Exclusivas de la prensa de papel (25/10/2018)

Mercadona ya tiene sobre la mesa las peticiones de los sindicatos de cara al nuevo convenio colectivo de la compañía. La negociación, que comenzó el pasado día 15, tendrá un nuevo episodio durante la próxima semana, el 31, cuando las partes se sienten ya con una respuesta de la compañía a las propuesta iniciales de los cuatro sindicatos que forman parte de la comisión negociadora, UGT, CC OO, la organización vasca ELA y la gallega CIGA, que coinciden en lo principal: más salario y, sobre todo, más descansos. En el primer apartado, la propuesta es una subida salarial del 3% anual en todos los conceptos, y una mejora de hasta el 15% en el plus de nocturnidad. En el último convenio, que ha estado vigente entre 2014 y 2018, los trabajadores de Mercadona que trabajasen entre las 22:00 horas y las 6:00 percibían una prima de 1,71 euros brutos por hora trabajada. (Cinco Días)

Aena ha retomado su estrategia de crecimiento en el exterior. El gigante español se ha aliado con el fondo de inversión australiano First State para pujar en la privatización del aeropuerto de Sofía, el más grande de Bulgaria, que el año pasado se acercó a los siete millones de pasajeros. Se trata de un concurso muy competido, ya que las grandes corporaciones aeroportuarias europeas y asiáticas también quieren optar a una instalación que, en los 35 años de concesión, espera generar una cifra de negocio de unos 3.500 millones de euros. (Expansión)

Magistrados de la Sala del Tribunal Supremo que tiene que zanjar quién paga el impuesto de las hipotecas estiman que la mejor manera de resolver el problema jurídico y de imagen del tribunal sería ratificar la sentencia que responsabiliza al banco, si bien resaltando que las reclamaciones por lo pagado hasta ahora se ceñirían a los últimos cuatro años. "Sería la solución ideal", "eso arreglaría el problema", indican los magistrados, que resaltan que las tensiones en el seno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo a raíz de la convocatoria del Pleno pueden propiciar que se confirme la sentencia favorable al cliente. (El Mundo)

Las comunidades autónomas están preocupadas por las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. Los consejeros de Hacienda temen una avalancha de reclamaciones a sus oficinas tributarias si el alto tribunal admite el carácter retroactivo y les obliga a retornar los pagos en una factura multimillonaria. Preparan planes de contingencia. La mayoría de los consejeros de Hacienda de las comunidades están preocupados por las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto sobre las hipotecas. Los consejeros temen una avalancha de reclamaciones si el alto tribunal admite el carácter retroactivo. Y avisan de que inmediatamente autoliquidarán el impuesto sobre actos jurídicos documentados a los bancos, aunque existen dudas legales de que estos tengan que abonarlas. (El País)

Los test de estrés que publicará la Autoridad Europea Bancaria (EBA) en coordinación con el BCE, el próximo día 2 de noviembre, obvian cualquier impacto de una eventual devolución a los clientes hipotecarios por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD). La retroactividad es uno de los principales riesgos a los que se enfrenta el sistema español, por la repercusión económica y social que implica, ya que una resolución contraria a los intereses de las entidades podría provocar un agujero de más de 26.000 millones de euros. Los despachos de abogados ya están preparando una oleada de demandas, ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo permita a los usuarios realizar esas reclamaciones. (El Economista)

La fórmula con que el Gobierno pretende recaudar 850 millones al año incluye las acciones de compañías españolas que coticen en Wall Street. Su plan es que el impuesto sobre transacciones financieras (ITF o tasa Tobin) no tenga fronteras. En el Ibex, al otro lado del Atlántico se negocian Telefónica, Santander, BBVA, Repsol, las acciones B de Grifols –sin derechos de voto–, IAG y un total de 62 empresas, que se verían sometidas al pago del nuevo impuesto que quiere implantar el Ejecutivo. (Cinco Días)

El Consejo de Ministros incluyó en el anteproyecto de Ley de Medidas de prevención y lucha contra el fraude, contra todo pronóstico, el tratamiento que deben tener los ETFs (fondos cotizados) españoles. Y el informe supone un auténtico mazazo no solo para los fondos que cotizan en España, a los que niega la posibilidad de ser tratados fiscalmente como fondos y no como acciones, sino a todos los ETFs. Hacienda, hoy en manos del Gobierno socialista, se desdice de la respuesta que realizó hace ahora dos años a la consulta lanzada por BlackRock, en la que afirmaba que los ETFs comunitarios sí podían ser considerados fiscalmente como fondos y, por tanto, contar con la ventaja fiscal del traspaso. (El Economista)

Hacienda facilitará el afloramiento de rentas ocultas de los defraudadores. Así lo establece el anteproyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude, que aprobó el Consejo de Ministros el viernes, y que reforma la Ley General Tributaria en lo que respecta a la regularización y a las sanciones, que se abaratan. Los ciudadanos que decidan regularizar su situación tributaria tendrán que pagar hasta ocho puntos menos de recargo el primer año, y cinco puntos menos a partir del segundo. Esta medida se toma “por motivos de proporcionalidad y justicia tributaria”, en una norma en la que el Gobierno prohíbe las amnistías fiscales. (Expansión)

Los populares estaban entrando en una fase de cierto nerviosismo e inquietud en los últimos días, al creer que el partido no acababa de despegar con fuerza. Pero las dudas se disiparon ayer en el Congreso, con una intervención de Pablo Casado que no solo consolidó su liderazgo, sino que tuvo un efecto colateral: "dejar sin espacio" a Ciudadanos, como resaltaron fuentes populares. Fue el bautismo de fuego de Casado en el Congreso como presidente del PP y jefe de la oposición, su primer gran debate parlamentario cara a cara con el presidente del Gobierno, y se lo tomó como un auténtico debate sobre el estado de la Nación. (ABC)

La puesta en escena de este nuevo choque monopolizó la sesión parlamentaria, pero Sánchez lleva sin hablar con el jefe de la oposición desde la primera vez que le recibió en La Moncloa, el 2 de agosto, después de que fuera elegido como presidente del PP en el Congreso de este partido en julio. Desde aquella primera conversación general el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición no han vuelto a mantener contacto. La crisis catalana, los problemas en inmigración, la propuesta de reformar la Constitución para suprimir los aforamientos, la exhumación de los restos de Franco y la reconversión del Valle de los Caídos o las relaciones con Arabia Saudí han sido asuntos resueltos a cruce de intercambio de declaraciones públicas, sin que por medio se haya producido ninguna comunicación que se ajuste al espíritu del acuerdo entre los dos principales partidos en temas de Estado que hasta ahora siempre se había respetado, con sus matices en función de la coyuntura. (La Razón)

La seguridad de las maravillas arqueológicas de Egipto está impregnada de corrupción con dinero público de España, según un escalofriante auto de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso El Mundo. El juez José de la Mata ha llamado ya a declarar a los ex máximos responsables de la empresa de mayoría estatal Defex por repartirse ellos mismos en 2010 unos cinco millones de euros en comisiones con otros implicados, incluidos generales de los servicios de inteligencia de Egipto. Se trata de un contrato de 30 millones para la seguridad de las pirámides de Guiza, las más emblemáticas del país, el templo de Luxor y el Valle de los Reyes que terminó costando al Gobierno egipcio 35,9 millones. Era un pedido de provisión de equipos, servicios y entrenamiento para la protección y mejora de estos emplazamientos históricos. La Marca España iba a proteger las joyas de la época de los faraones.

Las autoridades suizas bloquearon en 2017 cuatro cuentas bancarias utilizadas para el pago de supuestos sobornos al Gobierno de Arabia Saudí por parte de la empresa pública española Defex para la exportación de material bélico. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata solicitó esta medida tras descubrir movimientos de fondos relacionados con comisiones ilegales de uno de los principales implicados en la trama de corrupción. El empresario intentó sin éxito impedir que la información llegara a la justicia española. (El País)

El 8% de los bebés nacidos en España se generan actualmente en un laboratorio. Catalunya, Madrid y Valencia se ocupan de la mayor parte de fertilizaciones in vitro y su calidad y actividad colocan a España en el tercer puesto del mundo, tras Estados Unidos y Japón, en esta tarea de contrarrestar la naturaleza. Catalunya, a la cabeza, realiza el 23,3% de estos tratamientos. (La Vanguardia)