Exclusivas de la prensa de papel (26/03/2019)

El Ministerio de Asuntos Exteriores anunció el pasado mes un acuerdo con Londres «en materia de fiscalidad y protección de intereses financieros» descrito en un comunicado oficial del departamento que dirige Borrell como «el primer Tratado que España firma con Reino Unido sobre Gibraltar desde el Tratado de Utrecht en 1713». Sin embargo, tras la euforia del anuncio se esconde un detalle preocupante: diplomáticos y expertos en Derecho Fiscal consultados por LA RAZÓN confirman que en el articulado del tratado España reconoce oficialmente instituciones gibraltareñas como el Registro Mercantil («Registry of Companies»), el Catastro («Land Registry»), la Agencia Tributaria («Income Tax Office»), además de legislación como el Estatus Gibraltareño («Gibraltarian Status Act»). El reconocimiento de la jurisdicción de estas instituciones y la validez de estas leyes –emanadas de un Gobierno y un parlamento que España nunca ha reconocido como tal– sienta un precedente muy peligroso y supone una ruptura con la postura tradicional que nuestro país ha mantenido: Gibraltar es una colonia británica que debe ser incorporada al territorio español siguiendo directrices de Naciones Unidas. Además, al reconocer el Peñón como entidad legal equivalente al Reino de España, el tándem Sánchez-Borrell abre una inquietante puerta al reconocimiento de Gibraltar por parte de Madrid en línea con otras iniciativas análogas impulsadas en su día por otro tándem socialista, el compuesto por Zapatero y Moratinos. (La Razón) 

Fabián Picardo, “muy satisfecho” con la firma del “Tratado Borrell”. (La Razón)

Santander y BBVA han seguido la recomendación lanzada por el BCE para aplicar la prudencia en los bonus pagados a sus altos directivos y así afrontar con más holgura las dificultades del entorno macroeconómico y los retos regulatorios pendientes. El año pasado, BBVA recortó un 15,4% esta retribución ligada a objetivos al dejarla en 88 millones, en la misma senda del ejercicio precedente, cuando la reducción fue del 27%. Santander aumentó su bonus un 1,68% en 2018, hasta 422 millones, frente a un alza del 6% en el ejercicio precedente. (Expansión)

Acciona y ACS se disputan el nuevo tren ligero de Brisbane (Australia), un proyecto que cuenta con un presupuesto de 5.409 millones de dólares australianos (unos 3.400 millones de euros), lo que le convierte en uno de los mayores que se adjudicarán este año. Las dos constructoras españolas emergen como claras favoritas ante las dificultades que atraviesa la tercera finalista, la local Lendlease, que podrían llevarle a abandonar el proceso. (El Economista)

La CNMV trabaja sin descanso en el proceso de autorización de la oferta pública de adquisición (opa) sobre Dia. La delicada situación del grupo de supermercados es una variable clave para el supervisor, que se dispone a dar luz verde a la oferta en los próximos días. Fuentes conocedoras de la situación de este trámite adelantan que la luz verde llegará esta o la próxima semana. Un portavoz del organismo que preside Sebastián Albella ha declinado hacer comentarios sobre esta información. (Cinco Días)

La entidad considera que los contratos de crédito en el entorno del 24% que ofrece son completamente legales. Las reclamaciones por usura disparan los temores de los fondos interesados Värde, su dueño, no tiene prisa por salir ahora del capital. Los fondos desconfían de la valoración de 2.400 millones y temen el impacto de las reclamaciones por usura. (Cinco Días)

Las empresas y particulares que alquilan pisos para turistas en Madrid ultiman su defensa legal frente al nuevo plan del ayuntamiento, que prevé prohibir a partir de mañana el 95% de la oferta en el centro del municipio por las condiciones que exigirá. Las asociaciones empresariales intensifican los contactos con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para trazar una estrategia conjunta con el fin de tumbar el plan de la corporación que dirige Manuela Carmena. (Cinco Días)

La plataforma Crypto Birds realizará, a partir de la semana que viene, la primera emisión de monedas virtuales, conocidas como criptomonedas, equiparables a valores negociables en España. La operación, que cuenta con el visto bueno tácito de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es fruto de casi un año de trabajo que conjuntamente han desarrollado sus creadores, Rafael Teva y Carlos Martín, el bufete Pinsent Masons y la consultora Finnovating. (Cinco Días)

Las eléctricas se plantan y se niegan a darle más poder a Red Eléctrica. El Gobierno quiere asignarles la gestión de los bombeos y las empresas creen que es innecesario e ineficiente. Aelec, la patronal del sector eléctrico, ha presentado sus alegaciones al Anteproyecto de Ley de Cambio climático y arremete duramente contra la intención del Ministerio de Transición Ecológica de darle más poder a la semipública Red Eléctrica. El artículo 7.2 de la propuesta establece que se desarrollarán mecanismos reglamentarios que permitan a la compañía que preside el exministro socialista, Jordi Sevilla, aplicar a las nuevas concesiones que se otorguen una estrategia de bombeo y turbinado para maximizar la integración de las energías renovables, condicionado al cumplimiento de los objetivos ambientales en los planes de cuenca. (El Economista)

Las empresas españolas adquirieron compañías y activos internacionales por más de 12.250 millones en 2018. La compra de la red portuguesa de Deutsche Bank por Abanca y la de TravelClick por Amadeus superaron los 1.300 millones. (Expansión)

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere reformar la estiba antes del fin de la legislatura y, además, hacerlo a su manera, obviando el Decreto-Ley impulsado por Mariano Rajoy, al que tan solo le faltaba el visto bueno del reglamento. El Ejecutivo socialista aprobará un nuevo Decreto-Ley para adaptar -con cuatro años de retraso- la normativa española a la sentencia europea de 2014. (El Economista)

El Gobierno quiere aprobar antes del inicio de la campaña electoral la oferta de empleo público de 2019 para la Administración General del Estado (AGE) y, por ello, ha convocado mañana una reunión con los sindicatos del sector público. El objetivo de Función Pública, explican fuentes sindicales, es el de llegar a un acuerdo casi inmediato, de modo que la medida podría ser anunciada incluso en el Consejo de Ministros de esta misma semana. De esta manera, Pedro Sánchez acumularía un nuevo viernes electoral o social, y sumaría otro argumento para la campaña electoral del 28-A que se uniría a otras actuaciones como el incremento de la baja por paternidad, el subsidio para parados mayores de 52 años o el nuevo decreto del alquiler. (El Mundo)

La gestión del anterior Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Susana Díaz, sigue arrojando sorpresas. El último descubrimiento ha sido la gruesa lista de espera que “se escondía bajo las alfombras”, explicó ayer a este diario el consejero del ramo, Jesús Aguirre, y que sobrepasa los “500.000 pacientes que estaban a la espera de que se les llamara”. Aguirre asegura que esto ocurría “porque estaban derivados a hospitales concertados y que no constaban como registrados”, resalta el nuevo responsable de la sanidad andaluza. Después de un análisis de la situación real de la gestión sanitaria, Aguirre detalla que son 850.000 las personas que aún no han recibido la llamada, bien para acudir a consulta, bien para ser intervenidos quirúrgicamente, lo que en este último caso afecta a 158.000 personas. (El Economista)

Un virus diseñado por una “potencia extranjera” infectó más de tres meses la red interna del Ministerio de Defensa. Así lo reconocen a EL PAÍS los responsables de la investigación, que se basan en la complejidad del ciberataque para descartar que sea obra de hackers o de activistas. El virus se introdujo mediante un correo electrónico y circuló por un sistema de altísima importancia que conecta el órgano central del ministerio, el Estado Mayor de la Defensa, los cuarteles de los ejércitos y las unidades en el exterior. El temor es que el virus, cuya procedencia exacta aún se investiga, haya podido colonizar otras redes. El objetivo de los espías, según las fuentes consultadas, serían secretos tecnológicos de la industria militar. El Informe Anual de Seguridad Nacional, al que ha tenido acceso este diario, alerta del “incremento en la agresividad de algunos servicios de inteligencia extranjeros” y califica el ciberespionaje de “grave amenaza” para la seguridad nacional. (El País)

Los presidentes y consejeros catalanes gastaron 480.844 euros en 46 viajes al extranjero para la «promoción del proceso soberanista». El fiscal jefe del TC observa delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento público y contra las instituciones del Estado. (ABC)