Prepara un reglamento para pedir el C1 de lengua catalana al personal laboral del Conservatorio Superior de Música y Danza y la Escuela de Arte Dramático, hasta ahora exento del requisito lingüístico. (ABC)

En las direcciones territoriales consultadas se quejan de que Génova les pase «el cepillo» en un momento de escasez pecuniaria. «A nosotros nos deja tiritando y tendremos que hacer ajustes de plantilla», reconocen en una de las direcciones autonómicas consultadas. Entre las baronías y las direcciones regionales hay coincidencia en que aportar más fondos a la gestión nacional comportará recortes inmediatos en los territorios donde ya se había logrado mantener la estructura con dificultad, tras el empeoramiento de los resultados electorales. (El Mundo)

El 14 de agosto, Fernando Valdés Dal-Re renunciaba como magistrado del Tribunal Constitucional, días después de que tuviese que declarar como investigado en el Tribunal Supremo por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, en concreto a su mujer. Al renunciar a su cargo en el TC, el Supremo perdió la competencia y la causa pasó al juzgado de Instrucción de Majadahonda al que correspondió. El juzgado ya ha terminado toda la instrucción y el el pasado viernes dictó auto de apertura de juicio oral contra Fernando Valdés, a quien se le notificó ese mismo día. En esa resolución consta la existencia de indicios de que Fernando Valdés pudo incurrir en un delito de maltrato en el ámbito familiar, relacionado con violencia de género, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. (La Razón)

La Fiscalía Anticorrupción ha informado en contra de que el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas disfrute de sus primeros permisos penitenciarios tras haber cumplido una cuarta parte de su condena en prisión por la primera época de la trama Gürtel. Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, el Ministerio Público se opone a la propuesta formulada por la Junta de Tratamiento de la prisión madrileña de Soto del Real, que se ha posicionado de forma unánime a favor de que el ex tesorero disfrute de dos primeros permisos de seis días tras haberle calculado la Audiencia Nacional la acumulación de las penas. (El Mundo)

Los arquitectos de Génova 13 desmienten a Bárcenas. Los dos socios de Unifica niegan que aceptaran cobrar en negro. (La Razón)

El independentismo encara el sprint final de las negociaciones sin un acuerdo cerrado y la posibilidad de fracaso antes del viernes ya sobrevuela. Esquerra, JxCat y la CUP se reunieron ayer a tres por primera vez. (La Razón)