El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, regresó a Venezuela este lunes pese a la amenaza de detención que pesa sobre él por burlar la prohibición de abandonar el país impuesta por el Tribunal Supremo, que apoya a Nicolás Maduro como presidente del país. Y ha vuelto a instar a los militares y Fuerzas Armadas a apoyar su causa. "Sabemos que el 80% está de parte de la Constitución", ha asegurado, tras mencionar a los 700 militares que según Colombia desertaron el 23 de febrero.
Y en España, el exsecretario de Estado de Seguridad de Interior José Antonio Nieto declaró como testigo en el juicio del 'procés', donde afirmó que la cúpula de los Mossos d'Esquadra no tuvo "el más mínimo interés" de coordinarse con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para impedir la celebración del referéndum del 1-O como ordenaba el mandato judicial. Defendió la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil calificando el uso de la fuerza de "mínimo imprescindible". Y añadió que detrás de las protestas del 20-S estuvo la coordinación de los CDR, que propiciaron que hubiera "actuaciones violentas".
Estas son las exclusivas del día, empezando por las económicas:
La banca rechaza devolver al recibo del gas los pagos por el cierre de Castor
La gran banca se niega a devolver a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) los 140 millones de euros cobrados con cargo al recibo del gas para recuperar la financiación indirecta que hicieron al Estado para pagar la multimillonaria indemnización por el cierre del almacén de gas Proyecto Castor. El Tribunal Constitucional anuló a finales de 2017 el real decreto-ley a través del cual se vehiculaba un pago de 1.350 millones de euros a Escal UGS, la concesionaria encargada de construir la infraestructura, alegando que no estaba justificada la «urgencia» que exige esta figura legislativa. (El Mundo)
La CNMC inicia el proceso para cobrar lo pagado en el Castor. (El Economista)
Telefónica se cubre contra riesgos de ciberseguridad por 405 millones
Telefónica se protege de los ciberataques. La teleco española, consciente del impacto que sobre sus finanzas y reputación podría tener un incidente de ciberseguridad, ha contratado dos seguros para cubrirse ante cualquier ciberriesgo. Así consta en su último informe de auditoría y cuentas anuales remitido a la CNMV, correspondiente a su ejercicio de 2018. La cobertura actual contratada a nivel global para el primer seguro es de 105 millones de euros; una cifra que se eleva hasta los 300 millones en el segundo. En total, 405 millones. Es la primera vez que la firma detalla esta información en su informe. (Cinco Días)
Telefónica se alía a Hutchison para vender a grandes clientes
Telefónica y el grupo hongkonés Hutchison han firmado un acuerdo para prestarse servicios mutuamente para atender a sus bases de clientes multinacionales. El acuerdo contempla que Telefónica ofrezca servicios de comunicaciones fijas, móviles y otros servicios de comunicación digital a las empresas multinacionales que sean clientes de Hutchison en los mercados donde está presente Telefónica, mientras que Hutchison proporcionará cobertura a los clientes de Telefónica allí donde tenga redes propias. (Expansión)
La CNMV culpa a la dirección de Popular del déficit de provisiones
La CNMV considera que hay evidencias suficientes para concluir que las cuentas consolidadas de Popular de 2016 no representaban la imagen fiel de su situación financiero patrimonial. Así consta en el informe razonado que sirvió de base a un expediente administrativo abierto en 2018 contra Ángel Ron, el entonces presidente del banco, que acaba de incorporarse a la causa penal que se investiga en la Audiencia Nacional. "Está acreditada la intencionalidad de algunos miembros de la alta dirección de incurrir, al menos, en errores correspondientes al cálculo de provisiones de acreditados [créditos] analizados individualmente y que supuso un impacto negativo en los resultados antes de impuestos de 123 millones", señala el informe, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN.
El bono de El Corte Inglés marca máximos camino del grado de inversión
El Corté Inglés puede lograr el preciado grado de inversión para sus emisiones de deuda antes de lo previsto. La razón es que ha acelerado la venta de activos no estratégicos, una medida que ha disparado el precio de su bono más del 3% desde enero. Desde la emisión en septiembre ha ejecutado ventas por 340 millones. (Cinco Días)
Bankinter lanza un plan para crecer en banca corporativa en España
La entidad dirigida por María Dolores Dancausa apuesta por seguir creciendo en los segmentos en los que es más fuerte sin tratar de ganar peso en nuevos nichos de negocio. El banco ha avanzado estas intenciones en el informe anual correspondiente al ejercicio 2018, en el que detalla objetivos y retos para 2019. La entidad, que el pasado ejercicio obtuvo un beneficio neto de 526,4 millones de euros, aspira a volver a registrar un resultado récord en 2019. Para ello, ha empezado a desarrollar a partir de este año un plan para relanzar su negocio de banca corporativa (empresas que facturan al menos 50 millones) a través de su red en España, que abarca 23 centros de gestión. (Expansión)
Unicaja tendrá un peso del 57% en su integración con Liberbank
El peso que tendrán Unicaja y Liberbank en la entidad que resulte del proceso de fusión es bastante más favorable para la andaluza, aun contando con el efecto distorsionador que supuso el amago de opa de Abanca. Desde el pasado 12 de diciembre, día en el que ambas compañías reconocieron públicamente el inicio de conversaciones, el mercado arbitra una ecuación de canje favorable para Unicaja, que se quedaría con un peso del 57 por ciento –excluidas las tres sesiones en las que cotizó una posible operación corporativa de la entidad que preside Juan Carlos Escotet– frente al 43 por ciento para Liberbank, considerando la capitalización media de los dos bancos en estos casi tres meses. Ambas entidades están cerrando ahora la due diligence o auditoría de compra, que estará terminada en dos semanas. (El Economista)
Las grandes eléctricas pactan con Enresa el desmantelamiento nuclear
Las empresas titulares del parque nuclear español, Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Nuclenor (propietaria de la central de Garoña, participada al 50% por las dos primeras), tienen previsto firmar mañana con la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) un documento vinculante sobre el desmantelamiento de dicho parque. Tras el pacto verbal al que llegaron las tres grandes eléctricas el mes pasado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para el cierre escalonado de las siete centrales en funcionamiento, quedaba pendiente negociar con Enresa el calendario y el coste total del plan. Las centrales cerrarán por orden de antigüedad con una vida media de 45,5 años. (Cinco Días)
Vukile inyectará en su socimi Castellana 600 millones para saltar del MAB al continuo
El fondo sudafricano Vukile está preparándose para llevar su socimi española Castellana Properties, especializada en centros comerciales, desde el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) al mercado continuo previsiblemente a lo largo de 2019. Para ello, prevé inyectar alrededor de 600 millones de euros de capital con el objetivo de que la inmobiliaria afronte nuevas adquisiciones. (Cinco Días)
Aena da la luz verde final a la terminal satélite de El Prat
Ya ha sonado el pistoletazo de salida para al inicio de la construcción de la terminal satélite que tiene que mejorar –y aumentar– el tráfico de aeronaves y de pasajeros en el aeropuerto de El Prat. Lo disparó ayer el presidente de Aena, Maurici Lucena, en la sede social de La Caixa en Barcelona, en un acto organizado por el Círculo Financiero de la entidad. El proyecto no es nuevo y se arrastra desde hace años, pero Lucena le puso fecha: el 26 de marzo, día en que el consejo de administración de la entidad gestora de los aeropuertos españoles se reunirá en Barcelona por primera vez y “aprobará la puesta en marcha de este proyecto”. Y se atrevió a poner fechas: “Iniciar físicamente las obras en el 2021 o el 2022, para que funcione en el 2026, o incluso antes”. (La Vanguardia)
Intu planea vender Xanadú y otros tres centros comerciales
El grupo británico estudia vender su negocio en España tras el interés mostrado por varios inversores en Xanadú, Puerto Venecia e Intu Asturias, tres de los mayores centros comerciales españoles. A estos activos, cuya propiedad comparte al 50% con Nuveen y CPPIB, se suma un megaproyecto comercial en Málaga. (Expansión)
Empleados fijos y temporales tendrán distinta indemnización
El Tribunal Supremo resuelve el conflicto de la discriminación del empleado temporal en su despido. En una sentencia, establece que es legal que una empresa plantee un ERE para empleados fijos, que cobrarán 20 días por año trabajado, y despidos de 12 días para los temporales. (Expansión)
El Gobierno pagará más a los funcionarios que hablen lenguas cooficiales
El Gobierno de Pedro Sánchez premiará salarialmente a los funcionarios de la Administración General de Estado (AGE) que hablen el idioma cooficial de la comunidad autónoma en la que desarrollan su actividad y, por lo tanto, penalizará económicamente a los trabajadores públicos que sólo tengan conocimientos de castellano. Tal y como consta en el acuerdo que ayer cerró Función Pública con los representantes sindicales, a partir de 2020 los trabajadores de la AGE que ocupen puestos de atención al público y acrediten la titulación exigida de euskera, catalán o gallego disfrutarán de un incremento en su sueldo. El objetivo, según fuentes del Ministerio de que dirige Meritxel Batet, es «mejorar la atención que la Administración General del Estado presta a la ciudadanía, siempre dentro de la disposición y límites que haya en la asignación de fondos adicionales», y se articulará a través de un aumento en el complemento específico. (El Mundo)
Exteriores puso a funcionarios a trabajar al servicio del PSOE
La polémica por la posible instrumentalización de las instituciones públicas en favor del PSOE suma un nuevo capítulo. El Ministerio de Exteriores pidió a funcionarios del departamento que elaborasen textos políticos para el Grupo Parlamentario Socialista. En un correo electrónico enviado en la primera semana de enero al que ha tenido acceso EL MUNDO, el equipo de Josep Borrell demandó a los directores generales del ministerio que redactasen «proposiciones no de ley» (PNL) para el Congreso y «mociones» para el Senado. Esos «textos» que debían presentar los funcionarios del ministerio se le enviaban después a la asesoría parlamentaria del PSOE. Es decir, a los primeros se les puso al servicio del partido, y con el beneplácito del director de Gabinete del ministro Josep Borrell, Camilo Villarino, que estaba al tanto de estas prácticas y las supervisaría, según reza el propio correo. (El Mundo)
El 97 por ciento de las leyes de Sánchez fueron «decretazos»
Nunca hubo un presidente del Gobierno con tan pocos diputados en el Congreso: 84 en el caso de Pedro Sánchez. Una minoría que ha hecho más fuerte la tentación de recurrir al «decretazo» para poder gobernar. El Ejecutivo socialista no ha tenido ningún reparo: el 97 por ciento de todas las iniciativas impulsadas por el PSOE y que han sido aprobadas en estos nueve meses, desde que Sánchez ganó la moción de censura a Rajoy, han sido reales decretos leyes, frente a un solo proyecto de ley. La tasa del «decretazo» con Sánchez es aplastante. Nunca fue tan alta, y seguirá creciendo, previsiblemente, hasta el 28 de abril, si el Gobierno socialista cumple su promesa de convertir los Consejos de Ministros en «viernes sociales», con más decretazos sobre la mesa, a modo de programa electoral acelerado. (ABC)
«Los decretos plantean dudas de constitucionalidad»
El propósito de Pedro Sánchez de intentar dar luz verde al máximo número de medidas vía «decretazo» hasta el fin de la legislatura, en un escenario en el que ni el Congreso ni el Senado pueden ya frenar sus pasos, y que por tanto, favorece que el Gobierno pueda seguir su hoja de ruta al convalidarlos en la Diputación Permanente, es un movimiento arriesgado. Se abren dudas sobre la legalidad y el respeto al motivo por el que fueron creados. Según recoge el artículo 86 de la Constitución, los decretos ley están refrendados «en caso de extraordinario y urgente necesidad», cuando «el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos Leyes». Hasta este punto no habría dudas legales, al menos no sobre su legalidad formal puesto que la Diputación Permanente tiene el poder de convalidar los decretos ley, pero sí albergan serias incógnitas sobre la definición que el Gobierno hace de «extraordinaria urgencia», según explican expertos constitucionalistas a LA RAZÓN.
Pedro Sánchez aprovechará sus visitas como presidente para dar mítines como candidato
El terreno amanece embarrado por el debate sobre si el Ejecutivo, con la aprobación de reales decretos en materias de carácter general como la vivienda o la equiparación de las bajas de paternidad y maternidad, está bordeando la legalidad y utilizando las instituciones en su beneficio. El Ejecutivo se escuda en que existe «urgencia» y «necesidad» y en que el PP y Ciudadanos han paralizado sus iniciativas en la Mesa del Congreso. Sánchez no parece dar ninguna importancia a la censura a sus decretazos e impulsa ya una precampaña que le llevará sólo esta semana a Granada, Ávila, Vitoria, Ciudad Real, Valladolid, La Coruña y Vigo. (El Mundo)
